Está en marcha una campaña de recogida de firmas por el grupo “Hablamos español” para garantizar la enseñanza en el idioma común. La mera existencia de esta campaña lleva en sí misma la denuncia de la ilegalidad o inconstitucionalidad de los gobiernos desde la transición, una demostración más de cómo los partidos han ido impulsando al país a una democracia fallida.

Según la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. No es que sean definiciones muy claras, debido al carácter un tanto chapucero de dicha ley, pero lo son suficientemente. El castellano se declara oficial porque es el idioma español por excelencia, el común y más hablado en todas las regiones, el que posee mayor bagaje cultural y utilidad real con enorme diferencia sobre las lenguas regionales. Llamarle “castellano” introduce cierta ambigüedad, como si fuera una lengua regional más, cuando a su origen en Castilla se han añadido incontables aportaciones de todas las regiones, además de los países hispanohablantes. En sí mismo, el español es el signo de identidad más potente de los españoles y el más decisivo lazo cultural con otros muchos países hispanohablantes.

La política cultural e idiomática, desde la transición, ha consistido en un permanente e inconstitucional acoso a la lengua común en las regiones bilingües, utilizando las lenguas regionales como instrumentos de la división, la falsificación de la historia y el odio inherentes a los separatismos. Lo cual no podría haber ocurrido sin el permanente apoyo financiero y político de los gobiernos del PSOE y del PP, incluso de instituciones como el Tribunal Constitucional “hecho por los partidos para hacer constitucional lo que es evidentemente inconstitucional”, empezando por la “inmersión lingüística” en las lenguas regionales.

En diversas regiones se declaró “lengua propia” la regional, entendiendo implícitamente como ajena o extranjera, o abiertamente enemiga, a la común española. De esta política, cuyos resultados nefastos comprobamos a diario, el mayor y más anticonstitucional responsable ha sido el duopolio oligárquico (y por lo demás corrupto) PP-PSOE. Sin sus complacencias, financiaciones e ilegalidades, los separatismos no habrían podido avanzar como lo han hecho empleando como arma las “lenguas propias”. Porque además esos partidos se han preocupado de marginar y denigrar cualquier resistencia a tales derivas. Y el PP, especialmente, ha imitado en Valencia, Baleares o Galicia las medidas de inmersión lingüística de los separatistas.

La Constitución dice también que las distintas modalidades lingüísticas” son un “patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Obsérvese que ya no se trata solo de lenguas regionales, sino también de “modalidades”, como pueden ser el bable, el castúo o cualquier otra, en gran medida simples formas defectuosas del español, o vulgarismos. En muchos lugares se han utilizado ¡desde la escuela! para promover un lenguaje chabacano, cutre y obsceno. Al igual que en el caso anterior, este “respeto y protección”, negados a la lengua común, han sido utilizados sistemáticamente contra esta, es decir, contra la idea misma de España, por los políticos tanto centrales como autonómicos.

El ataque disgregador a la lengua que nos une y que constituye nuestra mayor riqueza cultural, se completa con el intento de crear un país bilingüe español-inglés a partir de la enseñanza pública, con el inglés sería el idioma superior de cultura. Se trata, por así decir, de gibraltarizar España, en lugar de españolizar Gibraltar. Lo vengo denunciando desde hace años, y en vano por ahora.

¿Cómo explicar tales actitudes? Gregorio Marañón definió la política del Frente Popular como “estupidez y canallería”. Y es difícil definir con otras palabras la política seguida por gobiernos y partidos separatistas contra el idioma común; en un proceso que no busca ni puede buscar otra cosa que disgregar España, aniquilar sus señas de identidad y reducir a la impotencia cualquier oposición. Estos son los hechos, y no debe despistar a nadie la retórica justificativa con que intentan encubrirlos unos políticos que están llevando al país a su crisis más grave desde la república. Tales hechos pudren literalmente al país entero y exigen urgentemente una reacción que aniquile a los partidos que pretenden aniquilar a España, la ley y la democracia. Afortunadamente parece que estamos en los comienzos de esa reacción. También en este terreno es necesario algo parecido a una reconquista.