España es el único país del mundo donde los que entran ilegalmente, empleando métodos terroristas e intentando asesinar a nuestros agentes, son premiados con todo tipo de atenciones y cuidados, incluida la residencia. Compare el lector esta situación de impunidad con lo que le habría ocurrido a cualquier español de origen que agrediese a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Lo más inquietante es que no parece que nuestros agentes salgan de las academias con la formación necesaria para hacer frente a este escenario de guerra.

La invasión migratoria que sufre España y la laxitud de las autoridades es la consecuencia de la reunión secreta mantenida en Moncloa por George Soros y Pedro Sánchez. Desde entonces todo han sido facilidades a los ilegales, que por miles han entrado ya en nuestro país desde la llegada al poder de Pedro Sánchez.

A poco de tomar posesión del Ministerio del Interior, Grande Marlaska expresó su deseo de quitar las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla. Hoy los heridos son guardias civiles, los agresores invasores provienen de Marruecos y aún no hemos oído a Marlaska preocuparse por sus subordinados que fueron atacados con palos, piedras y bombas de cal viva, producto fuertemente abrasivo, que causa horribles quemaduras”.

Los invasores se van armando, se van haciendo mas violentos y peligrosos, cosa normal ante la pasividad de las fuerzas de la Benemérita allí desplegadas, que más parecen estar para cubrir el expediente que con fines verdaderamente disuasivos. No es ningún secreto de Estado que hace ya demasiado tiempo el gobierno de Madrid ha dejado la seguridad de esas líneas fronterizas en manos de la buena – o mala – voluntad de los ‘supletifs’ del sultán de Rabat. Mas de ochenta mil moros y negros acampan en el sultanato esperando el momento de asaltar España. Cuando lo hayan logrado, serán diez veces más los que lo intenten después”.

Es evidente sin embargo que la llamada voluntad popular no es más que la voluntad particular de los que manejan el poder político y económico. El simple hecho de que un grupo de personas, agrupadas bajo unas siglas partidarias, pueda adueñarse del poder con fines egoistas y espurios, como ha ocurrido a lo largo de la democracia, impide que se le puedan llamar como emanados de la nación. El mito del pueblo reunido al estilo de la democracia ateniense se traduce en la simbólica reunión de unas persona elegidas. Ante esta situación, ¿cómo puede el pueblo oponerse a las medidas aprobadas durante estos últimos 35 años y que nos han conducido a la cloaca actual, cuando estas decisiones han sido aprobadas en nombre del pueblo. ¿Cómo podemos escandalizarnos ante el cúmulo de fechorías que han dominado la escena pública española, desde Felipe González hasta hoy, cuando hemos permitido a sus autores que perpetren sus fechorías en nombre de todos nosotros? ¿Quién puede oponerse a las decisiones de quienes dicen actuar en beneficio de todos cuando usufructúan el poder a su antojo en base a una legitimidad electoral que casi todos han aceptado? ¿Cabe mayor totalitarismo que la situación actual en que las decisiones que nos han empobrecido o que han llenado España de parásitos sociales han estado en manos de unas pocas personas, quienes, si conviene a sus intereses y siempre en nombre de todos, seguirán aprobando medidas y leyes de extranjería que no harán sino agravar nuestro empobrecimiento? ¿Cabe mayor dislate que ningún líder político haya denunciado lo ocurrido hoy en Ceuta?”.

Hoy el poder en España es totalitario porque ha ocupado todo el espacio en el que antes podían moverse los ciudadanos de forma autónoma. A la derecha y a la izquierda el hombre no es nada porque ha dejado de ser un individuo que piensa, opina, decide, actúa y delega, para convertirse en una unidad intercambiable adscrita a unos partidos políticos que piensan y deciden por él, y que les exige obediencia. La progresión del totalitarismo nunca ha sido mayor que en esta época en la que, paradójicamente, tanto se habla del pueblo y de la voluntad de éste. ¿Somos nosotros como pueblo los que hemos decidido las grandes decisiones que en materia de extranjería han hecho posible que más de nueve millones de extranjeros vivan en nuestro mismo suelo? Cuando José María Aznar dio luz verde a la llegada masiva de cientos de miles de inmigrantes, ¿lo hizo en interés del pueblo español o de las grandes corporaciones que le exigieron una mano de obra ‘dócil’ y barata?”.

“Plantear estas cuestiones es, sin embargo, cosa ilegítima y políticamente incorrecta según los dogmas de la religión del pensamiento único, puesto que ello sirve para cuestionar los motivos del ejercicio del poder. Tales cuestiones sólo son planteadas por ‘extremistas’ como nosotros, que somos los únicos que nos atrevemos a desenmascarar el cinismo de los políticos de esta falsa democracia, así como la arbitrariedad de la mayoría de sus decisiones.