Enrique Area Sacristán.- Parece evidente que el Ejército actual ha tenido que separar su ideología profesional de sus prácticas reales. La necesidad de participar en misiones internacionales de todo tipo y el advenimiento de unas fuerzas armadas compuestas exclusivamente por voluntarios ha seguido proporcionando poderosos incentivos para limitar el tradicionalismo, la rigidez y la ceremoniosidad. Nadie ignora, desde luego, que los detallados reglamentos y procedimientos del Ejército se atenúan durante las misiones de servicio, especialmente en combate. La autoridad se basa no tanto en la jerarquía formal y la autoridad legal como en el liderazgo personal y en la capacidad de crear un sentimiento de solidaridad de grupo y de conseguir la máxima eficacia en unidades pequeñas. En el combate real se produce una poderosa expresión de autoridad consensual.

Las tensiones sobre la autoridad no son idénticas en los tres Ejércitos; las fuerzas de tierra son las que han experimentado las mayores dificultades. Para aquellos oficiales de carrera que han permanecido en activo desde el final del antiguo régimen la transformación ha sido espectacular. Ha habido, sobre todo, modificaciones del sistema de justicia militar que han expuesto amplias zonas de la vida militar al examen de los tribunales civiles. De importancia capital ha sido también la redefinición de la jornada laboral en los cuarteles y la adaptación de las actividades a un horario general de ocho a cinco de la tarde, que limita el carácter de institución total de la comunidad militar. El Ejército ha hecho hincapié en un tipo de formación para el liderazgo y la gestión y en procedimientos concebidos para reducir el autoritarismo y la arbitrariedad. Una considerable parte de los oficiales y suboficiales pueden estar convencidos de que estos cambios han sido excesivos y suponen una inclinación desmedida hacia lo civil.

En los años noventa, las autoridades militares tuvieron que hacer frente a la hostilidad de la opinión pública española y a un amplio descontento con el servicio militar obligatorio. Los medios de comunicación resaltaron espectaculares incidentes anti militaristas, dentro y fuera de las bases militares. Por vez primera, las fuerzas armadas tuvieron que encarar un movimiento pacifista persistente y políticamente organizado, movimiento que al margen de sus reducidas dimensiones como quedó explicado en uno de mis trabajos sobre la Región Militar Pirenaico-Occidental, atrajo una considerable atención. Las peticiones pacifistas, los periódicos de la calle y las actividades de un núcleo de activistas radicales se convirtieron en características cotidianas de la vida militar.

La indiferencia y la hostilidad de la opinión pública y el debilitamiento del sentimiento de legitimidad a la hora de defender a la sociedad fueron y son los problemas cruciales en el ejercicio de la autoridad militar. Por primera vez en la historia contemporánea, las fuerzas armadas no se sintieron respaldadas por la población en general.

En el caso de los jóvenes las actitudes negativas hacia el servicio militar obligatorio aumentaron a medida que España se iba adaptando a las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

En consecuencia, la transición a un sistema de efectivos compuestos exclusivamente por voluntarios hubo de realizarse durante un periodo de inmensa presión y turbulencia organizativa. La existencia del poder legislativo y ejecutivo para conseguir un ejército compuesto en su totalidad de voluntarios se apoyó fundamentalmente en un aumento de las retribuciones para que los empleos militares fueran competitivos con relación a los civiles de su misma función. Sin embargo, el carácter y las cualidades de la vida militar, especialmente sus formas de autoridad y su objetivo visible, las misiones de paz, fueron esenciales para el reclutamiento y la retención del personal.

Uno de los máximos representantes del Estado liberal escribía en cierta ocasión que “para el Ejército no puede haber nada dentro del Estado que le sea indiferente: desde la educación que se le da al niño en las escuelas hasta aquella que recibe en los grados superiores de la enseñanza, desde la forma de acrecer las fuerzas contributivas de la Nación hasta el desarrollo de las obras públicas, ferrocarriles, puentes y carreteras; todos estos elementos constituyen eslabones que forman la cadena de los elementos militares para la defensa del territorio. No puede ser tampoco indiferente al Ejército la capacidad productiva del País, lo mismo en la agricultura que en la industria. No hay una fábrica que no pueda llegar a ser un día un elemento militar útil y necesario, ni un campo sin cultivo que no pueda perjudicar en un determinado momento al interés militar: todo con el Ejército tiene conexión”. (Conde de Romanones)

Pues esto, la manera de hacer esto, el sistema dentro del cual se hace esto y las normas a que esto se ajusta, son, cabalmente, lo que constituye la política. Ahora bien, el régimen de partidos, con todas sus impurezas e inmoralidades, inevitables cuando la vida del organismo creado depende del éxito en su tarea proselitista, con la subsecuente pérdida del sentido de la justicia, singularmente en beneficio y provecho de los amigos y de los secuaces, tiene que producir una repugnancia invencible entre aquellos que tienen el honor de servir con lealtad a España, alejándolos de evaluar y analizar los problemas reales de esta España que se rompe.

La propensión a considerar superfluo todo lo que no afecta de un modo directo a la vida profesional, les hace suponer que política es, razonablemente, ese embrollar, zurcir, engañar, urdir trapisondas y prevaricar sin escrúpulo, que, pese a las mejores voluntades, es la circunstancia de la vida política del cuasi-desaparecido Estado español. Y siente hacia todo ello una aversión profunda y sin recato.

No sería inteligente argüir que el Ejército intervino el 18 de julio de 1936 por una angustiosa razón de urgencia. España, ciertamente, se moría por entonces; pero venía muriéndose de un mal que pudo haberse cortado a tiempo como ocurre ahora con las osadías vasca y catalana. Si los profesionales de la milicia conocieran y se dieran cuenta de la gravedad sociológica y de sus consecuencias inevitables, acaso se evitarían muchos dolores. Pero esto es querer saber de política; conocer los principios sobre los que se asienta la verdad política; formarse una conciencia exacta y exigente de las necesidades y de los deberes en esta cuestión; y no se hubiera llegado a caer en la tentación de dejar que el daño llegue tan a lo hondo y tan al borde de lo irreparable como es el caso de Vascongadas y Cataluña, como para que se haga imprescindible para atajarlo toda la infinita misericordia de Dios en un futuro más o menos cercano.

El tema es delicado y exige tantos esclarecimientos que llenarían un libro.

Queda abierta a la reflexión de cada uno el camino de todo lo que falta por decir a nuestros subordinados sobre el porqué se van a batir o no, a dónde se va, y por qué se hacen las cosas que juntas constituyen el arte de mandar. No querer saber de política nos lleva a ser gobernados por los peores hombres, mediocres y desalmados.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca.