El Gobierno podría tener listo para esta semana una fuerte Oferta Pública de Empleo con la que redondear sus «viernes sociales» previos a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Una señal de que esto podría tener lugar en los próximos días – los plazos apremian, la campaña comienza el próximo 12 de abril- es la convocatoria para esta tarde y mañana de reuniones con los sindicatos de Función Pública para negociar la oferta de empleo público de 2019 en la Administración General del Estado (AGE).

En concreto, el Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha convocado a los sindicatos del sector público a dos nuevas reuniones de las comisiones de trabajo de la Administración General del Estado, que dependen de la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que participan los sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG). El Ejecutivo da así un empujón a la negociación de la oferta de empleo público para un año eminentemente electoral en la Administración General del Estado.

Tras la estela de Rajoy

No hay un volumen concreto de plazas públicas que contendrá la oferta de empleo público de este año, pero desde algunos medios se viene especulando con que será superior a las 30.844 plazas de 2018. La mayor de los últimos diez años y que impulsó el anterior Ejcutivo de Mariano Rajoy.

En aquel momento, en julio del año pasado, el Gobierno dio luz verde en julio del año pasado a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplaban conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 que había convocado en abril del año pasado para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que arrojó una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas.

De las 23.156 plazas aprobadas julio, 17.299 fueron de nuevo ingreso y promoción interna (11.095 de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna); 323 pertenecían a una oferta extraordinaria para atención a asilados y refugiados, y 5.534 plazas correspondían a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y en Justicia.

Guiños hacia los funcionarios de Rajoy

Además de la oferta de empleo público, el Ejecutivo popular dio luz verde a la normativa para suprimir en la Administración del Estado la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012 a los empleados públicos que se encontraban en situación de incapacidad temporal.

En una línea similar, ya bajo Sánchez, a finales de enero de este año se aprobó un Real Decreto con la Oferta de Empleo Público con 2.528 plazas para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y suscrito con las principales organizaciones sindicales.

Esas 2.528 plazas aprobadas, sumadas a las de otros procesos de estabilización aprobados, alcanzan las 10.392, de ellas, 5.003 son de la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.

La generosidad de Sánchez

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, también ha venido cuidando mucho a los funcionarios. En concreto, a principios de marzo con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fijó mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.

El convenio, que afectará a más de 40.000 trabajadores, aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.

El colectivo de 2,5 millones de empleados públicos se benefició en enero de una subida genérica del 2,25% para el ejercicio 2019, si bien a esta cifra se le sumará desde julio otro 0,25%, ya que el sistema de subida salarial fija un alza mínimo del 2,5% si el PIB crece igual o por encima del 2,5%, y el año pasado la economía creció un 2,7%.

A esta subida ya fija del 2,5% se le podrá sumar además otro 0,25% de fondos adicionales, que los sindicatos deberán negociar en cada administración, con lo que la subida salarial de este año podrá alcanzar el máximo previsto del 2,75%.