No debe ser extraño este titular, pues un ejemplo reciente de como un juez ha aplicado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “sin licencia” se ha puesto de manifiesto de manera burda, palpable y manifiestamente descarada, con motivo de la detención e ingreso en prisión preventiva del que suscribe, Miguel Bernad Remón, letrado jubilado del Ayuntamiento de Madrid.

El juez recibe un escrito de acusación por el que se me piden 24 años y 10 meses de prisión. Habida cuenta de mi edad, 75 años, parece obvio que tienen el pronóstico –que agradezco-, de que llegaré a los cien años.

Parece evidente que cuando existen indicios razonables, y por supuesto sólidos, de infracciones penales, la aplicación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están más que justificadas, pues se actúa con licencia.

Por el contrario, cuando no existen esos indicios racionales de criminalidad, y lo único que se pretende es estigmatizar a un ciudadano molesto, como sucede en mí casi, haciéndole desmerecer socialmente, y ante su propia familia, amigos, etc., la aplicación de estas normas jurídicas no deja de ser un ejercicio de la arbitrariedad judicial y fiscal más abyecta, que debería ser también perseguida penalmente, pero no ante sus propios compañeros, sino ante un Tribunal del Jurado, formado por ciudadanos.

Los excesos cometidos por jueces y fiscales contra los ciudadanos, deben ser delictivos, pues se está atentando contra los derechos fundamentales de los españoles –o extranjeros-, y deberían comportar no solo la inhabilitación, sino también la expulsión de la respectiva carrera, judicial o fiscal.

Y, desde luego, prohibir legalmente que el fiscal del caso vaya saltando “alegremente” de la función pública a despachos de abogados, dónde –supongo- se dedica a aconsejar a aquellos a los que ha acusado de determinados delitos, o a aconsejar a presuntos delincuentes como deben de hacer para no ser cogidos con las manos en la masa, digo en la pasta. ¡Esto solo pasa en España!

No se puede ser fiscal y abogado, o abogado del estado y abogado, saltando alegremente de una a otra profesión. Pero claro, ¡qué podemos esperar de un país donde el ex fiscal general del estado trabaja en un despacho de abogados!
¿Cuánta información privilegiada atesoran estas personas, y utilizan posteriormente en beneficio de sus nuevos “amos”?

No se puede consentir –y yo no lo voy a permitir- el uso y aplicación del Código Penal “sin licencia”, como ha sucedido en el caso que nos ocupa, mío y del sindicato Manos Limpias, ya que todavía no vivimos en un país tercermundista, a Dios gracias, ni en un régimen tiránico, aunque de esto último cada vez tengo más dudas.

*Jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias