Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear

El Gobierno ultraizquierdista balear pondrá en marcha en los próximos meses la Oficina de Derechos Lingüísticos, que esencialmente atenderá casos de presunta discriminación en materia lingüística que hayan afectado a ciudadanos que se expresan en catalán. En estos momentos, se está tramitando ya el proyecto de decreto que permitirá crear dicho organismo público a finales de este año o a principios del próximo, es decir, en la actual legislatura autonómica.

En el presente mandato gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que cuenta en su Ejecutivo con representantes del PSOE y de MÉS por Mallorca. Además, Armengol recibe el apoyo parlamentario externo —aunque estable— de Podemos y de MÉS por Menorca. Por lo que respecta a la oposición, el PP y Cs se están mostrando especialmente críticos con el Govern sobre todo por sus políticas lingüísticas, al entender que irían en detrimento del castellano. Cabe recordar, en ese sentido, el rechazo del PP y de Cs al decreto del catalán en la sanidad, documento que meses atrás fue también muy cuestionado por diversas entidades y asociaciones.

En ese contexto, cabe señalar que la futura Oficina de Derechos Lingüísticos está pensada sobre todo para atender a los catalanohablantes. Aun así, la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, explicó el pasado mes de junio que el nuevo organismo público intentará «garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de la Comunidad, con independencia de la lengua que elijan para comunicarse, ya sea el castellano o el catalán».

Naturaleza consultiva

La Oficina de Derechos Lingüísticos será puesta en marcha por la Consejería de Cultura, que dirige la ecosoberanista Fanny Tur, a través de la Dirección General de Política Lingüística. Según ha explicado el Gobierno regional este pasado martes, a través de un comunicado, el futuro ente «servirá de canal para enmendar los hechos objeto de denuncia» y a la vez «ayudará a restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al catalán como lengua oficial». El citado organismo «tendrá también una naturaleza consultiva en esta materia para los ciudadanos».

Con esta iniciativa se quiere dar cumplimiento a una de las enmiendas que se aprobaron durante el debate de los Presupuestos de la Comunidad de 2018. Dicha enmienda fue presentada por el diputado de MÉS por Menorca Nel Martí, a raíz de la supuesta discriminación lingüística que habrían sufrido el pasado año tres personas, dos a bordo de un avión y una en el interior de un taxi. Las citadas personas se quejaron públicamente de que no se habrían podido expresar libremente en catalán. La partida presupuestaria con que contará este año la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos será de 100.000 euros en total.

De momento, es la propia Dirección General de Política Lingüística la que atiende directamente las denuncias de los ciudadanos que consideran que no se han respetado sus derechos lingüísticos. «De hecho, la Administración actúa en todos los casos de los que tiene constancia, incluso en algunas ocasiones actúa de oficio», recuerda el citado comunicado.

En la actualidad, «ante una posible discriminación por razón de lengua, la primera actuación consiste en ponerse en contacto con la presunta víctima y con el presunto infractor». Si se constata que efectivamente se ha producido una vulneración de los derechos lingüísticos, «se informa al infractor del marco legal vigente a la vez que se le pide una rectificación». Las quejas que se han atendido hasta ahora por parte de la Dirección General de Política Lingüística «tienen que ver tanto con la empresa privada como con las administraciones estatal, autonómica y local». En muchos casos se han utilizado las redes sociales para «denunciar los hechos».

(ABC)