La salida de empresas de Cataluña, temerosas ante las consecuencias políticas, sociales y económicas del ‘procés’, empieza a generar también el traslado de algunas partes del negocio fuera de la región. Un goteo que apenas será perceptible en las estadísticas macroeconómicas, pero que es real y palpable, y es consecuencia de la normativa del impuesto de sociedades. Ya nadie podrá decir que “solo trasladan su sede social pero no su actividad”.

La Ley del Impuesto de Sociedades obliga a las empresas a establecer su domicilio fiscal donde tengan “centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios”. La normativa señala que la sede fiscal se establecerá donde la empresa tenga su domicilio social, a no ser que su gestión y dirección se realicen en otro lugar. En otras palabras, tendrá preponderancia la ubicación de la gestión y la dirección, por encima de la sede social o del resto del negocio.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

Esto significa que todas las empresas que han salido de Cataluña para escapar de las presiones de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) estarán obligadas a desplazar también sus equipos de gestión y dirección. Esto no significa un gran traslado de personal o de recursos, pero sí supone el primer paso de esta salida de la región. Un buen ejemplo ocurrió el martes con la inédita presentación de resultados de CaixaBank en Valencia. La entidad realizó desde allí la rueda de prensa para periodistas y también la ‘conference call’ con inversores y analistas, y el consejo de administración. Un gesto inequívoco, para la Agencia Tributaria, del desplazamiento de la gestión y dirección de la empresa junto con la sede fiscal, lo que sirve para cumplir con la Ley del Impuesto de Sociedades.

La Agencia Tributaria está vigilando de cerca que las empresas que desplazan su domicilio fiscal fuera de Cataluña respeten la normativa y trasladen también sus tareas de gestión y dirección. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que por el momento no han detectado ninguna compañía que haya incumplido este punto de la ley, pero mantendrán una supervisión estricta. Esto significa que cada compañía que anuncia el traslado de su sede se está llevando una parte de su actividad económica, pequeña pero significativa, ya que es el cerebro de la empresa. Es, en definitiva, el primer paso del éxodo del sector empresarial de Cataluña por la incertidumbre política y social.

El cambio del domicilio fiscal se produce por defecto a la vez que el social, a no ser que la empresa no esté dispuesta a desplazar la dirección y la gestión. En este caso, estará obligada a comunicar a la Agencia Tributaria dónde sitúa su sede fiscal. En lo que va de mes, ya han anunciado el traslado de su sede social más de 1.300 empresas, entre las que se encuentran todas las grandes firmas catalanas del Ibex, como CaixaBank, Sabadell, Gas Natural, Abertis, Cellnex o Colonial.

Lo que busca la norma es que la sede fiscal sea aquella en la que se sitúen las decisiones más importantes de la compañía. Este factor es el que más pesa a la hora de determinar el domicilio fiscal. Solo en el caso de que la gestión no pueda establecerse en un punto concreto, se tendrá en cuenta el domicilio en el que “radique el mayor valor del inmovilizado”.

¿Una balanza fiscal deficitaria?

Con este movimiento, las empresas huyen de las posibles presiones que realice la Agencia Tributaria Catalana para que tributen en la región. Su cabecera pagará impuestos al Estado, aunque la Generalitat podría tener la tentación de recaudar la parte del beneficio generado en Cataluña, como ocurre con las multinacionales españolas que pagan impuestos también donde tienen su negocio, o como las multinacionales extranjeras que pagan en España. Sin embargo, como el impuesto de sociedades se recauda a nivel estatal, la Generalitat tendría que realizar la declaración unilateral de independencia (DUI) para exigir estos tributos.

Lo que está claro es que el cambio de las sedes fiscales no afecta al cálculo de las balanzas fiscales, por lo que Cataluña seguirá siendo una contribuyente neta al sistema fiscal español, junto a Baleares, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La metodología que se utiliza para conocer el saldo de cada región ya recoge el impacto de la recaudación de los impuestos estatales en la sede, como es el caso de sociedades o del IVA.

Si estos tributos se contabilizasen en la autonomía en donde la empresa tiene su domicilio fiscal, la balanza fiscal de Cataluña o de la Comunidad de Madrid tendría mucho más superávit, ya que las grandes empresas tienen su sede en estas regiones (al menos hasta 2016). Para evitar este efecto, la metodología para el cálculo de las balanzas estima el beneficio generado en cada región y, por tanto, la parte del impuesto de sociedades que se produce en cada territorio. Pero el cálculo de la balanza fiscal es solo un indicador teórico sin implicaciones reales; sin embargo, el traslado de una parte de la actividad es real y ya está ocurriendo.

Fuente:El Confidencial