Paloma Cervilla (R) El Gobierno debería decirnos dónde están los 7.200 millones que se niega a transferir a las comunidades autónomas y así despejaría las dudas que existen sobre el destino de ese dinero.

Una cantidad que le corresponde a las regiones dentro del concepto de entregas a cuenta, como así lo fija el sistema de financiación autonómica, y que el Ejecutivo de Sánchez no quiere devolver. Fundamentalmente esta partida se corresponde con dos conceptos: 4.700 del aumento de la recaudación por el tramo autonómico del IRPF y 2.500 de la recaudación del IVA de 2017.

Como la ministra María Jesús Montero no aclara nada, las especulaciones se han disparado y cabe la posibilidad de que ese dinero pueda haber servido para financiar, con dinero público, la campaña electoral de Pedro Sánchez desde la mesa del Consejo de Ministros.

Hay sospechas de que los denominados “viernes sociales”, aquellos en los que se aprobaron medidas como aumentar el permiso de paternidad, ayudas al alquiler o subsidio para mayores de 52 años puedan haberse financiado con esta partida.

El Gobierno, en vez de despejar dudas, se inventó un supuesto informe de la Abogacía del Estado que le impedía transferir el dinero cuando está en funciones. Pero lo único cierto es que ese informe solo se dio a conocer cuando PP y Ciudadanos se lo pidieron por activa y por pasiva, levantando una nueva sospecha: que el informe no existía y que se hizo rápido para salir del paso.