José Manuel Otero Lastres .- No me parece que pueda dudarse de que la Constitución pertenece al ámbito de la política. El Diccionario de la RAE la define como “Ley Fundamental de un Estado, con rango superior al resto de la leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”.

Y basta leer algunos párrafos del Preámbulo de nuestra Constitución de 1978 para confirmarlo. Así, en él se proclama la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y proteger a todos los españoles y los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Es decir, la política se refiera al funcionamiento y a la relación entre las instituciones y todo ello se regula en la Ley de Leyes que es la Constitución.

Pues bien, en la Constitución se regula el mecanismo para elaborar la ley como expresión de la voluntad popular y se establece de dónde emana la ley y quién la administra.

Así, nuestra Carta Magna dispone que son las Cortes Generales las que hacen las leyes. Añade que corresponde al Gobierno dirigir la política interior y exterior, lo cual implica la iniciativa de preparar y presentar los proyectos de ley en los que plasme su política y establece que el gobierno responde de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Finalmente, establece que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a los tribunales.

Por eso, si hay alguien que incumple una ley, sea una persona física o una persona jurídica, pública o privada, está vulnerando la voluntad popular y, por tanto, tiene que ser juzgado con todas las garantías y, en su caso, condenado por haber infringido la ley.

Estas nociones, que son elementales y que deberían ser de obligado conocimiento para todos los que se dedican a la política, son constantemente ignoradas por Pedro Sánchez. En su equilibrio surfista para tomar la ola que más le convenga, y ante la impecable medida del Gobierno de controlar los gastos de la Generalitat para que no destine sus fondos a nada que tenga que ver con el referéndum ilegal, Sánchez acaba de declarar que “con la ley no basta” y que para resolver el problema catalán “falta la política”.

Estas sorprendentes declaraciones son erróneas y encierran un sofisma (un argumento falso con apariencia de verdad). En primer lugar, porque no se pueden contraponer como si se tratara de realidades diferentes la ley y la política. Son partes de lo mismo: la ley es política y la política se hace a través de la ley. En segundo lugar, porque cuando se incumple la ley solo cabe la solución política de juzgar y condenar al infractor mediante el cumplimiento de lo que prevé la propia ley. De lo contrario, más que hacerse política, lo que se hace es entrar en el mundo caprichoso de la arbitrariedad. Y tercero porque sostener que para resolver el problema catalán del constante incumplimiento de la Constitución y las leyes es hacer “política”, lo que encierra implícitamente es una propuesta de impunidad.

¡No, señor Sánchez, no engañe a los ciudadanos! Todos tenemos que cumplir la ley que representa la voluntad popular y si la ley que nos hemos dado no gusta, no hay que “hacer la política” de incumplirla y prometer impunidad, sino cambiar la ley. La verdadera política constitucional es exigir con firmeza el cumplimiento de la ley y prometer, si eso es lo que cree que lo llevará a la Moncloa, una modificación de la Constitución siguiendo el procedimiento previsto en ella misma a tal efecto.