Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros catalanes encarcelados de ERC han reculado y se han comprometido a perseguir la independencia de Cataluña «por vías estrictamente pacíficas y democráticas». Así se expresan los cuatro antiguos gobernantes catalanes (Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó) en los escritos en los que piden su liberación al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien les investiga por rebelión al liderar el plan secesionista ilegal. Su encarcelamiento preventivo, igual que a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, les lleva a dar marcha atrás en sus posiciones.

Con esa idea, los exconsejeros de ERC argumentan que no existe el riesgo de reiteración delictiva que justificaría su permanencia en prisión, como apreció la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la primera instructora del caso. Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó aseguran que «aceptan la aplicación del artículo 155, no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». Mantienen así su objetivo de que se celebre un referéndum independentista, pero en este caso admiten que deberá alcanzarse a través de un pacto.

En el escrito, la defensa de los cuatro exconsejeros pide a Llarena la liberación y, en caso de que lo vea necesario, que sean citados a comparecer para discutir los motivos de la prisión preventiva. Aun así, el escrito se extiende en numerosos argumentos para desvirtuar los riesgos de fuga y reiteración delictiva con el objetivo de evitar esa posible citación, en la que tendrían que verbalizar esa renuncia a las vías unilaterales, quizá en varias ocasiones, ante las preguntas de la Fiscalía, lo que podría defraudar a su parroquia independentista. Los cuatro imputados alegan que son candidatos a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, y que su estancia en prisión lesiones su derecho a la participación política.

Junqueras y los demás exconsejeros de ERC dejan clara su discrepancia con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de su aceptación, y afirman que han decidido impugnarlo «por los cauces jurisdiccionalmente oportunos». «Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament», alega el escrito, en el que añaden que cesaron de sus funciones como gobernantes de Cataluña como «una decisión personal», a pesar de que fue una destitución de Rajoy.

Niegan ilegalidades

A pesar de esta marcha atrás, los exconsejeros destituidos siguen negando cualquier ilegalidad en el proceso independentista, todos cuyos pasos desobedecieron de forma frontal al Tribunal Constitucional. En el escrito, describen el plan secesionista como «un programa electoral (contrato social), evidentemente legal y mayoritariamente escogido por los ciudadanos». «Sorprende (y preocupa enormemente) el esfuerzo de la Fiscalía para convertir en delitos de rebelión y sedición los actos que, analizados detalladamente no son más que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos».

La defensa también argumenta que es imposible la reiteración delictiva porque Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó ya no ocupan ningún cargo público que les permita «tomar decisiones», aunque mantienen que no han cometido ninguna conducta ilegal. Para que quede clara su marcha atrás, al estilo de la vía Forcadell, los exconsejeros añaden: «En el caso de que en el futuro volvieran a ocuparlas (posiciones de poder institucional), están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación». Esta expresión busca convencer al juez de su renuncia a las vías ilegales, después de que Llarena permitiese a Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament investigados salir de prisión tras renunciar a cualquier «actuación fuera del marco constitucional», una expresión que no mencionan.

Los jueces atribuyen a los antiguos gobernantes catalanes los delitos de rebelión, o sedición, y malversación. El juez Llarena considera que las antiguas autoridades gubernamentales y parlamentarias catalanes, y los líderes de la sociedad civil, empujaron hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado, tratando de desbordar la situación. El Parlament votó a favor de una declaración unilateral de independencia, desoyendo todos los avisos de la justicia.