La república dejó de existir en febrero de 1936, en unas elecciones no democráticas y además fraudulentas. Ya he explicado las dos cosas.

El fraude lo cometieron las izquierdas, pero la ausencia de democracia proviene de las decisiones previas de Niceto Alcalá-Zamora. Han pasado a la historia como «las elecciones del Frente Popular», pero podrían llamarse, incluso más justificadamente, «las elecciones de don Niceto».

Aquellos comicios extemporáneos proceden de tres meses antes, en diciembre del 35, cuando don Niceto expulsó del poder a la CEDA, el partido más votado dos años antes, y lo sustituyó por el gobierno de Portela Valladares, protegido suyo y viejo cacique, ex ministro de la monarquía –como el propio Niceto–. La expulsión coronaba dos años de injerencias extralegales del presidente en los gobiernos de centro-derecha, mal soportados por estos bajo el chantaje presidencial de una disolución de las Cortes. Gil-Robles consideró su expulsión un golpe de estado.

No sé si algún historiador se habrá preguntado sobre la solvencia de la acusación de Gil-Robles. En general se han presentado los manejos de don Niceto como intrigas y maniobras menores, incluso pintorescas y sin mayor alcance. Sin embargo la acusación es muy seria. Para ejercer, un jefe de gobierno necesitaba la doble confianza de las Cortes y del presidente de la república; y este se la negaba a la CEDA, pero a su protegido se la negaban las Cortes. El gobierno de Portela no era, por tanto, parlamentario y por ello tampoco constitucional. El problema fue resuelto de modo muy simple por el presidente y el gobernante: suspendiendo las sesiones de las Cortes para crear un hecho consumado. Con ello, el gobierno se convertía en abiertamente antiparlamentario.

Pero el nombramiento tenía otra consecuencia aún más grave. Gil-Robles se había empeñado, aparentemente con éxito, en una política de respeto a la legalidad republicana y acercamiento de la derecha a aquel régimen…, y esa política era destruida de pronto por don Niceto, y en una situación de extrema crispación de los odios sociales en el país. Gil-Robles le advirtió que estaba expulsando del régimen a la derecha –la cual constituía la mitad de la población–, al negarle la posibilidad de gobernar, por muchos votos que hubiera obtenido su partido. Advertencia que Niceto ignoró olímpicamente.

Puede hablarse, pues, de un golpe de estado contra la legalidad republicana. Los golpes de estado pueden adoptar muchas formas, algunos con tropas o terror en las calles y otros realizados por las alturas anulando la legalidad. Esto es básicamente lo que pretendían asimismo Azaña y las izquierdas republicanas cuando intentaron anular las elecciones de 1933 para organizar otras con “garantías” de triunfo para ellos. En aquella ocasión, Niceto lo impidió. Pero en diciembre del 35 él mismo daba un golpe que iba a tener las peores consecuencias: la reanudación de la guerra civil después de la breve de octubre del 34.

La decisión de Niceto y de Portela dio lugar a abusos progresivos. No pudiendo aprobar los presupuestos, los prorrogaron ilegalmente y la Diputación Permanente de las Cortes les planteó una acusación política y penal. Niceto pensaba, según dice en sus memorias, aplazar hasta la primavera la disolución de las Cortes, pero ante la acusación en enero no tuvo más remedio que disolverlas precipitadamente y convocar las elecciones funestas en las que naufragó el régimen definitivamente. El proceso culminaría con la expulsión esperpéntica del propio Niceto, por las mismas izquierdas que le debían la vuelta al poder.

En otros estudios he considerado, sin explicitarlo de este modo, que si hubo dos grandes responsables personales de la guerra civil, estos serían Largo Caballero y Alcalá-Zamora. Largo fracasó en su intento, en octubre del 34, que habría podido quedar finalmente en nada si Alcalá-Zamora no hubiera a continuación socavado la victoria de octubre hasta desbaratar a los vencedores de centro derecha.

Tiene interés examinar, no lo hago aquí ahora, los cálculos realmente demenciales en que el presidente basaba su conducta política. Él era un conservador católico, republicano de última hora pero, junto con Maura, había sido el verdadero artífice de la llegada de la II República, que él quería moderada y «no epiléptica». Se consideraba algo así como la encarnación del nuevo régimen, título informal que nadie le reconocía, y que se solía adjudicar a Azaña. Él aspiraba a dirigir al centro-derecha, y lo intentó con mañas caciquiles que acabaron destruyéndolo. Sin exagerar demasiado podríamos decir que él trajo la república y finalmente la hundió. Según Azaña y otros, tenía bastante de perturbado.