En la imagen (Mohamed Abed/AFP, vía Getty Images), terroristas del FPLP apuntan con sus armas a una efigie del presidente de EEUU Donald Trump el 23 de mayo de 2017 en la ciudad de Gaza).

Por Khaled Abu Toameh.- La reciente decisión israelí de clasificar como organizaciones terroristas a seis ONG palestinas desencadenó una ola de protestas y condenas en todo el mundo, entre las que se contaban las de numerosos grupos y activistas pro derechos humanos. Se está acusando a Israel de perseguir a organizaciones de la sociedad civil palestina no por su vinculación con el terrorismo sino por sus actividades políticas, que a menudo no son tan distintas.

Las seis ONG consideradas terroristas por Israel están ligadas al marxista-leninista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), perteneciente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y clasificado como Organización Terrorista Extranjera tanto por EEUU como por la UE.

El FPLP es uno de los once grupos que conforman la OLP, comandada por el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás. Cada uno de ellos recibe mensualmente sumas de hasta 70.000 dólares del Fondo Nacional Palestino (FNP), una suerte de Ministerio de Hacienda no oficial de la OLP encargado de gestionar ayuda financiera de orígenes diversos, como los Estados árabes, palestinos adinerados y el impuesto para la liberación que se cobra a los palestinos que trabajan en los países árabes.

Mientras que a Israel se le ataca por esa medida que ha adoptado contra seis ONG, apenas se informa de que la AP (que se ha subido al carro de las críticas contra Israel) también carga contra ONG palestinas, y desde hace bastante.

De hecho, lo que hace la AP resulta ser mucho más grave.

Mientras que Israel ha tomado una decisión por motivos de seguridad que afecta sólo a seis organizaciones, la AP viene poniendo en la mira a cientos de ONG palestinas, organizaciones benéficas incluidas, a fin de controlarlas y hacerse con sus fondos. A diferencia de Israel, la AP no persigue a las ONG por su vinculación con el terrorismo; muchas de ellas son críticas con la cúpula de la AP: por eso es por lo que Abás quiere silenciarlas.

Las medidas de la AP contra las ONG vienen siendo casi completamente ignoradas por los mismos que ahora condenan a Israel por clasificar como terroristas a seis organizaciones afiliadas al FPLP.

A principios de este año Abás emitió un decreto presidencial que limita la labor de las organizaciones de la sociedad civil palestina, a las que se imponen severas restricciones financieras y de actividad; además, se autoriza a funcionarios de la AP a transferir fondos de las ONG al Tesoro de la propia AP, con muy poca transparencia.

En 2019 la AP congeló las cuentas bancarias de decenas de ONG palestinas radicadas en Gaza, decisión que fue condenada por la Red Palestina de ONG (RPONG). A juicio de esta, el congelamiento de cuentas “amenaza los servicios que procuran [las ONG] y socava su papel en el fortalecimiento de la firmeza de los palestinos”. Es importante advertir que no todas las ONG palestinas están relacionadas con los grupos terroristas, de ahí que Israel no tome medidas contra el conjunto.

Esencialmente, el decreto presidencial de Abás subordina las ONG palestinas al Gobierno de la AP, al que concede autoridad para intervenir en sus actividades y finanzas.

Las organizaciones de la sociedad civil palestina condenaron la orden de Abás, un “ataque feroz contra las ONG” que se enmarca en un conjunto de leyes emitidas por decreto “concebidas a puerta cerrada y con total secretismo”.

Tanto las ONG como varias facciones palestinas han asegurado que con la orden presidencial la AP pretende estrechar el cerco sobre las organizaciones benéficas y de la sociedad civil, y que aquélla constituye una clara violación de los derechos humanos y las libertades públicas. Asimismo, acusan a la AP de socavar “el papel fiscalizador de las ONG sobre las actividades de la autoridad ejecutiva y su misión de pedir cuentas a ésta por sus abusos”.

Al Haq, una de las seis organizaciones declaradas terroristas por Israel, arremetió contra el decreto proclamando: “Acaba con lo que queda del sistema político palestino y revela violaciones a gran escala de la Ley Básica palestina y de los convenios internacionales”. Asimismo, afirmó que infringe “los principios de transparencia y de apertura a la sociedad civil” e incidió en que no era la primera vez que la cúpula de la AP ponía en la mira a las ONG locales.

Cuando Al Haq formuló estas críticas, los medios occidentales de referencia y las organizaciones de derechos humanos decidieron mirar recatadamente hacia otro lado. Pero cuando la propia Al Haq y compañía denunciaron a Israel por clasificarlas como organizaciones terroristas, de repente fueron legión los periodistas y las organizaciones pro derechos humanos de todo el mundo que espabilaron y arremetieron contra el Estado judío.

Cuando una pluralidad de facciones palestinas demandó a Abás que retirara su decreto, en la comunidad internacional fueron muchos los que cerraron los ojos y los oídos. No se pidieron “aclaraciones” a la cúpula de la AP sobre ese “asalto” a las ONG palestinas. Las facciones dijeron que la orden de Abás “entraba en colisión con las libertades públicas y socavaba la independencia de las instituciones de la sociedad civil” y advirtieron de que, de ser implementada, miles de trabajadores en los sectores sanitario, educativo, agrícola y humanitario, entre otros, perderían sus empleos.

La Comisión Internacional en Defensa de los Derechos de los Palestinos pidió a Abás que cancelara su decreto porque restringía “las libertades públicas, especialmente la de fundar y poner en marcha asociaciones”, y obstruía “su rol vital en la protección de los derechos humanos”.

El jurista palestino Mayid al Aruri denunció el decreto como un “castigo colectivo” contra los críticos de la cúpula de la AP, y afirmó que más de 20.000 palestinos perderían su trabajo por las restricciones impuestas a las ONG. Otro experto, Isam Abdín, dijo que el texto “destruía instituciones que han pasado años construyendo sus estructuras nacionales».

Hay otro giro irónico en la historia de las seis ONG que Israel considera afiliadas al FPLP. Recientemente, mandos del FPLP acusaron a Abás de interrumpir los pagos a su organización para chantajearla y forzarla a cambiar de posiciones políticas.

Los palestinos creen que la referida suspensión se adoptó por las críticas del FPLP al liderazgo de la AP. El FPLP no reconoce a Israel y promueve una solución de un solo Estado para el conflicto israelo-palestino: un Estado de Palestina que se extienda “desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]”; es decir, como ellos mismos dicen, por todo Israel.

Así que, mientras Israel es condenado por señalar a entidades ligadas al FPLP, no se dice una sola palabra de la decisión de Abás de interrumpir los pagos al grupo terrorista. En la comunidad internacional abundan los que no ven problemas en que Abás adopte medidas punitivas contra el FPLP, pero si lo hace Israel estallan.

El pasado 25 de octubre, Abás se reunió con representantes de las seis ONG señaladas por Israel y les dijo que las respaldaba en el “desempeño de su deber de exponer los crímenes israelíes”. Durante la reunión, Abás afirmó que Israel no tenía derecho a interferir en el trabajo de las ONG, que operan de acuerdo a la legislación palestina. Hablamos del mismo Abás al que las ONG acusan de obstaculizar su labor.

Estamos ante la clásica cortina de humo de Abás y las ONG palestinas, cuyos representantes parecen haberse olvidado de informar al mundo de las brutales medidas de la AP contra las organizaciones de la sociedad civil palestina.

Uno se pregunta si quienes están denunciando a Israel tendrán la decencia de denunciar a Abás por imponer a las ONG severas y destructivas restricciones, en un intento de silenciarlas y arrebatarles su dinero.

Quienes ignoran la represión de Abás contra las ONG están privando a los palestinos de la democracia y de la libertad de expresión. No resulta sorprendente que el 71% de los palestinos de la Margen Occidental crean que no pueden criticar a la AP sin temor a las consecuencias. Ni que la mitad de los palestinos que viven bajo la férula de la AP describa como muy mala la situación de la democracia y los derechos humanos en los territorios por ella gobernados. La obsesión de la comunidad internacional con Israel –demostrada en su reacción a la referida designación de seis ONG como terroristas– demuestra que está más interesada en condenar y deslegitimar al Estado judío que en el estado de la democracia y los derechos humanos bajo el régimen de Ramala.