El grosero capítulo de ejecuciones y fusilamientos a los que ha procedido Pedro Sánchez acaba de completar su listado con una nueva víctima, como sobradamente sabemos todos: la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban. No incluyo los cadáveres meramente políticos, los conmilitones de aventura como Ábalos o Calvo me son indiferentes. Me refiero a enormes servidores del Estado en cuya trayectoria honesta se ha cruzado la necesidad de semejante sujeto de complacer a los golfos de sus socios.

Carmen Tejera era abogado del Estado en Hacienda, lo fue con cinco ministros. Su informe pericial ante el Tribunal que juzgaba el golpe independentista fue el que, de hecho, impidió la puesta en libertad de Oriol Junqueras y sus compinches. El testimonio junto a sus compañeras sobre la malversación de fondos públicos fue determinante. Lógicamente se pidió su cabeza. Y Sánchez la concedió. El sicario, vía Dolores Delgado, fue Consuelo Castro, la jefa de la Abogacía del Estado.

Edmundo Bal, jefe de la Sección Penal de la misma Abogacía, se resistió a modificar el escrito de acusación para sustituir el delito de rebelión por el de sedición, bastante más leve, tal y como Sánchez acordó conceder a los golpistas. Como consecuencia de ello, la misma Consuelo Castro, sicaria de Delgado, le cesó.

Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil, referente de la lucha contra ETA, era jefe operativo de la Unidad Central de Operaciones. PNV y Bildu le tenían puesta la proa por ejercer la permanente reivindicación de la lucha heroica contra el terrorismo nacionalista vasco. Aprovechando un escrito que les enviaba a sus subordinados en el que les anunciaba el cese de operaciones ligadas a Fondos Reservados por haber sido estos suspendidos, Marlaska, el sicario de ocasión, le cesó utilizando los mismos confusos argumentos que Robles ha utilizado para cesar a Esteban.

Pérez de los Cobos fue el jefe del operativo conjunto en Cataluña durante los aciagos días del referéndum. Coronel de la Guardia Civil número uno de su promoción era jefe de la Comandancia de Madrid. Agentes suyos, en calidad de policía judicial, investigaban la relación que se estableció entre la convocatoria contra toda sensatez elemental de la manifestación feminista del 8-M y el masivo contagio por coronavirus que se produjo a las horas siguientes. Marlaska, el mismo que veta indecentemente ahora su ascenso a general, le exigió información sobre esas investigaciones. Cobos no podía ofrecérsela, en el caso de que la tuviera, ya que ello constituiría un delito. La irritación histérica del ministro más la exigencia de los socios golpistas, hicieron que se ordenara su cese inmediato.

Esta vez la sicaria fue la directora de la GC. El caso está en los tribunales y ojalá salgan empitonados. La historia se ha repetido con la jefa de CNI, que anteayer dijo Sánchez fue cesada por fallos en las comunicaciones del Gobierno. Como siempre que abre la boca, es mentira. Ese trabajo, ya lo dijo Margarita Robles, no corresponde al CNI. Los golpistas habían pedido su cabeza. ¿Cuál será la próxima? Tus muertos, Sánchez, felizmente gozan de honesta salud.