La mujer acusada de matar de 53 puñaladas a su bebé recién nacido y arrojar su cadáver dentro de una mochila a un contenedor en Gijón en 2019 será juzgada a partir de mañana, lunes, por un tribunal del jurado por un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y parentesco, por el que la Fiscalía solicita la pena de prisión permanente revisable.

El juicio contra Silvia A.M., que tenía 27 años en el momento de los hechos, se celebrará a lo largo de cinco sesiones en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

El padre biológico del bebé, Daniel B.S., de su misma edad, se ha personado en la causa como acusación particular, ya que desconocía que su entonces novia estaba embarazada.

Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2019, cuando la acusada, que estaba sola en su domicilio, dio a luz al bebé.

Según el relato de la Fiscalía, ese mismo día la mujer concibió acabar con su vida y antes de las siete de la tarde, hora a la que su compañero sentimental regresaba del trabajo, cogió un cuchillo de cocina y asestó al bebé 53 puñaladas en distintas partes del cuerpo que le provocaron la muerte.

Después de matarlo, la acusada, según el Ministerio Fiscal, metió al bebé, unido por su cordón umbilical a la placenta, en una mochila que tiró a un contenedor de basura situado enfrente de su domicilio.

El bebé fue encontrado por un ciudadano sobre las 2:30 horas del 2 de agosto, dentro de un contenedor del barrio de Nuevo Roces.

La Fiscalía sostiene que la acusada había ocultado el embarazo a su entonces pareja sentimental, con la que convivía, y a todas sus amistades y familiares, por lo que nadie conocía su estado.

La acusada explicó a su novio que los restos de sangre que había por distintas estancias de la casa se debían a que había sufrido un sangrado masivo por un quiste en un ovario y esta versión la mantuvo inicialmente por teléfono y más tarde cuando éste regresó al domicilio una vez concluida su jornada laboral.

La exploración ginecológica, a la que se sometió la acusada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), descartó por completo su versión y fue detenida el 23 de septiembre de 2019.

La Fiscalía sostiene que la acusada no padece alteración alguna de sus facultades, por lo que en su escrito de calificación provisional mantiene que cometió un delito de asesinato con alevosía al ser la víctima especialmente vulnerable por razón de su edad y aplica la agravante de parentesco.

El Ministerio Fiscal solicita que se condene a la acusada a la pena de prisión permanente revisable y al pago de una indemnización de 50.000 euros al padre del bebé.