Éric Zemmour (en la imagen), uno de los pocos periodistas franceses que aún habla libremente sobre el avance del islam radical, es llevado a los tribunales al menos una vez al año. Y cada una de ellas le imponen una multa de 10.000 euros (11.800 dólares).

Por Guy Millière.- 1 de noviembre de 2020. Didier Lemaire, profesor en un instituto de Trappes, una pequeña localidad al oeste de París, publica una carta abierta en el magacín izquierdista Le Nouvel Observateur. Habla del asesinato de Samuel Paty, otro profesor, salvajemente decapitado dos semanas antes por un extremista musulmán. Denuncia la sumisión de las autoridades francesas ante la intimidación religiosa y la imposibilidad de que el sistema educativo pueda transmitir un conocimiento genuino de la historia o procurar a los estudiantes los medios intelectuales para pensar con libertad. Dice que en solo unos años la situación en Trappes se ha deteriorado notablemente. Escribe:

“El año en que llegué al instituto donde doy clases, la sinagoga de la ciudad acababa de ser incendiada y se había forzado a huir a familias judías. Tras los ataques registrados en Francia en 2015 y 2016, me impliqué en actividades preventivas (…) En 2018, al ver que mis esfuerzos topaban con fuerzas mucho más poderosas que yo, escribí al presidente de la República para pedirle que actuara urgentemente y protegiera a nuestros estudiantes frente a las presiones ideológicas y sociales que soportan, y que gradualmente les apartan de la comunidad nacional. Lamentablemente, nada se hizo (…)

Actualmente hay 400 personas radicalizadas, fichadas con una S [peligrosas para la seguridad del Estado], que se mueven libremente por Trappes (…) Miles de ideólogos están manos a la obra (…) alimentando un sentimiento de victimismo [para] excitar el odio. Esos ideólogos de ninguna de las maneras son “separatistas”: no pretenden simplemente apartar a la gente de la comunidad nacional, sino que buscan destruir la República, la democracia y el sistema educativo (…) Su estrategia consiste en evitar la guerra abierta y multiplicar los actos de terror para dejar exhausto al enemigo (…) Neutralizan las llamadas de atención sirviéndose de la mala conciencia de los progresistas y hablando de “racismo”, “injusticia” o “violencia política” (…) Quieren reducir a las mujeres a la esclavitud. Se infiltran en las escuelas, las universidades, la política nacional y local y esparcen por doquier (…) el mandato de “aceptar que el otro es diferente”. Paralizan la voluntad de responder a los asesinatos con algo que no sean flores, velas y palabras.

Estamos al inicio de una guerra de terror que se intensificará porque una gran parte de nuestros conciudadanos prefieren no ver que es nuestro patrimonio lo que está siendo amenazado. Si estuvieran dispuestos a ver lo que está pasando, lucharían con coraje. Samuel Paty tuvo ese coraje. Sin duda, él valoraba nuestro legado. Pero no fue protegido por las instituciones, que subestimaron la amenaza, igual que hacen nuestros representantes políticos y la mayoría de nuestros conciudadanos”.

Si bien no hubo reacciones a la misiva por parte de las autoridades, luego de su publicación Lemaire recibió amenazas de muerte. Asimismo, fue agresivamente interpelado en la calle por gente que le decía que iba a correr la misma suerte que Paty. Aunque el Ministerio del Interior le puso protección policial, fue duramente criticado por la división administrativa, que le acusó de generar agitación. “Es un irresponsable”, afirmaron. “Está echando gasolina al fuego”. Los demás profesores de su instituto le acusaron de querer llamar la atención y de ponerles en peligro con ello. El alcalde de Trappes, Alí Rabeh, miembro del partido de extrema izquierda Génération.s, le acusó de mancillar la localidad y le puso una denuncia por difamación. Lemaire acabó dimitiendo.

Son muchos los profesores franceses que padecen la misma situación. Aunque algunos se atreven a hablar, cuando lo hacen con periodistas piden hacerlo desde el anonimato. Sin duda, están asustados, que es lo que presumiblemente pretendían las decapitaciones. También hay docentes que, puede que por miedo, optan por agachar la cabeza, renuncian a enseñar ciertas cosas y, cuando los estudiantes profieren insultos antisemitas y antioccidentales, hacen como si nada. Ya es prácticamente imposible hablar de Israel o del Holocausto en la mayoría de los institutos del país.

La mayoría de los periodistas prefieren evitar todo debate sobre el avance del islam radical en Francia. Saben que quienes no lo hacen son inmediatamente tachados de “racistas” e “islamófobos” y con frecuencia amenazados, perseguidos, condenados a pagar elevadas multas o despedidos.

También los líderes políticos, a derecha e izquierda, prefieren rehuir el asunto, quizá por ceguera voluntaria o por temor a perder votos.

Éric Zemmour, uno de los muy escasos periodistas que aún siguen hablando con libertad sobre el problema, es llevado a los tribunales al menos una vez al año. Y en cada ocasión se le imponen sanciones de 10.000 euros (11,800 dólares). Pese a las múltiples llamadas en las que se pide que lo despidan, el canal de televisión CNews encomiablemente sigue dándole una plataforma diaria. Hace unas semanas, el Consejo Superior Audiovisual (CSA), encargado de la regulación y supervisión de los medios audiovisuales franceses, multó a CNews con 200.000 euros (238.000 dólares). Cuando un individuo inicialmente identificado como Alí H., de 18 años, con estatus de refugiado menor de edad no acompañado, aunque posteriormente se supo que tenía 25 y se llamaba Zahir Hasán Mehmud, atacó a dos personas con un cuchillo de carnicero frente a la antigua sede del semanario Charlie Hebdo, Zemmour dijo:

“Todos los años, Francia acoge en su territorio sin el menor control a miles de individuos procedentes del mundo musulmán que supuestamente son refugiados menores de edad no acompañados pero que ni son menores ni están solos y a menudo cometen robos y asesinatos”.

Aunque lo referido por Zemmour era correcto y verificable, el CSA indicó que manifestar ciertos hechos constituye “incitación al odio racial”.

Sólo un partido político se atreve a hablar claramente del peligro que entrañan la islamización de Francia y el islam radical: Agrupación Nacional. Su presidenta, Marine Le Pen, también es frecuentemente amonestada y condenada en los tribunales. En 2015 un periodista comparó a Agrupación Nacional con el Estado Islámico. Le Pen respondió subiendo a Twitter dos imágenes de crímenes cometidos por el Estado Islámico y añadiendo: “Esto es el Estado Islámico”. El pasado 10 de febrero, Le Pen compareció ante un tribunal para responder por la denuncia que le interpuso el Ministerio de Justicia por “diseminar mensajes violentos que socavan gravemente la dignidad humana y susceptibles de ser vistos por un menor”. El juez preguntó a Le Pen en tono acusatorio: “¿Considera que esas fotos atentan contra la dignidad humana?”. A lo que Le Pen respondió: “Es el crimen lo que atenta contra la dignidad humana, no su reproducción fotográfica”.

Francia es el principal país musulmán de Europa (oficialmente, el 8,8% de su población es musulmana). El islam es la segunda religión del Hexágono, pero la primera si se tiene en cuenta el número de practicantes. Las iglesias están casi siempre vacías y el número de fieles disminuye (desde el año 2000, son 45 las iglesias que han sido demolidas). En cambio, las mezquitas están llenas y cada vez son más numerosas. El número de musulmanes que quieren practicar el islam es tan elevado que en algunas ciudades, cada viernes en la tarde, los musulmanes salen a rezar a la calle y cortan el tráfico, sin que la Policía se atreva a intervenir.

Más de 150 mezquitas acogen a imanes que pronuncian sermones extremadamente radicales y llaman a emprender acciones contra Occidente. El número de musulmanes menores de 25 años que anteponen la ley islámica a la francesa sigue creciendo y ya alcanza el 74%. En la última década, la mayoría de los islamistas que han perpetrado ataques mortales en Francia han sido musulmanes nacidos en Francia. Es el caso de Mohamed Merah, que asesinó a soldados y a niños judíos en Toulouse en 2012; de Said y Cherif Kouachi, que asesinaron a 12 personas en Charlie Hebdo en 2015; de Amedy Coulibaly, que asesinó a varias personas en un supermercado de Saint Mande pocos días después, y de Samy Amimour, uno de los tres terroristas que asesinaron a 90 personas en la sala Bataclan en noviembre de ese mismo año. Todo lo cual hace que el islam radical y el terrorismo islámico sean un problema francés.

Un amplia mayoría de la población francesa, el 61%, es consciente de que se trata de un problema grave y creciente, y considera el islam incompatible con los valores nacionales.

Pese a las sanciones, el programa diario de televisión de Zemmour viene rompiendo los índices de audiencia desde hace más de un año. La revista Valeurs Actuelles publicó un sondeo en el que el 17% de los encuestados dijeron que votarían por él si se presentara a las próximas elecciones presidenciales.

Las encuestas indican que Le Pen, ya oficialmente candidata, recibiría más del 26% de los sufragios y sería el aspirante más votado en la primera ronda de las presidenciales de 2022, por delante del actual presidente, Emmanuel Macron, que no obstante se alzaría con el triunfo en la segunda ronda, pero por un estrecho margen. Así las cosas, crece la preocupación en el entorno del mandatario. En 2017 Macron se sirvió del miedo al “fascismo” para que sus compatriotas no votaran por Le Pen, pero son varios los sondeos que muestran que dicha estrategia ya no le funcionará.

Antes de que empezara la pandemia, ya eran muchos los que rechazaban a Macron, que hizo declaraciones despectivas respecto de los menos favorecidos y reprimió violentamente el levantamiento de los chalecos amarillos. Una larga huelga en el transporte público bloqueó el país justo antes de que el Gobierno impusiera un estricto confinamiento que paralizó la economía durante semanas. Durante meses, se impuso a la población un toque de queda desde las 7 de la tarde a las 6 de la mañana. Más de un año después del inicio de la pandemia, se ha vuelto a decretar otro estricto confinamiento. Desde el 17 de marzo de 2020 está prohibida toda reunión de más de seis personas. Cafés, restaurantes y la mayoría de las tiendas siguen completamente cerrados. Las consecuencias económicas están siendo catastróficas: en 2020 la economía francesa se contrajo más de un 8%, uno de los peores retrocesos de Europa.

La frustración con Macron sigue siendo muy elevada: el 60% de los franceses dice que está insatisfecho o muy insatisfecho con la manera en que se está manejando el país.

Macron se pasó meses buscando una salida. Podía ver el éxito que cosechaba Le Pen por su postura firme ante el peligro islámico. Y decidió actuar. Tras haber hablado varias veces de la creación de un “islam de Francia”, el año pasado proclamó que pondría en la mira lo que denominó “separatismo islamista”. Con ello parece querer decir que cada vez más musulmanes franceses sólo respetan las leyes islámicas y viven en barrios donde los no musulmanes han sido dejados a su suerte y rigen las normas islámicas. El 2 de octubre de 2020 afirmó que en breve se aprobaría una ley para solucionar el problema.

Macron y el Gobierno galo fueron rápidamente confrontados por varios líderes del mundo musulmán, que boicotearon los productos franceses. En Turquía se celebraron manifestaciones antifrancesas, en las que se quemaron retratos de Macron. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, fue enviado a Egipto a reunirse con el gran imán de la Universidad Al Azhar, Ahmed al Tayeb, y en noviembre manifestó públicamente que “Francia tiene un profundo respeto por el islam”.

A los encargados de elaborar la nueva ley se les pidió que fueran extremadamente cuidadosos. En diciembre de 2020 se llevó al Parlamento un primer borrador. Organizaciones musulmanas y movimientos antirracistas lo tacharon de “islamófobo”. Desde entonces, la ley se ha reescrito y vaciado de sustancia.

La expresión separatismo islámico, que parecía de alguna manera ambigua, desapareció del texto, así como toda mención al islam y al islamismo. Como sostiene el sociólogo Bernard Rougier en su libro Les territoires conquis de l’islamisme (“Los territorios conquistados por el islamismo”) –y aquellos con los que se entrevistó y estaban dispuestos a hablar abiertamente de sus objetivos–, no parecen querer separarse, sino conquistar más territorio y regular más a la población no musulmana.

La palabra laicismo (laïcité), que figuraba originalmente en el proyecto de ley, también fue eliminada del mismo. En su lugar, se habla de una ley que “reafirma los principios de la República”. En otras palabras: la nueva ley afirma principios ya afirmados en las leyes vigentes: los servicios públicos deben ser religiosamente neutrales, y la poligamia y los matrimonios forzosos están prohibidos. La nueva ley promete sanciones contra el discurso de odio en las redes sociales, cosa que ya prometía otra norma aprobada hace seis meses. La nueva también prohíbe el homeschooling, que practican pocos musulmanes pero muchos cristianos.

Tan pronto como fue aprobada, Zemmour declaró que Macron había renunciado a combatir el islam radical, y que estaba “diseñada para no molestar ni amenazar a nadie, para no identificar al adversario y para no decir que el islam representa un problema porque es tanto una religión como un proyecto legal y político”. La ley, añadió en Le Figaro, no “afronta la realidad”.

Por su parte, Le Pen manifestó:

“Es una ley completamente ineficaz que socava la libertad de los padres para elegir la formación de sus hijos y que demuestra que el Gobierno es incapaz de atacar a quienes combaten a la República Francesa”.

En la presentación de la ley, Frédérique Vidal, secretaria de Educación Superior, reclamó una investigación sobre el “islamo-izquierdismo” en las universidades del país. Sus declaraciones provocaron fieras críticas y llevaron a una petición, firmada por seiscientos profesores universitarios, en la que se le acusaba de utilizar “vocabulario de extrema derecha” y de “difamar a una profesión entera”. Macron apoyó la petición y afirmó su “absoluto compromiso con la independencia de profesores e investigadores”. Vidal protestó diciendo que sólo quería hacer “una revisión de toda la investigación que se está desarrollando en el país”. El debate sobre el apoyo que múltiples organizaciones izquierdistas brindan al islam radical –y el creciente influjo de ese apoyo en las universidades francesas–terminó antes de empezar.

Tras la decapitación de Paty sólo se clausuró una mezquita, la Gran Mezquita de Pantin, en los suburbios del norte de París. Y sólo por espacio de tres meses. También se disolvió una organización islámica radical: Baraka City. Sin embargo, muchas otras permanecen incólumes. La principal organización islámica del país sigue siendo Musulmanes de Francia (la antigua Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, UOIF), que es la rama gala de la Hermandad Musulmana. Los Musulmanes de Francia manejan la única institución que forma imanes en el Hexágono: el Instituro Europeo de Ciencias Humanas, sito en Saint Leger-de-Fougeret, un pueblito de la Borgoña.

En Estrasburgo, una organización turca, Millî Görüş (“Panorama Nacional”), próxima al presidente Recep Tayyip Erdogan y a su partido AKP, está construyendo la que será la mayor mezquita de Europa. El Ayuntamiento de la ciudad ha destinado 2,5 millones de euros (2,94 millones de dólares) a la obra (el coste total será de 32 millones de euros, 37,6 millones de dólares). En enero, el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), institución crada en 1989 para representar a los musulmanes franceses, pidió a las nueve organizaciones que la componen que suscribieran unos “estatutos del islam de Francia” que decían que “no puede invocarse ninguna convicción religiosa para eludir las obligaciones cívicas”. Cuatro de ellas, incluida Millî Görüş, se negaron. La UOIF abandonó hace varios años el CFCM y, por tanto, tampoco los suscribió.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que la construcción de una mezquita en Estrasburgo constituía una “interferencia extranjera” en Francia y, aunque se opuso a la decisión del Ayuntamiento de financiarla, carecía de medios legales para ello. No criticó a Millî Görüş. Ahora bien, el 26 de enero anunció con mayor firmeza la proscripción de una asociación –Génération Identitaire (“Generación Identitaria”)– que combate por vías pacífas el avance del islam radical en Francia. Darmann adujo que “socavaba la República”.

Hace un año, Bruno Retailleau, miembro del Senado, advirtió de que el gran aumento de islamistas en el seno de una población musulmana en rápido crecimiento significa que Francia está “perdiendo la batalla contra el islamismo”. “Pronto será demasiado tarde”, alertó.

El columnista Ivan Rioufol escribió:

“El error de Generación Identitaria fue denunciar, mediante acciones no violentas, el auge del islamismo en Francia y la inmigración incontrolada (…) La criminalización del pensamiento disidente es algo que no debería tener cabida en una democracia avanzada. Son raras las protestas contra el muro de silencio que prohíbe debatir con calma sobre el islam y la inmigración. Al proscribir Generación Identitaria, Darmanin quiere silenciar las voces disidentes acusándolas de racismo. Es algo tan intelectualmente deshonesto que el ministro del Interior dice que el islam político es un peligro auténtico”.

El 22 de marzo el diario Le Monde publicó un editorial en el que decía que la cuestión del islam probablemente protagonice las presidenciales de 2022, y que Le Pen tiene una buena oportunidad para vencer:

A falta de catorce meses para las presidenciales de 2022, (…) se supone que (…) Marine Le Pen estará seguro en la segunda vuelta, y que quien quiera que se le enfrente no tiene garantizada la victoria.

*Profesor en la Universidad de París, es autor de 27 libros sobre Francia y Europa.