Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros regionales desplazados a Bruselas.

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas se han entregado hoy a la Justicia belga en calidad de detenidos y han rechazado su traslado ante las autoridades españolas por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 09.17 horas de este domingo, ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.

La entrega fue “convenida” con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados.

Se produjo en una Comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde permanecen en “privación de libertad”, es decir, “sin libertad de movimientos” y obligados a permanecer en el edifico, si bien no están en un calabozo, ha precisado el portavoz del Ministerio Público.

El medio centenar de profesionales de los medios de comunicación que aguardaban a Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos en el inmueble no los vieron entrar, ya que lo hicieron en coche y a través de la puerta con acceso subterráneo al edificio.

La Fiscalía deberá ahora designar a un juez de instrucción, probablemente a lo largo del domingo, según las mismas fuentes, que les tomará declaración por separado a cada uno de ellos y siempre antes de las 09.17 horas de mañana.

En cada una de esas vistas estarán presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues han elegido que la comparecencia sea en neerlandés, ha agregado Dejemeppe, quien ha precisado que lo más probable es que las audiencias concluyan en la tarde noche de hoy.

El que fuera 130 presidente de la Generalitat de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert.

Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí han elegido el neerlandés frente al francés como idioma para el procedimiento de instrucción.

Aunque no se ha informado aún de quién será el juez instructor, sí se puede adelantar que será un magistrado neerlandófono, idioma que ha sido elegido por Puigdemont y el resto de arrestados para el procedimiento, a pesar de que ninguno de ellos habla esta lengua, pero sí el francés.

Tenían la posibilidad de “elegir entre el francés y el neerlandés” para el procedimiento, según ha explicado a los medios el Fiscal de Bruselas y portavoz Gilles Dejemeppe, y los arrestados han optado por el segundo. “Quizá ha sido un consejo de sus abogados”, ha apuntado.

Así, todos los documentos de la instrucción se redactarán únicamente en neerlandés y las vistas y declaraciones tendrán también como idioma principal la lengua de Flandes, aunque habrá un traductor neerlandés-español que asista a los acusados, ha aclarado la Fiscalía.

A continuación, el magistrado deberá en cada caso decir si acepta ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

En el supuesto de que no la rechace, el juez de instrucción tendrá que decidir si ordena su liberación con condiciones o si les impone prisión preventiva.

“El juez deberá decidir en 24 horas, es decir, antes de las 09.17 horas de mañana”, ha dicho el portavoz de la Fiscalía, quien ha puntualizado que si el juez de instrucción “considera que no debe liberarles, serán conducidos a prisión”.

El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, ha recordado el portavoz del Ministerio Público en una rueda de prensa en francés, inglés y neerlandés.

No obstante, el portavoz de la Fiscalía ha matizado que, en caso de que no se ordene su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.

Es decir, que en ese caso Puigdemont no sería entregado a España antes del 21 de diciembre, cuando hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña a las que pretende concurrir y para las que su partido, el PDeCAT, le ha propuesto como cabeza de lista.

El expresidente autonómico se manifestó públicamente por última vez anoche, a través de la red social Twitter y en neerlandés, con un mensaje en el que se decía “plenamente” dispuesto a colaborar con la Justicia belga.

El entorno del político independentista en Bruselas ha explicado hoy a los medios de comunicación que su interpretación de la situación jurídica de Puigdemont es que no está detenido, sino “a disposición” de las autoridades belgas, actitud que “se enmarca en su voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un procedimiento justo e imparcial”.