Imagen de archivo de una reunión del CGPJ.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales que representan a 2.500 jueces (la mitad de la carrera) han dirigido un escrito al presidente y vicepresidenta de la Comisión Europea en el que denuncian el riesgo de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno. «Aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España», señala la misiva que reproduce ABC..

«A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales—, se camina en la dirección opuesta», dice el escrito.

«Por ello, nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite». Así, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente apuntan que la reforma que limita los nombramientos del CGPJ cuando esté en funciones (y que ya está en vigor), prevé un ‘apagón’ del órgano de gobierno de los jueces «al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales)». La segunda reforma, apostillan en referencia a la que Podemos y PSOE han aparcado (que no retirado) en el Congreso, implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras para la designación de los vocales judiciales, «de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ». A su juicio, el hecho de que los doce vocales de procedencia judicial no sean nombrados por sus propios compañeros y que, por contra, esa elección la hagan los políticos, es contrario a las recomendaciones europeas y los estándares mínimos de imparcialidad.

El reparto del pastel

«Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional (sobre un sistema de elección exclusivamente parlamentario) se han convertido en lamentables realidades». Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial».

Los jueces relatan cómo desde 1985 hasta la actualidad los principales partidos políticos «se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Antes esto se hacía «discretamente», dicen, pero ahora se realiza «con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».

Tras explicar al presidente y vicepresidenta de la Comisión Europea la situación en la que se encuentra el CGPJ (con el mandato vencido desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo entre los partidos), los jueces denuncian que los partidos que han promovido estas reformas y que están en el Gobierno (PSOE y Podemos) «no han solicitado el parecer de la Comisión de Venecia», como tenían que haber hecho cuando esta Comisión Europea valoró la reforma de las mayorías. Tampoco han dado audiencia a las asociaciones judiciales, «a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite».

Sin audiencia a las asociaciones judiciales

«Resulta especialmente preocupante que en este tipo de reformas no se dé específica audiencia a las asociaciones judiciales, lo que es contrario a las recomendaciones europeas en materia de refuerzo y garantía de la independencia judicial», dicen. En este sentido recuerdan que en el reciente informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) se subraya que «no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz en las decisiones básicas sobre la forma de la justicia moderna y las prioridades involucradas. Ese proceso de consulta debe estar dotado de garantías adecuadas de inclusión, transparencia y rendición de cuentas».

Alusión a Podemos

Las asociaciones muestran su preocupación por que el siguiente paso implicará que ya ha sido anunciado, consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, «algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución». «Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento», lo que «es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción», subrayan.

«La separación de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es como los Estados democráticos garantizan el respeto delos derechos fundamentales y a los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, lalibertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la solidaridad». Y recuerda que entre los indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho está «poner en peligro la independencia de los jueces».

De la advertencia a la pérdida de voto

Además de pedir a la Comisión Europea que tome conocimiento de lo expuesto, le solicita que inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías de a UE y que inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de a UE y del Estado de Derecho. Ese artículo recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.