Vox ha suspendido de militancia a tres de los cuatro diputados autonómico de esta formación en la Asamblea Regional de Murcia Juan José Liarte, el secretario primero de la Asamblea Regional, Francisco Carrera, y Mabel Campuzano, según ha confirmado Efe. Una decisión que adoptó ayer el Comité de Garantías a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, pero que todavía no han trasladado a los afectados.

Esa situación abre una crisis en el grupo de parlamentarios de Vox en una Comunidad donde había crecido mucho electoralmente, ya que solo queda como único diputado con la militancia vigente el ex presidente regional de Vox, Pascual Salvador.

El motivo que alega la dirección nacional para tomar esta decisión, según Efe, es que han despedido unilateralmente a cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y han quitado como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales, concretamente al secretario general, Javier Ortega Smith y a Pedro Fernández, que eran abogados de esta formación política.

Si embargo, los afectados niegan que éstos sean los motivos de la suspensión de militancia, sino que la realidad es muy distinta. Así, el abogado y diputado autonómico, Juan José Liarte, aseguró que habían denunciado ante la dirección nacional una serie de irregularidades en el funcionamiento del grupo parlamentario.

Cobraban de la Asamblea

Liarte afirma que «el grupo parlamentario de Vox y la Asamblea de Murcia estaban pagando salarios de unos trabajadores que, en lugar de cumplir la función para la que habían sido contratados, estaban haciendo otras cosas en el partido«. Estos trabajadores eran el coordinador parlamentario, Javier Pérez, designado por la dirección nacional; la responsable de prensa, una persona que trabajaba como documentalista y otro trabajador que, siempre según la versión de Liarte, no aparecía por la sede del grupo parlamentario.

Liarte puso estos hechos en conocimiento del presidente del partido, Santiago Abascal, y al no tener respuesta optó por cesar a los trabajadores. Pero coincidiendo con esta situación, los afectados por esta suspensión de militancia detectaron que «alguien había accedido a los ordenadores» y podría haber sacado «información confidencial». Por lo que se presentó una denuncia en la Policía, que ha abierto una investigación.

Los afectados no han tenido conocimiento de la suspensión de militancia, por lo que están a la espera de recibir la notificación, pero alegan que el procedimiento es la apertura de un expediente, presentación de alegaciones por los afectados y, si se decide, expulsión.

Por otra parte, aseguran que antes de retirar los poderes a Ortega Smith, habían recibido una orden del gerente de Madrid para que se llevara a cabo porque ya había dejado de ser el abogado del partido, y que incluso la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ya lo había hecho antes que ellos, siempre según su versión.

Vox ya tuvo que aceptar en noviembre de 2011 la dimisión del Comité Ejecutivo Provincial en Murcia y una gestora se hizo cargo del partido.