Concentración de apoyo a los Comités de Defensa de la República en Barcelona.

Paloma Cervilla.- Yo, como española, me siento totalmente indefensa frente a los secesionistas, frente a los que incumplen la ley y violentan el orden constitucional. Me siento así porque tengo a un presidente que ha decido no plantarles cara, suavizar sus delitos y que el Estado no los acuse de rebelión.

Lo que ha sucedido con el escrito de acusación de la Abogacía del Estado contra los dirigentes político catalanes independentistas es un bochorno para todos los españoles y, lo que es peor, una rendición del presidente Pedro Sánchez. Su obligación, señor Sánchez, es hacer que se cumpla la ley, no claudicar porque quiero sacar mis presupuestos y mantenerme en el machito hasta 2020.

Manosear el Estado de Derecho, utilizarlo para sus intereses personales, no es servir a España, sino servirse a sí mismo y, por supuesto, rendir pleitesía a su socio Pablo Iglesias.

Lo que ha sucedido en este país es muy grave: la injerencia del poder político en el poder judicial. El fin de la separación de poderes. Ya lo venía diciendo el Gobierno, con sugerencias más o menos veladas, que estos muchachos catalanes no eran tan malos y había que castigarlos, pero solo un poquito. Y ahora, prepárense, viene el indulto, y, si no, al tiempo.

Y ya, lo que es de aurora boreal, de tomarnos por tontos, son las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, aquella a la que el Vaticano sacó los colores por mentir sobre el contenido de la reunión para hablar de Franco, al decir que cuando Pedro Sánchez afirmó que había rebelión en Cataluña, no era presidente del Gobierno, solo un ciudadano de a pie. De traca.