El pasado 14 de mayo, el estado de Alabama votó a favor de prohibir la práctica de abortos, bajo pena de prisión.

Además, el recurso al aborto se considera en este territorio de la Unión como un crimen, incluso en caso de violación o incesto. La única excepción que prevé el texto aprobado en Alabama hace referencia al caso de que peligre la vida de la madre.

En la misma línea de restricción, los estados de Kentucky, Ohio, Georgia o Mississippi han prohibido cualquier interrupción del embarazo desde el momento en el que se detectan en el feto los primeros latidos del corazón (hacia las seis semanas de gestación). En el caso de Mississippi, la prohibición se ha establecido a partir de las ocho semanas.

En total son 28 los estados norteamericanos, de un total de 50, los que han decidido modificar sus leyes sobre el aborto en el sentido del respeto a la vida, siendo Alabama el que más lejos ha ido en este objetivo.

Según informa la revista francesa L’ Incorrect, la estrategia de los activistas pro-vida consiste en tratar de llevar sus denuncias hasta la Corte Suprema, con el fin de que ésta resuelva revisando la jurisprudencia Roe vs. Wade que despenalizó el aborto en Estados Unidos en 1973. Los militantes pro-vida tratan de aprovechar la nominación de los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch en la Corte Suprema para obtener una revisión de estas leyes. Una posibilidad que hace temblar a la izquierda norteamericana en general, y al movimiento feminista radical en particular, que ven disminuir su fuerza e influencia de una forma muy destacada en este ámbito.