El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ha mostrado contrario a la denuncia que ha realizado el Partido Popular de Valencia ante al Junta Electoral contra las televisiones por informar del número de imputados que van en las listas electorales del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. A juicio de Pons, la libertad de prensa es “sagrada” y hay que preservarla al igual que, ha matizado, el derecho de “cualquier ciudadano” a presentarse a las elecciones. “No es de un grado inferior”, ha dicho, para insistir en que la libertad de información es “sagrada”.

Preguntado por si ha sentido algún tipo de satisfacción cuando el Tribunal Supremo ha citado a declarar al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las escuchas a los cabecillas de Gürtel, antes que a los propios imputados de la trama, Pons ha asegurado que no se siente satisfecho y lo ha calificado de “mala noticia”. “Me parece una mala noticia. No siento ninguna satisfacción y más con todo lo que está sucediendo ahora con ETA y con algunos presos, porque Garzón ha sido una de las personas que más ha colaborado en la lucha contra la banda”, ha concluido el secretario de Comunicación del PP.

A su vez ha considerado este jueves que se ha “exagerado” el número de miembros del PP imputados por la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’ porque hay personas que aparecen en las “informaciones” y que “todavía” no están “formalmente” inculpados.

En una entrevista en Telecinco, Pons ha pedido “no dejar en manos de no se sabe quién” los efectos políticos y sociales que produce una imputación y ha recordado que una persona está en “plenitud de derechos” hasta que los tribunales no le acusan “formalmente”. “¿Qué pasa si no les imputan?”, ha preguntado el dirigente ‘popular’ para recordar que el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, estuvo imputado “casi dos años” y después la Justicia “archivó la causa”. “No podemos anteponer los efectos que tiene una imputación a nadie antes de que se produzca”, ha recalcado.

Denuncia retirada

Ante la polémica provocada por la reclamación, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente ha presentado un escrito ante la Junta Electoral de Zona, para que lo remita a la Central, en el que pide que se tenga por “desistida” a la formación de las reclamaciones que planteó el pasado 11 de abril en relación con las noticias emitidas en las televisiones Cuatro, Telecinco, La Sexta y RTVE sobre la inclusión de imputados en las listas de la formación y solicita que archive estas consultas.

Según consta en el escrito presentado, las reclamaciones presentadas plantearon ante la Junta Electoral una cuestión “estrictamente jurídica”, como era la de “si el uso del concepto ‘imputado’ y ‘corrupción’ pueden considerarse extrajurídicos y, por ello, ajenos al principio de neutralidad informativa que exige la LOREG respecto a las informaciones de los medios de comunicación de titularidad pública y privada durante el proceso electoral”.

Sin embargo, según recoge el texto, “la cuestión suscitada ha sido interpretada como una limitación al derecho de información y prensa constitucionalmente consagrados, a la vista de las reacciones advertidas en los medios de comunicación al conocerse la interposición de las citadas reclamaciones”.

El PPCV precisa que “en ningún momento ha pretendido plantear un debate sobre el ejercicio del derecho a la libertad de información y prensa, los cuales son piedra angular del sistema democrático” y especifica que “expresamente” rechaza “cualquier interpretación que pudiera conducir a sembrar dudas sobre el valor esencial de dichos derechos para el Partido Popular”. “Y es por ello que, a efecto de evitar tales interpretaciones, y sin perjuicio del contenido estrictamente jurídico de las reclamaciones planteadas”, el PPCV expresa su desistimiento de las reclamaciones y pide que esta acción “sirva como la más explícita muestra del pleno respeto a los derechos de información y prensa por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y contribuya a disipar cualquier duda sobre la voluntad real de las reclamaciones presentadas y el ámbito estrictamente jurídico en el cual se plantearon”.