“Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.”

Estas palabras no son mías (¡Qué más quisiera yo…!) son de Ayn Rand (La rebelión de Atlas), pero definen con absoluta precisión la actual realidad de España. Aunque alguno dirá que nuestro país no es el único que se ve retratado en tales palabras, claro que, mal de muchos además de consuelo de tontos es sinónimo de epidemia, y a veces de pandemia.

Ayn Rand divide a las personas en dos tipos: quienes producen y los que no producen, que generalmente viven a costa de los primeros. Los que producen crean riquezas aparte de causarle un gran beneficio a la sociedad; los que no producen se limitan a “succionar” a los que producen, a parasitar de ellos, no producen nada y para más inri suelen destruir lo que crean los productores, para lo cual se sirven de las leyes y de la administración del estado.

Ayn Rand ha sido aplaudida de manera entusiasta por muchos (su libro, La rebelión de Atlas, es el más leído en los EEUU después de la Biblia) y denostada por otros, en muchos casos desde un profundísimo desconocimiento… Son muchos los que la consideran una apologista del egoísmo, por considerar que lo que debe perseguir principalmente cualquier individuo es su propio provecho y evitar supeditarse al grupo.

Las palabras de Ayn Rand me traen a la memoria que hace alrededor de veinte años el Tribunal de Cuentas de España, tras realizar auditorías contables a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, a los sindicatos, organizaciones patronales, etc. llegó a la conclusión, y así lo “denunció”, de que todos ellos se habían lucrado durante un largo periodo de manera fraudulenta, de los que entonces se denominaban “cursos de formación ocupacional” (sí, algo parecido al affaire de los “eres” en Andalucía)

Hubo un consenso, generalizado en el Congreso de los Diputados respecto de que aquellas eran prácticas comunes a todos ellos, y sin sonrojarse lo calificaron como cosa atribuible a la “picaresca” característica de la cultura española. Ni qué decir tiene que se corrió un tupido velo, y nadie se acabó responsabilizando de nada de lo concerniente a los escandalosos cursos, en los que hasta supuestamente participaba gente que había fallecido.

Hace unos pocos días que también el Tribunal de Cuentas (que para el que no lo sepa hay que advertir que no tiene capacidad sancionadora y que a lo sumo hace de “pepito grillo”) ha denunciado las múltiples irregularidades de lo que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero denominó el “Plan E”, el mencionado tribunal denunciaba la dilapidación, el despilfarro de miles de millones de euros (7.836 millones) aparte de enésimas “irregularidades” de toda índole. Por supuesto, nadie se hace responsable de tal desaguisado y –que se sepa- nadie ha pedido cuentas de tal despropósito.

Sirvan estas muestras de ejemplo de que los partidos políticos (aunque quizá hay alguna excepción marginal, e insignificante) consideran que el fraude, la malversación de fondos públicos, el robo, la estafa, y tantas tropelías más de las que nos hablan un día sí y el otro también los medios de información, son “daños soportables”.

El texto de Ayn Rand me lleva inevitablemente a preguntarme con respecto a España, y más después de las últimas detenciones de destacados miembros del partido gobernante (el Partido Popular, por si a alguien se le ha olvidado) e incluso la petición de que Mariano Rajoy comparezca ante un tribunal para ser interrogado:

¿Acabarán algún día las detenciones de políticos de los dos partidos que se han alternado en el poder en España en los últimos cuarenta años? ¿Es España un país especialmente corrupto; tenemos los gobernantes que nos merecemos, son todos los políticos unos golfos… acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

Y tú, y tú, y tú, cualquiera que lea estas líneas: ¿Qué haces o estás dispuesto a hacer contra la corrupción?

Porque, no nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc.

Y me dirá más de uno que en España el que no se corrompe no es porque no lo desee sino porque aún no ha encontrado el modo de hacerlo; y que estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, despilfarro, y un largo etc. por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido.

Pues NO, somos muchos los que consideramos que el parasitismo en España no es un daño soportable, un mal menor, y que España tiene remedio. Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesario un “cirujano de hierro”, o mejor dicho una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan. Y me dirá más de uno que ¿Eso cómo se hace? Pues, muy sencillo:

Empezando por aplicar el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y evidentemente la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos.

Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales. Es imprescindible, si se quiere erradicar la corrupción, el parasitismo (algunos los llaman “élites extractivas”) recuperar el estado unitario, desmantelar el “estado de las autonomías”, y que el gobierno central recupere todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la capacidad de decisión que tienen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Ni que decir tiene que, si se quiere acabar con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el “chip” y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada).

España necesita reformas, necesita profundos cambios; y los cambios no vendrán con más estado, más políticas socialdemócratas, más políticas intervencionistas, más burocracia, más despilfarro -pese a que una gran mayoría de los españoles así lo piense-; no vendrán con una legislación y con formas de gobierno que espantan las inversiones, en lugar de recibirlas con los brazos abiertos, con una legislación y una forma de gobierno que no fomenta la apertura al comercio exterior, los cambios que España necesita con urgencia extrema no vendrán con leyes y formas de gobierno que distorsionan la realidad, que distorsionan las estadísticas para engañar a la ciudadanía, aunque lo hagan cínicamente con “talante” a la vez que con ausencia de talento.

No se olvide que los regímenes liberal-democráticos –no populistas-poseen un mayor nivel de bienestar y de crecimiento, son previsibles e infunden más confianza. Por eso nos vamos quedando en el vagón de cola, en el “trasero del mundo”, pese a las enormes potencialidades que seguimos manteniendo inactivas, por responsabilidad del modelo populista de los partidos que forman parte del consenso socialdemócrata (PP, PSOE, CIUDADANOS, PODEMOS) que hipnotiza, esclaviza y embrutece.

Y más de uno me preguntará: ¿Alguien está dispuesto a cambiar la organización territorial del Estado, o a profundizar en el sistema de democracia liberal con estricta separación de poderes, o a meterle mano al sector energético, o hacer una reforma laboral medianamente decente, o promover un nuevo sistema de pensiones, o eliminar los privilegios de los colegios profesionales, o eliminar trabas burocráticas inútiles, o promover la innovación y el crecimiento empresarial en lugar de seguir subvencionando estúpidamente a las dichosas PYMES?