Últimamente estamos de aniversarios políticamente significativos. Hace poco el de la transición, ahora el de la liberación de Ortega Lara o el del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Del segundo, el PP ha pasado de puntillas, porque el caso Bolinaga, el bestial carcelero de Ortega, dice todo sobre lo que ha llegado a ser ese partido y ese gobierno. En cambio se ha volcado con el aniversario del citado asesinato, a cuya víctima PP y gobierno han hecho mil homenajes. Pero, ¿a quién homenajean en realidad? ¿A quién homenajea un gobierno que ha reconocido los asesinatos como un modo aceptado de hacer política y los ha recompensado con legalidad, dinero público, presencia institucional, proyección internacional, liberación y acercamiento de presos…? Homenajean precisamente a los asesinos en una burla sangrienta a las víctimas. Una burla criminal a las víctimas, la apoteosis de la complicidad con los asesinos, a quienes en la brutal perversión del lenguaje dicen haber derrotado.

¿Y quiénes son las víctimas? Aparte de las personas directamente asesinadas hay otra víctima de la que nadie se acuerda: el estado de derecho. Un estado que admite el terrorismo, “dialoga” con él y premia sus atentados como está dicho, no es un estado de derecho. Es otra cosa. Es la manifestación, una más, de una democracia corrompida hasta el tuétano por unos políticos delincuentes. De una democracia fallida.

Un rasgo asombroso dentro de esta asombrosa situación es que prácticamente nadie haya señalado estas clamorosas evidencias. No sé si soy el único en denunciarlo, pero desde luego no he visto a nadie más decirlo con claridad. Y esto es así porque, como he expuesto en La guerra civil y los problemas de la democracia, ni la derecha ni mucho menos la izquierda tienen pensamiento democrático en España. “Democracia” es una palabra mágica que cada político, partido e intelectual usa a su manera y en su propio interés. Pues bien, el estado de derecho es un elemento absolutamente básico de la democracia, y ha sido destruido entre la ETA y los gobiernos de ZP y Rajoy ante los ojos de todo el mundo y sin que nadie o casi nadie haya dicho una palabra al respecto. Lo cual indica mucho, de paso, sobre la calidad del análisis político corriente.

Recapitulemos los hechos. En Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, he explicado cómo la ETA gozó de tratamiento especial, “político” por parte de la izquierda y la derecha desde la misma Transición. Es decir, se identificaba democracia con antifranquismo, con lo que ¿quién más antifranquista que la ETA? ¿No merecía un premio por sus asesinatos, en especial el de Carrero Blanco, que según tantos botarates de la transición había abierto el camino a la democracia? Claro que la ETA siguió asesinando, muchísimo más que en el franquismo, y los gobiernos siguieron insistiendo en la negociación y en la “salida política”. “Solución” impulsada también especialmente desde El País, principal orientador intelectual no solo del PSOE, sino también de la derecha.

Esto solo cambió con Aznar, gracias sobre todo a la presión de Mayor Oreja y contra gran parte de los capitostes del propio PP. El cambio consistió, simplemente, en no relacionar los crímenes terroristas con la política, y aplicarles ¡por primera vez de modo coherente!, las reglas del estado de derecho. Y los resultados fueron, también por primera vez, determinantes. La ETA fue progresivamente acorralada, cada vez más incapaz de matar, y con un apoyo popular en rápida caída. Aquella política, única admisible en una democracia real, habría acabado de curar en uno o dos años más el cáncer etarra, tan alimentado por la “solución política”. En tales circunstancias volvió el PSOE al poder y rápidamente procedió a invertir la política anterior. La aplicación de la ley fue sustituida por “diálogos” clandestinos con los desbaratados asesinos, ofreciendo a sus disfraces políticas todo género de facilidades, que no es preciso repetir.

La complicidad –esta es la palabra— con la ETA por parte de Zapatero, su partido y su gobierno se explican fácilmente: todos ellos comparten hasta un noventa por ciento de ideología (incluido el apoyo a LGTBI). Pero llegó Rajoy al poder y, para sorpresa de los ingenuos, siguió exactamente la misma política, fortaleciendo las máscaras políticas de la ETA. Digo sorpresa de los ingenuos porque ya cuando el PP estaba en la oposición, en 2008, observé, para escándalo de tantos “analistas”, que Rajoy iba a seguir a Zapatero (http://blogs.libertaddigital.com/presente-y-pasado/no-es-rajoy-pro-etarra-3407/2.html). ¿Por qué, se dirá, si el PP no tiene afinidad ideológica con la ETA? Digamos que el PP realmente no tiene ideología, más allá de cuatro tópicos vagos sobre esto o aquello y sobre todo la idea de que “la economía –el dinero—lo es todo”, como ha explicado el lector del Marca. De ahí que su política actual venga siendo la concesión, la claudicación, el entreguismo, la financiación-soborno, la corrupción compartida con todos. Con ello espera calmar los radicalismos de la izquierda y los separatistas, a quienes ha llegado a parecerse en casi todo. Pero, contra lo que imaginan sus admiradores, Rajoy es tan “asno solemne”, que en lugar de calmarlos los encabrita y encona, mientras la ley es vulnerada a diario por unos y por otros. Empezando por el propio gobierno que, siempre en la farsa, habla de “cumplir la Constitución”.

Y así hablar de democracia en España es hoy una burla más de la realidad. El país vive en estado de farsa, y los “homenajes” a Miguel Ángel Blanco solo ponen de manifiesto la calidad infame de ese permanente insulto a la democracia, a la decencia intelectual y al propio lenguaje, deformándolo y pervirtiéndolo para hacerlo significar lo contrario de lo que denota. Trump se refirió a los Clinton así: “No olvidéis, son criminales”. Y España vive en una permanente farsa criminal que todo lo corrompe y que se quiere hacer pasar por “libertad, derechos, pluralismo, y todas las palabras bonitas que a los farsantes de turno se les ocurra, para desconcertar y neutralizar la necesaria respuesta ciudadana, la necesaria resistencia a tanta vileza