El Ayuntamiento de Salt ha clausurado ochenta y ocho pisos para evitar su ocupación ilegal. Esta es una de las medidas que ha tomado últimamente el consistorio para poner trabas a los ocupantes ilegales. El procedimiento que se sigue, según la alcaldesa, Iolanda Pineda, es enviar la policía en el piso cuando se detecta que alguien ha entrado. A continuación la policía asegura, si la puerta está abierta, que no hay nadie dentro en este caso, ponen un precinto en la puerta.

El siguiente trámite que se hace es localizar al propietario del piso, en la mayoría de los casos que se ha encontrado el Ayuntamiento, el propietario son entidades bancarias. Con la autorización del propietario clavan un clavo entre el marco y la puerta para hacer desistir a los ocupas y dificultar la ocupación. El consistorio debe asumir de momento el coste de esta actuación, que se sitúa en torno a los cincuenta euros por piso.

Según la alcaldesa, esta medida “no evita que se sigan ocupando pisos, pero sí que se está demostrando que es un buen sistema para poner dificultades” a los ocupas. Pineda recuerda que la policía no puede desalojar un piso si no hay una denuncia previa del propietario, y remarca que es muy importante la rapidez a la hora de actuar. La práctica generalidad de estos inmuebles son ocupados por inmigrantes ilegales, precisan los vecinos.

Reunión con Felip Puig

Iolanda Pineda se reunió el pasado martes con el conseller de Interior, Felip Puig. Este encuentro lo pidió la alcaldesa tras el desalojo del Palacio del Cine, en Via Laietana de Barcelona. El conseller anunció severidad contra las ocupaciones y que habría “tolerancia cero”. Pineda explicó en Puig la problemática de la ocupación de pisos en Salt, y el conseller le apoyó. En concreto, según la alcaldesa, Puig dio órdenes a los mandos policiales para que trataran las ocupaciones de pisos de Salt como si fueran empleos de los anti sistema. Esta orden podría acelerar las expulsiones de los ocupantes ilegales de los pisos que ocupan.

Las entidades bancarias

En varias ocasiones la alcaldesa de Salt remarcó el importante papel que tienen las entidades bancarias en la resolución de la problemática de las ocupaciones de pisos en Salt. El Ayuntamiento tiene contado que hay entre 400 y 500 pisos en Salt que son propiedad de bancos y cajas que están vacíos. En un porcentaje muy importante, son estos pisos los que se suelen ocupar de manera ilegal. Los datos con las que trabaja el consistorio revelan que en Salt hay entre 25 y 30 pisos ocupados constantemente. En esta cantidad se incluyen sólo aquellas viviendas cuyos ocupantes han provocado algún tipo de conflicto en la comunidad (entradas y salidas constantes, puertas abiertas a la fuerza…) y que, por tanto, se han podido localizar.

Las cifras

Hay en Salt 30 pisos ocupados de media cada mes y se detectan porque sus habitantes han provocado conflictos. En total existen 500 pisos vacíos propiedad de entidades bancarias. Estos son sobre todo los pisos que ocupan ilegalmente los inmigrantes.

Poca colaboración de algunas entidades bancarias

Hace algunos meses, la alcaldesa se quejó de la indiferencia de algunas entidades bancarias a la hora de evitar que los pisos de su propiedad no sean ocupados. En concreto, habló de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. La alcaldesa dijo que la entidad tenía pisos ocupados en Salt y que aunque desde el Ayuntamiento se lo habían pedido, la CAM no había presentado ninguna denuncia. Según Pineda, al día siguiente recibió un comunicado de esta entidad bancaria en la que expresaba su malestar por las declaraciones que había efectuado y aseguraba que la entidad sí había presentado una denuncia por la ocupación de los pisos. Para demostrarlo se la hicieron llegar.

Según la alcaldesa, era una denuncia hecha en Alicante en el que se denunciaban todos los pisos ocupados que la CAM tiene en España. Este hecho supone que la policía la tramitará al juez, que deberá inhibirse del caso y traspasarlo a cada uno de los juzgados del Estado según el territorio del piso ocupado. Estos trámites, según la alcaldesa, “pueden tardar años en terminar, y al final tendrá que acabar archivando la causa porque ya será un tema civil”. En la denuncia que hizo la CAM había dieciséis pisos de Salt. El municipio aplica un plan pionero para gestionar las deudas comunitarias

Pisos en el barrio centro

Los problemas económicos de algunas comunidades de propietarios de Salt llevaron los técnicos del Ayuntamiento, hace dos años, a diseñar un plan para hacer frente a esta problemática. Hasta entonces el tratamiento que hacía el consistorio de los problemas dentro de las comunidades de vecinos se limitaba, en buena medida, a hacer de mediación en los conflictos vecinales que surgían. La percepción que el problema se hacía cada vez mayor, de que los administradores de fincas no querían asumir la gestión de estas comunidades por las dificultades que les creaba a la hora de cobrar cuotas, hizo surgir la idea del proyecto de deudas comunitarios. Con este proyecto, el Ayuntamiento, a través de la oficina de vivienda, realiza tareas de administrador de fincas social. La idea es formar y acompañar a las comunidades para resolver situaciones graves en las finanzas comunitarias.

No se paga la deuda de ninguna comunidad. Lo que se hace es un análisis de la situación financiera que tienen y se elabora un plan de saneamiento. Se les ayuda a reducir gastos que son innecesarios y se hace un plan de amortización de las deudas para cada vecino. En algunos casos se les lleva la contabilidad, se cobran los recibos y se hacen las gestiones que sean necesarias. El resultado es que las comunidades se sienten más acompañadas, se reduce la tensión, se racionaliza poco a poco la situación financiera y, de rebote, mejora la convivencia vecinal. Hace dos años había detectadas 80 comunidades con problemas de acumulación de deudas, considerados muy graves en 50 de los casos. Actualmente se está trabajando con 36 de estas comunidades: a 18 se les lleva la gestión administrativa, como haría un administrador de fincas, ya las otras 18 se les hace asesoramiento puntual. La idea es que en dos años estas comunidades se autogestiones.

Mientras tanto, pagan una cuota simbólica para hacerles entender que este servicio tiene un coste. Para poner el programa en funcionamiento se llamó a la puerta de las administraciones catalana y española. Desde la Generalitat no colaboraron, pero desde el Estado se concedió una subvención para un año. No hace ni un mes que el Estado renovó la subvención (de unos 70.000 euros) para un año más. Este hecho permitirá incorporar un segundo técnico para poder atender más comunidades, y con más eficiencia.