Estas semanas han dado comienzo las Pruebas de Acceso a la Universidad, la anteriormente conocida como selectividad, en varias Comunidades Autónomas de España. Por segundo año consecutivo, el trámite académico previo al acceso a la carrera ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, aunque esta no ha sido la única protagonista.

Al igual que en otros años, el tema lingüístico ha vuelto a dar que hablar -y nunca mejor dicho- en algunas regiones nacionales que cuentan con más de un idioma oficial en sus territorios.

Aunque este año parece que la polémica se reserva para la parte oriental del país, con el ojo puesto en las comunidades de Cataluña y de las Islas Baleares, aunque con medidas diferentes en cada territorio.

La situación en Cataluña

Por un lado, la problemática en Cataluña reside en que el examen se reparte, por decreto, en catalán. Así, el alumno que quiera hacer la prueba en castellano o incluso en aranés, debe solicitarlo durante la presentación de la materia correspondiente.

Unas directrices que han terminado en los juzgados, ya que según la legislación vigente, las instituciones tienen la obligación de ofrecer el examen en las tres lenguas cooficiales de la comunidad, dando la posibilidad individual a cada alumno de seleccionar la prueba en el idioma que prefiera.

Así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que consideró que la elección de la lengua de las pruebas no debe venir determinada desde la administración.

Por ello, ha suspendido temporalmente el artículo del Consejo Interuniversitario por el que los tests se repartían en catalán y solo en caso de que el alumno lo solicitara, en otro idioma.

De esta manera, el TSJC atendió a la queja presentada el pasado viernes por la Asociación por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) en la que se denunciaba dicha situación.

Cuestionada por esta problemática, la presidenta de la AEB, Ana Losada, comentó que “el examen que se les ofrece es exclusivamente en catalán, en ningún momento se informa de que ese examen también se puede hacer en versión castellano”, una situación que, añade, “se lleva produciendo durante los últimos 20 años”.

Poco tardaron en llegar las respuestas ante las quejas y las polémicas, principalmente desde la Generalitat de Cataluña.

Así, la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, ha señalado al TSJC por entrometerse, según sus palabras, en los exámenes de las pruebas para la universidad, defendiendo que se respeta el derecho del alumnado a la elección de idioma y matizando que, ante la duda, se reforzará la comunicación para que los estudiantes conozcan esta posibilidad.

Paralelamente, la conselleira también comentó que las instrucciones según las que se realizan las pruebas son públicas desde el pasado 13 de abril, por lo que según defiende, se podría haber debatido sobre ellas con tiempo de margen suficiente y sin tener que llegar a la vía judicial.

Sin embargo, y según lo declarado por Losada a esta casa, ese refuerzo en la comunicación se traduce en que “han puesto carteles avisando pero mantienen como lengua preponderante el catalán, cuando el Tribunal dijo que eso no podía ser así”, mientras que explica que “se escudan en que nunca han negado un examen en castellano, pero nunca han informado a esos alumnos de que tienen ese derecho”.

Aunque sin duda, uno de los detalles más polémicos para Losada es el hecho de que “los responsables de cada aula tienen la obligación de apuntar el número de examenes en castellano como una incidencia”, algo que considera impactante a pesar de que “no apuntan los nombres de los alumnos”.

El caso balear

Por el otro, está el caso de las Islas Baleares, donde el procedimiento es similar. Al igual que en el caso de la región de Cataluña, en las islas mediterráneas los exámenes también se entregan por sistema en catalán.

Una situación sobre la que se han quejado desde la asociación Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS). Así, su presidente, Pep Ignasi Aguiló, comentó a COPE que “se reclamó en el Parlamento Balear en su momento para que se pudiesen hacer los exámenes en las dos lenguas oficiales”.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que según afirma “se elaboran dos textos pero solo se reparte en catalán, salvo a aquellos alumnos exentos del idioma por llevar poco tiempo en las islas”.

En Baleares el ‘señalamiento’, por decirlo de alguna manera, es doble. Primero, porque al recibir la prueba en catalán, el alumno hispanohablante tiene que ser el que levante la mano y, en voz alta, la solicite en castellano.

Después, porque el estudiante que decida realizar la prueba en el idioma nacional, recibe los exámenes impresos en folios de diferente color, con un tono más amarillento que en el caso de los tests en catalán, realizados en la tradicional hoja blanca.

Y esta es otra de las reclamaciones para asociaciones como PLIS, como bien defiende su presidente: “En su momento registramos la petición de que las condiciones para la elección fueran lo más neutras posibles, en el sentido de que no hubiese que significarse, levantar la mano, que no hubiese colores diferentes…”.

Del mismo modo, Aguiló criticó que “los profesores que colaboran en la vigilancia han recibido las instrucciones de que solo se entreguen (los exámenes en castellano) a aquellos alumnos que pueden demostrar exención”, lo cuál complica aún más la situación, pero añade que “por suerte, sabemos que no ocurre así, que en muchas ocasiones los profesores ante alguna dificultad lo reparten en castellano, pero las instrucciones, que de alguna manera es la obligación de la Consellería, no están en esa línea, no protegen esa libertad”, sentencia.