Sigfrid Soria, exdiputado por Lanzarote

Sigfrid Soria del Castillo Olivares*.- Los españoles hemos de exigir querellas contra aquellos responsables públicos, electos o no, que afirman mediáticamente que en España hay presos políticos. Que esta afirmación la hagan políticos independentistas no produce extrañeza por la evidente solidaridad delictiva que venden con la grotesca y bastarda defensa de los políticos presos, aunque ello no les exime de la reiterada comisión de indudables delitos contra el honor de España.

Pero que, aparte de los políticos independentistas, quien asimismo lo afirmen sean los políticos chavistas antisistema, lo que produce es una tendencia inicial a la hilaridad desenfrenada. Es decir, para partirse de risa si no fuera porque realmente es terriblemente triste. Digo esto porque esos chavistas antisistema son los que admiran y se financian por regímenes en los que, ahí sí y contrastado por la ONU, HRW, AI, etc., hay cientos de presos políticos sobreviviendo en condiciones infrahumanas.

Según el artículo 18 de la Constitución española, el derecho al honor no solo se limita a las personas físicas, también se extiende a las personas jurídicas. Este derecho se relaciona con la reputación y la fama, por lo que quienes sostienen que en España hay presos políticos, como los hay en los países del tercer mundo y en las repúblicas bananeras, asimilan la vulneración de derechos humanos fundamentales habida en dichos países con la absolutamente inexistente correspondiente en España. Es decir, acusan temerariamente despreciando toda la verdad.

La consecuencia de asimilar la Justicia española con la de los países en los que sí hay presos políticos y presos de conciencia es vulnerar el derecho al honor de España, con el perjuicio a la imagen, a la reputación y a la fama de nuestro democrático país.

Por tanto, el Estado de Derecho español ha de proceder contra quienes desde posiciones mediáticas derivadas de Cargos Públicos agreden a España en su derecho al honor. La figura penal en la que incurren frecuentemente tanto políticos independentistas como chavistas antisistema es la calumnia, la cual está penada con hasta dos años de prisión.

Por último, quienes han de actuar sin mayor dilación contra quienes envían misiles a la línea de flotación de la imagen de España vulnerando su derecho al honor al delinquir por medio de la calumnia y lesionando los intereses de todos los españoles son el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El primero, tanto con su brazo de la Fiscalía como con el de la Magistratura. El segundo, el Poder Ejecutivo, con su brazo de la Abogacía General del Estado. No estaría de más que el tercer Poder del Estado, el Poder Legislativo, motu proprio o a instancias del Poder Ejecutivo acometiese la oportuna reforma del Código Penal para dotar de mayores penas este tipo de delito. Dos años de prisión es muy poco.

Es intolerable que Tardá, Rufián, Echenique, Iglesias, Colau y otros, calumnien un día sí y otro también a España, afirmando que aquí hay presos políticos. Lo dicho, intolerable.

*Sigfrid Soria del Castillo Olivares fue diputado y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Ex director general de la Academia Canaria de Seguridad y ex director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.