María Jesús Pérez.- Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por el tema de la viabilidad del sistema de pensiones. Bueno, más bien por su inviabilidad. Y van… Cierto es que algo se hizo con la reforma de 2013, con Mariano Rajoy al frente del país, pero desde luego no se resolvía el problemón que tenemos aún a día de hoy. No hay ya casi dinero para seguir costeando la caja destinada a la jubilación de los españoles y la última de las decisiones del Gobierno Sánchez es subir precisamente el lado de los gastos. Y si uno incrementa este lado de la balanza, debería aumentar al menos en igual proporción el otro lado, el de los ingresos. Algo que, de momento, no es lo que acordado por el tándem Sánchez-Iglesias.

El caso es que hace ya un año, la Comisión Europea recomendaba a España la urgencia de poner en marcha medidas que hicieran posible la sosteniblidad del sistema de pensiones, porque con lo hecho en la era Rajoy no bastaba, y lo único que se ha hecho desde entonces es desandar lo andado y anunciar justo lo que Bruselas nos dice que no es el camino: vincular de manera permanente las prestaciones a la evolución del IPC, lo que compromete el sistema a medio y largo plazo. Medidas, dicen desde Europa, que, al tiempo que favorecerían sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales, irán en detrimento de las nuevas generaciones. Además, los técnicos del Ejecutivo comunitario han calculado que vincular de nuevo las pensiones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB, además de que abolir el factor de sostenibilidad -idea del equipo Rajoy- sumaría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo. Lo dicho, ¡lo llevamos claro!

Ahora bien, mientras analizo la reprimenda que lanzan desde Bruselas, reparo en las diferencias que a día de hoy aún existen entre las pensiones vitalicias que nuestros políticos tienen derecho a cobrar por sus servicios prestados y las de cualquier ciudadano de a pie… A bote pronto, me vienen a la cabeza dos grandes diferencias. Una, ministros, diputados o secretarios de Estado, entre otros altos cargos institucionales, por ejemplo, tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa a su trabajo. Y dos, mientras que los ciudadanos debemos cotizar a día de hoy durante 35 años -y subiendo- para cobrar la totalidad de la pensión a la que en principio aún tenemos derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación. Y hay más privilegios, créanme.

Pues señores políticos, y sobre todo del Gobierno, que sepan que todo sale de la misma caja. Y o espabilan, o se acabó el chollo. Para todos.