El Gobierno trabaja para salvar el contrato de cinco corbetas firmado con Arabia Saudí y asegura que la cancelación de la venta de 400 bombas de precisión anunciada esta semana es una mera “declaración de intenciones” del Ministerio de Defensa que debe ratificarse en una comisión interministerial.

Esta semana, el Ministerio de Defensa confirmó que iba a iniciar los trámites para cancelar el contrato de venta de esas 400 bombas ante la sospecha de que Arabia Saudí pudiera emplearlas contra Yemen.

Una decisión que, según ha reconocido el propio Gobierno español, ha causado alguna discrepancia con Arabia Saudí y ha generado una oleada de protestas entre los trabajadores de Navantia, astillero encargado de construir los buques y que temen que el país árabe cancele, como represalia, el contrato naval.

Más de un millar de trabajadores de Navantia de San Fernando (Cádiz) han cortado este viernes el tráfico de la autovía A-4 por temor a la pérdida de este contrato, que se calcula generará durante 5 años anualmente casi 6.000 empleos, directos e indirectos.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha negado una crisis diplomática con Arabia Saudí y ha señalado que defenderán el contrato y la carga de trabajo de Navantia en Cádiz.

“No creo que exista una crisis diplomática, puede haber un intercambio de opinión y puede haber habido alguna discrepancia que yo creo que se resolverá”, ha remarcado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En esta línea, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado que el contrato para la construcción de esas cinco corbetas sigue adelante y que el Gobierno “en ningún momento” va a poner “en riesgo” ese programa por valor de 1.813 millones de euros.

“Hasta donde yo sé, el contrato sigue vigente y la fabricación sigue adelante”, ha asegurado Méndez en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe de la venta de exportación de armas correspondiente al año 2017.

En total, Arabia Saudí compró armas por valor de 270 millones de euros el año pasado, lo que supuso el 6,2 por ciento de todas las exportaciones militares de España.

“Somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1.813 millones de euros y que genera cerca de 6.000 empleos”, ha destacado Méndez, que ha explicado que el jueves se puso en contacto con responsables de Navantia que le aseguraron que el contrato seguía vigente.

Méndez no ha querido comentar las razones por las que España ha decidido cancelar el contrato para la venta de las bombas y se ha remitido a las explicaciones que pueda dar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este lunes comparece en el Senado.

La posibilidad de que Arabia Saudí cancele el contrato de esas cinco corbetas ha provocado duras críticas del PP.
A su juicio, el Gobierno rompió el acuerdo para la venta de las bombas bajo criterios “ideológicos” y “secuestrado” por sus socios parlamentarios.

“¿Han valorado el coste económico, de credibilidad internacional y de seguridad jurídica que supone para España romper un contrato de Estado a Estado?”, se ha preguntado el diputado Jesús Postigo, que considera una “torpeza populista” provocar una “tormenta diplomática” con uno de nuestros principales socios comerciales.

Su compañero del PP, Ricardo Tarno cree que existe un “constante enfrentamiento” dentro del propio Gobierno” y ahora entre sus áreas de Defensa y Comercio por lo que ha reclamado explicaciones a la ministra de Defensa.

En esta misma línea, Francisco Javier Cano, de Ciudadanos, ha alertado de la “gran incertidumbre” que se vive en la bahía de Cádiz por un contrato que da trabajo a 6.000 familias.

“Mensajes de intranquilidad” que ha lamentado la diputada socialista Miriam Alconchel, que se ha mostrado segura de que el Gobierno trabaja para mantener la carga de trabajo en los astilleros públicos.

Del otro lado, Carmen Valido, de Unidos Podemos, ha aplaudido la cancelación del contrato para la venta de bombas a Arabia Saudí porque era una “obligación moral” ante la situación en Yemen, mientras que Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos por Cádiz, ha responsabilizado al PSOE de la crisis de los astilleros que va mucho más allá de las cinco corbetas.

Desde ERC, Ana María Surra ha apostado por cancelar cualquier venta de armas a Arabia Saudí, al igual que Enric Bataller de Compromís, se ha preguntado si el Gobierno tiene garantías de que los buques no van a ser empleados para bombardear poblaciones costeras de Yemen.

Bataller también ha pedido al Gobierno que se plantee la posibilidad de dejar de vender armas y munición a Marruecos ante la “creciente represión” contra la población saharaui.

Más allá del comercio de armas con Arabia Saudí, la secretaria de Estado de Comercio ha garantizado en el Congreso que el sistema de control sobre las exportaciones de armas con el que cuenta España es “de los más exhaustivos del mundo” y prohíbe la venta de material que pueda ser usado contra la población civil o en crímenes contra la humanidad.

Además ha avanzado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para articular un sistema de control sobre el uso efectivo que el país de destino hace de las armas que le vende España.