Miguel Bernad solicitó amparo al Gobierno de España por la demanda de Fabián Picardo y se le denegó y en cambio al Juez Llarena se le ha concedido el amparo del Gobierno.

Efectivamente, el amparo del Gobierno de España al Juez LLarena, contra la pretensión del Juez Belga de investigarle, se enmarca dentro de una “cuestión de Estado”. La soberanía de España y de sus instituciones, no pueden estar sometidas a actuaciones de instituciones de otros países. Cosa distinta, son los tribunales de la Unión Europea con jurisdicción sobre todos los países comunitarios.

Miguel Bernad denuncia a Fabián Picardo, cuando lanza 77 bloques de hormigón en aguas jurisdiccionales españolas, con objeto de que los pescadores españoles no pudieran faenar. Esta demanda se realiza ante la fiscalía del Medio Ambiente y en Instituciones Europeas. Simultáneamente Miguel Bernad denuncia la complicidad en el tráfico de tabaco, donde vigilancia aduanera todos los días levanta actas de expedientes sancionadores.

La respuesta de Fabián Picardo es presentar una demanda en la Corte Suprema de Gibraltar contra Miguel Bernad por injurias. Se me declara en rebeldía y se me condena a unas costas de 120.000$ que se ejecutan por el Juzgado de 1ª Instancia nº 47 de Madrid embargándome la pensión en la cantidad de 650€ mensuales.

Miguel Bernad recurre en amparo al Ministro de Asuntos Exteriores, al Ministro de Justicia y al Defensor del Pueblo, manifestando que un ciudadano español en defensa de los intereses generales ha sido condenado por un:

a) Tribunal, parcial, elegidos sus miembros por Fabián Picardo.

b) Que se ha vulnerado el principio de territorialidad pues la demanda en todo caso se debía haber producido en España.

c) Que no existe la doble instancia en los tribunales de Gibraltar.

d) Que el Gobierno de España no tiene reconocido al Gobierno de Gibraltar.

e) Que el Juez Español, no tramitó la petición de la figura “exequátur” que paralizaría la ejecución de la sentencia.

La respuesta a esta petición de amparo por parte de las instituciones españolas, fue el silencio más absoluto.

De lo relatado, se deduce que en España, el amparo se tramita según convenga políticamente y según la persona de que se trate.

El Juez LLarena, es un ciudadano español, como cualquier otro pero su cargo le hace merecedor de amparo.

Miguel Bernad, es un ciudadano español, pero su cargo de Secretario General de Manos Limpias, no le hizo merecedor de amparo. Con ello, se quiebra el principio constitucional del art. 14 de que todos los españoles somos iguales ante la Ley y se cumple la máxima de que “el que tiene padrinos se bautiza”.

*Jurista y secretario general de Manos Limpias