Sergio Fernández Riquelme/Katehon.- “Quienes hablan mal de la Familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen”. G.K. Chesterton advirtió, durante el pasado siglo, del inicio de un proceso de destrucción de la Familia natural en Europa occidental que, a través del liberalismo progresista (finalmente asumido, sin distinción, a izquierda y derecha del espectro político), serviría al naciente capitalismo globalizado para convertir a los ciudadanos en simples productores y consumidores a su servicio, sin vínculos con las “sociedades intermedias” (nación, gremio, familia) que unen al hombre consigo mismo (humanamente) y con los demás (solidariamente).

España es, quizás, a inicios del siglo XXI, el paradigma de este proceso de destrucción de la Familia, manifestada en una grave crisis demográfica de impacto aún por determinar, que pone en claro peligro la sostenibilidad presente y futura del Estado del bienestar. Situación producto del acelerado cambio sociocultural producido en nuestro país en las últimas décadas, marcado por el triunfo sin paliativos del individualismo consumista, que ha ido derrumbando, una tras otra, las tradiciones propias de su idiosincrasia nacional. La imparable pérdida de población y la inevitable reducción de la natalidad son consecuencias de este cambio, fundado en una crisis moral y social que ha situado a la Familia (especialmente al matrimonio y la maternidad) como elemento prescindible del itinerario vital de las nuevas generaciones, situación similar a otros países del entorno como Italia o Portugal, y que en el resto de Occidente solo ha sido paliado temporalmente por una inmigración masiva que en muchas ocasiones o se ha gestionado mal (desde un paradigma multiculturalista generador de guetos) o de manera ideológica (fomentando un modelo asimilacionista que negaba las diferencias culturales).

Y este cambio tiene un protagonista. El single como ideal, sin ataduras y sin cargas (solo o con pareja inestable), supuestamente libre para tener siendo, pero siempre esclavo para ser teniendo; y por ello, como productor al servicio, casi exclusivo, de un Mercado que lo puede utilizar como trabajador flexible todas aquellas horas que necesite y con un salario “competitivo” que pueda sufragar sus gastos más superfluos, y como consumidor compulsivo, guiado por el trending topic, que no conozca las palabras ahorrar (para el futuro) ni compartir (para su familia). El arquetipo de un tiempo y un lugar, posiblemente demasiado genérico pero posiblemente demasiado real.

1. La evidencia cuantitativa: crisis de la familia, crisis demográfica.

Tras el final de la ilusión de la bonanza especulativa llegaba la realidad de la escasez estructural. Y en esta transición siempre cruel para los más necesitados, comenzaban a mostrarse las consecuencias del modelo elegido. Se marchaban antiguos inmigrantes y nuevos emigrantes, se aceleraban las rupturas matrimoniales, comenzaban a dejar de nacer niños como antaño, y el envejecimiento se notaba en las ideas y en los parques.

En 2015, y por cuarto año consecutivo, España perdía población. Como recogía el Instituto nacional de Estadística (INE), la misma descendió en 99.439 personas, hasta 4.5 millones de habitantes (a 1 de junio de 2016). Una tendencia escenificada desde 2012 (acumulando desde ese año más 700.000 personas menos en el censo), pero que se había iniciado muchos años antes. Solo el intenso flujo migratorio provocado por la década previa de acelerada expansión económica (la llamada “burbuja inmobiliaria”), ocultaba la realidad (pasando de 923.879 extranjeros en el año 2000 a 5.751.487 en el 2011).

El inevitable ocaso de la citada coyuntura expansiva (en capital y trabajo), y de la recepción neta de trabajadores foráneos, mostró en toda su realidad, y en toda su crudeza, esta grave crisis demográfica. La tasa de Natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) cayó en 2014 hasta el 9,20%, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) descendió ese mismo año hasta 1,32 (ambos indicadores muy por debajo de los niveles de reemplazo generacional); además, y por primera vez desde 1999, en 2015 el crecimiento vegetativo en España fue negativo con 19.268 personas menos (206.656 nacimientos y 225.924 fallecimientos). Por ello, las proyecciones del mismo INE era poco halagüeñas: en 2023 España perderá 2,6 millones de habitantes (el 5,6 % de su población) y en 2052 más de 4,6 millones.

Una auténtica inversión de la pirámide poblacional, gracias además al constante envejecimiento demográfico (el 37% de la población será mayor de 64 años en 2052) y al creciente éxodo laboral juvenil (ante una tasa de paso de más del 46%). Así, desde 2012 se han “perdido” más de 1,6 millones de jóvenes en España (según el estudio de la Fundación BBVA en 2016), especialmente en el sector entre 25 y 34 años, siendo el español medio un adulto de más de 40 años de edad. Inversión que pone en peligro los pilares de nuestro Estado del Bienestar, conquista histórica de una generación. A corto plazo, con la reducción de servicios públicos y privados de alto valor añadido, en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales (eliminación de plazas docentes en infantil y primaria, cierre de guarderías), y la intensificación de la despoblación de áreas rurales (paradigmáticas en zonas del interior, especialmente de Aragón, Asturias o Galicia). A medio plazo, con la reducción de los núcleos familiares como medio de socialización primaria, asistencia fraternal y colchón de urgencia ante situaciones de desamparo, y problemas de financiación y uso eficiente de prestaciones y equipamientos colectivos. Y a largo plazo, con la insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones (basado en el principio de reparto o corresponsabilidad generacional); así, en abril de 2016 creció hasta 8.524.591 el número de pensionistas, situándose la tasa de dependencia (relación afilados-jubilados) en un ínfimo 2,26, y este mismo año el Gobierno tuvo que volver a sacar 8.600 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad social para pagar las pensiones anuales (dejándolo en cerca de 25.000 millones, su cifra más baja en años, y estimándose el agotamiento de dicho fondo a finales de 2017).

Una situación similar a otros países occidentales, especialmente del arco mediterráneo (Portugal, Italia o Grecia), que parece no interesar ni a las instituciones públicas ni a los partidos políticos (como se refleja en la escasa atención a las políticas familiares en los programas electorales de 2015 y 2016). Nuestro país ocupa la última posición de la Unión Europea en ayudas y protección a la familia, como señala el Instituto de Política Familiar (IPF) en su estudio “Evolución de la Familia en España 2016”. Así, el gasto nacional apenas supera el 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto (por debajo del 2,2 por ciento del PIB de media en la UE-28), mientras la ayuda directa por hijo a cargo no supera los 24 euros al mes (frente a los 91 de la UE-28); y paradójicamente, el 90% por ciento de las familias españolas no puede acceder a esta prestación ante los límites de ingresos impuestos.

Ahora bien, como se demuestra empíricamente, este “invierno demográfico” no se debe de manera exclusiva a cuestiones socioeconómicas o prestaciones estatales; las personas con más recursos no son necesariamente los que más hijos tienen, ni las sociedades más ricas tienen mayor población que las más pobres. La Política social demuestra que, fundamentalmente, y más allá del determinismo de Malthus, lo demográfico viene determinado por principios socioculturales referidos a la visión colectiva sobre la vida y el matrimonio de un país y de un tiempo. Las comunidades que sitúan como valor nacional fundamental a la Familia, bien factor de progreso bien de supervivencia, ofrecen cifras sostenidas de estabilidad demográfica, tanto en contextos de bienestar como de crisis. La Historia, magistra vitae, demuestra esta máxima. Y España, quizás alumno aventajado individualismo liberal-consumista como ideal de progreso en el siglo XXI, aparece como ejemplo paradigmático: la progresiva destrucción de la unidad familiar española como referente vital, jurídica y simbólicamente, presenta evidentes consecuencias demográficas. Así, este “invierno” viene determinado, empíricamente, por el acelerado desprestigio de “lo familiar” (como otras instituciones y referentes colectivos) en las postreras generaciones de la democracia española, que se traduce en el acuciado descenso de la nupcialidad (caída de la tasa casi a la mitad entre 1981 y 2012, situándose en el 3.36%), en el incremento de las rupturas matrimoniales (aumentó hasta 105.893 en 2014), en el imparable ascenso de los hogares unipersonales (el 25% en 2015), el descenso sistemático del tamaño de los hogares españoles (bajando hasta el 2,51, solo superando la cifra de 3 las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), en el aumento de la violencia intrafamiliar (tanto doméstica como filioparental, doblando esta última las denuncias en un lustro) y en las evidentes dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar.

2. La realidad natural. La Familia como fundamento de todo Bienestar social.

Pese al olvido político-institucional y el desprecio sociocultural, solo reivindicando y protegiendo a la institución familiar se podrá, si no revertir si paliar las graves consecuencias político-sociales que ponen en entredicho el devenir inmediato del Welfare state: a) un nuevo estatuto jurídico-político de la Familia (regulador de la adopción, la maternidad y matrimonio); b) un organismo estatal especializado sobre Familia (Ministerio o Secretaria de Estado a nivel central, y consejerías autonómicas específicas); c) apoyo social y económico directo a la maternidad (campañas de sensibilización, redes de apoyo a las mujeres embarazadas, aumento de la prestación por hijo a cargo); d) medidas de conciliación real de la vida familiar y laboral (aumento de los permisos de paternidad/maternidad, generalizando la flexibilidad y racionalización de horarios, e impulsando la reducción de jornada y el teletrabajo).

Países como Rusia, azotado por una gravísima crisis demográfica durante su obligada transición del comunismo estatista a la democracia liberal más radical, demuestran como políticas públicas centradas en la defensa y promoción de la Familia y sus valores (celebrando oficialmente el 8 de julio el “Día nacional de la Familia, el amor y la fidelidad”), tanto con medidas legislativas como con campañas mediáticas, pueden tener éxito. En 2016, pese al contexto de crisis económica, y por cuarto año consecutivo, el país euroasiático volvió a ganar población, cuando décadas antes estudios norteamericanos anunciaban su colapso poblacional. Y asimismo, naciones del este y centro de Europa, como Armenia, Croacia, Eslovaquia, Georgia, Hungría, Macedonia, Rumania o Serbia, han fijado la defensa de la Familia como prioridad constitucional ante el declive poblacional de los últimos lustros. En este aspecto es relevante el ejemplo magiar, que bajo el gobierno de Viktor Orbán, sancionó en su Carta magna (2011) la protección integral de la Familia y la Vida, marco de impulso de las medidas legislativas húngaras que se ha traducido en un aumento constante del número de matrimonios (un 18% en 2015) y nacimientos.

Hay, por ello, alternativa. Así se convierte en fundamental y necesaria la reivindicación y protección en España de una institución ampliamente valorada por la ciudadanía en las sucesivas encuestas del Centro de Investigaciones sociológicas (CIS), pero más como referente sentimental que como horizonte vital real, más como leyenda hogareña que como opción práctica para la nuevas generaciones. Pese a ello, como la crisis socioeconómica [2007-2013] evidenció, esta institución fue el principal sostén en la conciliación laboral y el refugio obligado ante el despido y el desahucio, cuando el Mercado se contrajo (o explotó) y el Estado se recortó (o ajustó).

No hay nación que sobreviva sin fomentar y apoyar a la Familia. La Historia nos lo recuerda siempre. Familia no solo como medio imprescindible de relevo generacional, sino como instrumento esencial para mantener o alcanzar la armonía social, para asegurar el crecimiento o la supervivencia económica, para colaborar en la correcta socialización de los futuros ciudadanos, para ayudar socialmente a sus miembros “en las duras y en las maduras”, para generar redes vitales con vecinos y amigos, para garantizar la educación moral con la fraternidad de la fidelidad conyugal y del apoyo fraternal; en suma, para hacer posible ese urgente desarrollo humano integral y sostenible para todo el hombre y para todos los hombres, en tiempos de nostalgia por la identidad pasada y de incertidumbre por el progreso futuro. Un bien social a defender y promocionar, por tanto, desde políticas de acuerdo, recursos amplios y valores compartidos. Nuestro futuro, y el del Bienestar común, dependen de ello.

Y aunque parezca un milagro cambiar el destino de la Familia y la natalidad en España y Occidente, Chesterton ya nos enseño que “lo más increíble de los milagros es que ocurren”.