La reforma de la ley del aborto blindará el derecho de la mujer a abortar en los hospitales públicos -para ello estos deberán garantizar profesionales que los practiquen- elimina la obligación del periodo de reflexión de tres días y permite a las chicas de entre 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.

Son algunas de las principales modificaciones a la actual ley del aborto que ha avanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha anunciado que será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo, el centro de salud le dará toda la información necesaria y la derivará al hospital por procedimiento de urgencia.

La mayor parte del discurso inicial de la ministra en la Comisión de Igualdad ha estado precisamente dedicado a deslizar las medidas que incluirá la reforma de la ley del aborto, que han contado con el rechazo frontal del PP y de Vox, mientras que el PNV ha pedido que no se aleje de los consensos conseguidos cuando se aprobó en 2010 la norma y el resto de grupos ha visto con buenos ojos las intenciones de Montero en esta materia.

La reforma elimina el consentimiento paterno que introdujo el Gobierno del PP para las menores de 16 y 17 años porque Montero entiende que éstas “del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”.

Igualdad apuesta también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar “la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales” ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.

“Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra”, ha manifestado la ministra.

El objetivo principal de la reforma, tal y como ha insistido en varias ocasiones Igualdad, es acabar con los “obstáculos” a los que en la práctica se enfrentan muchas mujeres que quieren interrumpir su embarazo, y, por tanto, quiere garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en igualdad de condiciones y sin necesidad de que la mujer se desplace cientos de kilómetros del lugar de residencia.

Y es que el 87,25 % de los abortos en 2020 se realizó en entornos extra hospitalarios, de los que el 78,04 % fueron en centros privados. “Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial”, ha insistido la ministra

Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado abortos en centros públicos durante 2020 y en doce provincias no se ha notificado ni uno en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados, de acuerdo con los datos el Ministerio de Sanidad citados por la ministra.

Montero ha recordado, además, que hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia “y comunidades que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública”, por eso su propósito de “blindar” el derecho al aborto en los centros públicos.

Si bien ha reconocido que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que el Ejecutivo respetará “escrupulosamente”, ha insistido en que “no puede suponer una barrera” en los derechos de las mujeres, y por eso ha avanzado que se tomará como referencia la ley de la eutanasia, que creó un registro de profesionales objetores.

De esta forma, todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia “deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo”.

Y la reforma contempla que solo se entregará a las mujeres “el sobre” que se les da en la actualidad donde se les pide que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres si éstas lo solicitan, además se habilitará una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde le informará a las mujeres del procedimiento.

Ha manifestado de nuevo la necesidad de rebajar el IVA del 10% que soportan los productos de salud menstrual, higiene femenina y los pañales para los niños y otros productos esenciales, para que “sean accesibles siempre y para todas las mujeres”.

La titular de Igualdad, que ha reivindicado una política feminista, ha cargado contra el “bloque reaccionario” y ha asegurado que la calidad democrática de un país se mide también en función de su capacidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.