Cuando Lord Carnarvon, el espónsor que financió la expedición, y el egiptólogo Howard Carter descubrieron en 1922 el sepulcro de Tutankamón, la mejor conservada de las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha, se produjeron casi inmediatamente una cadena de muertes inexplicables.

A los cuatro meses de abrir la tumba, el mismo Lord Carnarvon falleció de septicemia por la picadura de un mosquito. A la muerte del Lord siguieron varias más… Su hermano Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la cámara real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara real, falleció en El Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza donde murió dos meses después. La secretaria de Carter pereció de un ataque al corazón, y su padre se suicidó al enterarse de la noticia (lo incluyeron en la maldición a pesar de no estar relacionado con la tumba ni haberla visitado). Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a El Cairo.

La cuestión no es baladí. El hecho cierto es que el fenómeno de la veneración de los difuntos ahí está desde que la humanidad entra en el camino de lo que llamamos civilización. Y ciertísimo también que jamás se ha roto esa continuidad hasta el día de hoy, salvo episodios muy puntuales de salvajismo que la historia ha condenado sin ambages.

Por eso, a los que apreciamos el valor de vivir civilizadamente, nos estremece constatar la ligereza con que se están mercadeando ventajas políticas (o lo que es peor, ajustes de cuentas) a costa de algo tan sagrado como los difuntos. Y es que el cementerio es el lugar de reposo de los que murieron a la espera de la resurrección, a la que nos consideramos acreedores los que seguimos a Cristo con la fidelidad de que somos capaces. Perturbar el descanso de los muertos es un acto de extrema impiedad. El que tal hace, demuestra que para él no hay nada sagrado e inviolable. Cuestión menor, obviamente, para los que consideran “normal” matar al niño en el santuario del seno materno, y al enfermo grave o al anciano que se ha refugiado en el hospital huyendo de la muerte. Y que legislan en favor de esas barbaridades.

Por otro lado, está el deber sagrado que tienen los hijos de enterrar a sus padres y garantizarles el reposo de la tumba. De los romanos nos viene esa vinculación de los hijos a sus padres difuntos, que se concretaba en el rito debido a los lares, es decir a los antepasados de la familia, a los que se les reconocía una vida en el más allá, por la que habían de mirar los familiares. Y esta responsabilidad se concretaba sobre todo en las honras fúnebres iniciales y en su continuidad anual. Y eso sólo tenía sentido en la medida en que se preservase el cadáver del difunto, asegurando su reposo y por supuesto su culto. Por ello, la profanación de tumbas se consideraba uno de los peores ultrajes que se le podía infligir a una familia o a todo un pueblo. Ni en las guerras más encarnizadas se aceptaba la profanación de las tumbas.

Nadie va a desenterrar a los narcotraficantes o a los violadores porque a los deudos de algunos difuntos no les guste que su muerto esté tan cerca del traficante o del violador. ¿Nadie? En España, sí. Se ha profanado con irreverencia y crueldad infinita el sepulcro del Valle de los Caídos con el obsequioso silencio de los que deberían haber sido sus custodios, mucho más interesados en conservar sus míseras prebendas que en anunciar la Verdad y subir a la cruz como Jesucristo.

La Iglesia Santa y Católica, la auténtica y maltratada por sus infieles y acobardados pastores, tiene bajo su responsabilidad los lugares sagrados (más sagrados aún desde el momento en que hay en ellos enterrados difuntos) y debe velar por el cumplimiento riguroso del respeto de los derechos de la familia del difunto. No se trata de derechos del difunto, que no es ya sujeto de derechos, sino de los derechos de la familia; derechos en los que todos los ciudadanos son iguales, sin que se pueda alegar en absoluto la condición de esos difuntos para recortar esos derechos, que han de ser los mismos para todos. Con el especial agravante de que para la Iglesia no se trata sólo de un derecho civil (que en cualquier caso ha de ser la base de su acción civil), sino de un derecho sagrado.

Y no importa que sea un solo eclesiástico – el abad Cantera- con responsabilidad sobre ese lugar sagrado el que se levante en defensa de ese derecho. Si tal derecho existe, va a ser muy difícil saltárselo. Saltarse el derecho, digo. Asaltar la tumba, claro que podrán hacerlo si son más fuertes que el eclesiástico en cuestión. Y podrán darle al asalto de una tumba, todos los barnices de legalidad que se les ocurra; pero el eclesiástico responsable, de ningún modo se puede hacer cómplice de los asaltantes de la tumba. Puede doblegarse ante la fuerza, pero no puede doblegar el derecho y el deber de la Iglesia, que tendrá que seguir defendiéndolo después de que los asaltantes le hayan robado el cadáver manu militari.

Cual maldición faraónica la epidemia coronavírica continúa rampante. Se nos ha prohibido decir que todo ello podría formar parte de un castigo divino, no ya sólo por la profanación del Valle, sino por la infidelidad de toda una nación a los principios cristianos sobre los que fue fundada: La maldición de los inicuos profanadores de tumbas no puede ser ni siquiera mentada. Sin embargo, los hechos son los que son y no podemos obviarlos.

¿Será al final la pandemia la causa de nuestros males o la estulticia de un pueblo lobotomizado desde el poder con porno y cerveza?

A los muertos se les deja en paz, hayan hecho lo que hayan hecho; y también a sus hijos, que nada tienen que ver con la responsabilidad penal de sus padres. Si no fuese así, acabaríamos siendo una sociedad de asaltantes de tumbas, que vengaría en los cadáveres lo que no supo o no pudo resolver en vida.

*Sacerdote y colaborador de AD