Roberto Pérez.- El nacionalismo vasco ha hecho tradicionalmente del ventajoso Cupo una máxima identitaria ligada a su particular concepto de libertades y derechos diferenciales respecto a los del resto de España. Sin embargo, la realidad es que el origen del Cupo no fue precisamente un ejercicio de democracia -nació por la rebelión de una parte de España a acatar las leyes estatales- y pervivió en el siglo XX de la mano del franquismo.

En sentido histórico, el Cupo vasco es consecuencia del fracaso de la democracia liberal en España, de su incapacidad para que las provincias vascas se sometieran al mismo marco legal, de derechos y obligaciones, que el resto de provincias españolas.

El carlismo hizo bandera de los fueros vascos, reminiscencia del Antiguo Régimen que incluso sobrevivió a los centralistas Decretos de Nueva Planta de Felipe V. Es decir, fue protegido por el absolutismo.

Ya en el siglo XIX, después de tres guerras que desangraron España durante esa centuria, el carlismo acabó vencido en 1876. Pero su bandera foral pervivió, impuesta por las instituciones vascas. Los liberales encabezados por Antonio Cánovas del Castillo se decidieron a poner punto y final a la excepcionalidad vasca de los fueros, pero fue una tarea fallida.

Recién acabada la tercera contienda carlista, el 21 de julio de 1876 vio la luz la Ley de Abolición de los Fueros. Sancionada por el Congreso y por el Senado, suponía incorporar a las tres provincias vascas en condiciones de igualdad al resto de territorios españoles. Pero las diputaciones forales se negaron a acatar esa ley, y el Estado se vio incapaz de hacerla cumplir en la parte económicamente nuclear de la norma: la recaudación de impuestos.

El órdago de las diputaciones vascas acabó inclinándose de su lado. El Gobierno, incapaz de desplegar con rapidez una administración estatal eficaz en suelo vasco, se plegó a un arreglo pactado con las diputaciones forales: ellas recaudaban, y le daban una cantidad al Estado cada año que pactaban previamente de tú a tú con el Gobierno central. Así nació el modelo del Concierto Económico Vasco, que se sustancia con el Cupo.

En 1878 entró en vigor esa componenda que nació como solución de compromiso momentáneo pero que acabó convirtiéndose en perenne: el Estado aceptó que las diputaciones forales fueran las encargadas de recaudar los impuestos, de administrar dicha recaudación y de entregar una parte al Estado (Cupo) para compensarle por los gastos que España en su conjunto asume en la prestación de servicios y competencias en el País Vasco.

Una calculadora muy política

Desde su origen, el «Cupo» se revisa periódicamente y en la calculadora pesa la política y los equilibrios de poder de cada momento. En el actual, el PNV le resulta parlamentariamente esencial al PP.

El caso es que aquella componenda histórica a la que tuvo que plegarse el Estado liberal encontró eco en el franquismo, que no dudó en abrazarse al privilegiado modelo del Cupo, que no le resultaba ni incómodo ni incompatible con las tesis de la dictadura. Eso sí, lo arropó de forma selectiva: mantuvo este privilegiado modelo en Álava como «premio», pero se lo quitó a Vizcaya y a Guipúzcoa por considerarlas «provincias traidoras», por no haberse puesto del lado de Franco tras el Alzamiento.

Desde este punto de vista histórico, por tanto, el Concierto vasco -y su sustancia monetaria, el Cupo- no pueden presumir precisamente de pedigrí democrático, más bien al contrario. Franco incluso aceptó revisar la cuantía del privilegiado Cupo vigente en Álava. Lo actualizó en el año 1952, y el cálculo volvió a revisarse poco después de morir el dictador, en 1976, todavía en la etapa preconstitucional.

El sistema del Cupo no obtuvo auténtica carta democrática hasta 1978, cuando se tornó en derecho constitucional lo que hasta entonces había sido esencialmente una reminiscencia histórica ligada al Antiguo Régimen, consentida por el absolutismo monárquico en el siglo XVIII, defendida a ultranza por el carlismo y protegida por el franquismo.

En 1978, por vez primera, España elevó a la categoría de constitucional la excepcionalidad foral de las provincias vascas y de Navarra al proclamar, en su disposición adicional primera, «los derechos históricos de los territorios forales».