La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

Roberto Centeno.- Nadia Calviño, la única ministra capaz y con visión de lo que se avecina, ha anunciado como prevención la creación de una “autoridad macroprudencial”, una alerta temprana ante la acumulación de desequilibrios macroeconómicos. No fue sin embargo la falta de alertas lo que nos llevó a la mayor y más profunda crisis económica de Occidente, sino la desastrosa gestión de Zapatero, Solbes y MAFO, que ignoraron todos los avisos, falsearon la contabilidad nacional y no hubo tropelía ni golfada que no cometieran para ocultar la realidad del sistema financiero, lo que agravó exponencialmente la crisis. En cualquier otro país, habrían sido procesados y estarían en la cárcel, y aquí no respondieron de nada.

¿Qué mayor ‘alerta temprana’ que la carta de los inspectores del BdE en 2016 anunciando lo que iba a pasar y que los sectarios MAFO y Solbes ignoraron?, ¿o la crisis financiera internacional en agosto de 2007 que, según estos insensatos, no nos afectaba? Y hoy, ¿qué más alerta temprana que la subida del petróleo?, ¿o la finalización de las compras de deuda a interés cero del BCE y de los flujos financieros externos?, porque ¿a que coste van a conseguirse los 250.000 millones anuales necesarios para evitar la quiebra? Ante esto, el frente populismo de Sánchez, más sectario e ignorante aún que Zapatero, aumenta en lo económico gasto clientelar e impuestos, elimina el objetivo de déficit, ataca a la productividad, a la inversión y al ahorro de las familias, lo que nos llevará al colapso.

De momento, Calviño ha modificado unilateralmente los objetivos de déficit, un 2,8% del PIB este año, cinco décimas más que el 2,2% comprometido, y 1,8% o lo que sea en 2019, porque “como bajaremos del 3%, dejaremos de estar sometidos a vigilancia”. Bruselas no ha dicho nada, lo hará en octubre, cuando se presenten los nuevos PGE. El problema es que el déficit no bajará del 3% ni de broma, y entonces veremos qué dice Pierre. De momento, el estreno de Sánchez en Europa no ha podido ser más penoso. “El nuevo chico”, le llamaría Juncker, presidente de la Comisión, el niño de los recados de Macron y Merkel —esta le arrancaría el compromiso de convertir España en el gran campo de refugiados de Europa— y, ya el colmo, corriendo detrás de Trump, que le había ignorado, para hacerse la foto y decir que “no es sí, ‘bwana” al incremento del gasto militar.

Pero, desgraciadamente, no es la Calviño quien manda, es la ministra de Hacienda, cuyos desmanes de gasto financió, elevando el expolio fiscal en Andalucía, al máximo de España, y para quien la crisis “no es un problema de gasto, es un problema de ingresos”. Para la doña, el despilfarro de 36.000 millones anuales en duplicidades entre AAPP no es un problema, el robo de 13.000 millones del cupo vasco más IVA no devueltos, tampoco. Los 15.000 millones de miles de empresas públicas inútiles igual, como tampoco los dos millones de enchufados. Y aunque España sea un infierno fiscal para las familias, que soportan una fiscalidad del 48,5% —177 días ha necesitado el trabajador medio en 2018 para pagar impuestos y cuotas sociales—, hay que expoliarla más, mientras que con un cinismo inaudito dice que el hachazo fiscal no afectará “a trabajadores, pymes ni autónomos”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Empresarios y banqueros han puesto el grito en el cielo por las subidas previstas, aunque tienen mecanismos legales de sobra para evitarlas y/o trasladar todo su efecto a los consumidores y clientes aprovechando su situación oligopolista. Pues bien, señores empresarios y banqueros, déjense de quejas y empiecen a actuar. ¡Dejen de sostener a los grandes medios con su publicidad y sus créditos, que están engañando a los españoles y aplaudiendo el camino hacia la destrucción económica y política de la nación! Un Gobierno sin política económica alguna, porque, como afirma la vicepresidenta, “el dinero público no es de nadie”, se ha lanzado a una campaña masiva de engaño, algo solo posible con la complicidad del Ibex y la banca, que sostienen a los medios que más daño han hecho a España.

Y es que el verdadero objetivo de Sánchez es la destrucción de la clase media creada por Franco y la proletarización del país, la destrucción de la libertad de enseñanza y su sustitución por el adoctrinamiento sectario, como en Cataluña, y la destrucción de la unidad nacional más antigua de Europa con una delirante ‘nación de naciones’ donde cada parte tiene ‘derecho a decidir’, algo que no existe en ninguna democracia. Si empresarios y banqueros creen que esto no va con ellos, se equivocan. En el caso menos malo, supondrá el empobrecimiento de España, y en consecuencia de sus negocios aquí; en el peor, como en la frase atribuida a Bertolt Brecht sobre el no haber actuado a tiempo para frenar el nazismo, “luego vinieron a por mí, pero entonces ya era demasiado tarde”. Están gobernando en todo como en febrero del 36: ignorando la legalidad y la Constitución, y con una deriva totalitaria que dinamitará la convivencia.

La alerta temprana que llevará España al colapso económico y que Sánchez —como Zapatero— ha decidido ignorar es obvia: deuda pública imposible de devolver del 133% del PIB a final de 2016, como Calviño reconoció en Bruselas; endeudamiento fuera de control, 54.000 millones en 2018 o el 4,6% del PIB —23.000 millones de subida de la deuda del Estado en circulación hasta junio más 8.000 de deuda autorizada a las CCAA, con Cataluña a la cabeza—; sistema de pensiones quebrado, cuyo déficit superará los 20.000 millones este año y cifras crecientes en los siguientes; alza del precio de la energía; fin de la compra de deuda por el BCE (principal comprador actual) a interés cero a fin de año, y subida de tipos inevitable en 2019.

Y prepárense para el crudo a 90 dólares este otoño y a más de 100 dólares en 2019. Después del hundimiento de los precios del petróleo en 2014, la industria del petróleo y del gas comenzaron a reducir sus inversiones en exploración y producción. Desde entonces, las inversiones han caído a la mitad, lo que ha significado menos nuevos descubrimientos —el número de nuevos descubrimientos de petróleo convencional fuera de los EEUU ha caído a su nivel más bajo en 65 años— y la caída de las reservas probadas.

El recorte de inversiones ayudó a la empresas a mantener sus rentabilidades en un escenario de caída de precios —las grandes petroleras ofrecen dividendos astronómicos: Repsol 5,6%, Shell 5,4%, Exxon 4,0%, ENI y TOTAL casi 5%—, pero las inversiones están por debajo del nivel necesario para mantener los actuales niveles de producción. Para ello, serían necesarios tres billones de dólares por año —más de dos veces el PIB de España—, y mientras tanto la demanda no cesa de crecer, por lo que los precios solo pueden subir en los próximos años. Y según el Ministerio de Economía, el crecimiento se reduce un 0,7% por cada 10% de incremento en el precio de la energía, y subirá cerca del 25% en el segundo semestre respecto a los PGE, lo que restará 0,8 puntos al crecimiento este año, y lo llevarán casi a cero en 2019.

Las luces rojas están todas encendidas, y estos son los hitos del camino al abismo:

Desaceleración ya en marcha: aumento del gasto clientelar y subida de impuestos para pagar sus desmanes → agravamiento de la desaceleración→ déficit publico fuera de control por encima del 3% → aumento del precio de la energía, que hundirá más el crecimiento y el empleo → aumento de la inflación → aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros → cese de compra de la deuda por el BCE → España no podrá financiar sus déficits ni refinanciar su deuda en los mercados a intereses asumibles → quiebra de las pensiones sostenidas con deuda, 15.000 millones en 2018.

El resultado, salvo milagro divino, será una repetición a gran escala de lo ocurrido en Grecia. Alexis Tsipras, como Podemos, prometió a pensionistas, funcionarios y trabajadores mejorar su situación, y el ingenuo pueblo griego se lo creyó. Están pagando muy caro su estupidez. Las pensiones se han visto reducidas 13 veces, hasta un 40%; 1,5 millones de pensionistas cobran menos de 500 euros al mes en 12 pagas; despidos masivos de empleados públicos y reducciones salariales entre el 30 y el 42%, un profesor cobra 670 euros mes, un juez que cobraba 5.000 euros hoy cobra 2.900, y a quienes tenían sueldos superiores a 2.500 les quitaron dos de las 14 pagas, les obligan a pagar una ‘contribución solidaria’, del 10% (en pensiones a partir de 1.400 euros) y les aumentaron sus impuestos.

Nunca infravaloren los desastres económicos y políticos del sectarismo político, de la incompetencia y de la mentira, en los que España es maillot amarillo de Europa.