El economista y Director del Instituto de Seguridad Social italiana (INPS), Pasquale Tridico, propuso esta semana ampliar la política introducida por el partido izquierdista M5E durante el gobierno del ex primer ministro Giuseppe Conte, que le provee de un ingreso básico en forma de subsidio a los ciudadanos italianos de clase más baja.

Este plan social es muy polémico ya que incluye a inmigrantes que lleven viviendo más de 10 años en Italia, algo que en los últimos años empezó a cubrir a refugiados árabes y africanos que llegaron al país durante la Primavera Árabe, que ocurrió entre 2010 y 2011 en Medio Oriente y el norte de África.

No contento con eso, el jefe de la seguridad social italiana ahora propone que este subsidio se amplíe a todos los ciudadanos de la Unión Europea que se encuentren en el país, lo cual genera un problema porque le quita poder de decisión a Italia sobre a qué inmigrantes darle este beneficio.

Por ejemplo, países como España dan muy fácilmente la ciudadanía europea a los refugiados desplazados por la guerra civil en Siria, Libia o Yemen. Estas personas, si viajan luego del territorio español al italiano, podrían clasificar para cobrar este monto sin tener los 10 años de residencia.

“El beneficio a los ingresos actualmente tiene un requerimiento de 10 años de residencia en Italia. Me parece muy excesivo. También debemos incrementar el dinero que da el Estado en base al tamaño de las familias”, expresó Tridico.

Inmediatamente, estas declaraciones generaron conflicto en el gobierno de coalición que lidera el primer ministro Mario Draghi, que contiene partidos tanto de derecha anti-inmigración como de izquierda pro-inmigración.

El senador y líder del derechista Lega, Matteo Salvini, tachó la idea de “absurda” y le pidió al gobierno no avanzar con esta iniciativa y en cambio ayudar a los italianos oriundos que realmente están atravesando un mal momento económico por las cuarentenas.

La senadora Anna Berini, del partido Forza Italia de Berlusconi, adhirió a los dichos de Salvini y dijo que trabajaría con Lega para frenar esta iniciativa en el Congreso.

Por fuera del gobierno, la líder del nacionalista conservador Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, criticó los dichos de la autoridad gubernamental y prometió también utilizar su bancada en el órgano legislativo para frenar esta idea.

Actualmente, las familias cuyos ingresos totales sean menores a 9.300 euros al año (equivalente a 11 mil dólares), reciben este subsidio por parte del Estado italiano.

La pandemia trajo un fuerte impacto en las clases medias y bajas y las cuarentenas que impuso el gobierno afectaron duramente a las pequeñas y medianas empresas. El país del sur europeo fue uno de los más afectados con una caída de un 9% aproximado del PBI en 2020, un colapso que no se veía desde 1997, y con un retroceso de la producción a niveles de 2005.

Inclusive, un directivo de la Asociación de Gastronomía de Milán estimó que la cuarentena y las restricciones para frenar el avance del del virus chino provocaron el cierre de casi el 60% de los bares y restaurantes de la segunda ciudad más poblada del país.

A pesar de todo, el nuevo gobierno tecnócrata quiere expandir este subsidio a los refugiados en vez de impulsar programas integrales que ayuden a los empresarios a recuperar sus negocios y poder volver a dar empleo en Italia.