Pablo David Peker*.- En reciente artículo de nuestra autoría (1), señalamos que Argentina está padeciendo un sistema de saqueo, exacción y confiscación con el consecuente empobrecimiento de los argentinos”.

Ello es principalmente para cumplir con la lógica globalizadora y los intereses predativos de la Plutocracia Internacional realmente existente y para el usufructuo de los integrantes del sistema político local.

En correspondencia privada con el autor, el licenciado en economía Leopoldo Markus indica: “Con un estado/gerente bajo administración Macri/Cambiemos que cada día se endeuda más y genera crecientemente déficit fiscal y que en términos geopolíticos-económicos sigue con el perfil de la política económica del atlantista José Alfredo Martinez de Hoz (el cual fungía como ministro de economía durante el Proceso de Reorganización Nacional instalado en 1976) el diseño y funcionamiento del actual sistema impositivo está operando para esquilmar y pauperizar gradualmente a los contribuyentes que no pertenecen a la facción socioeconómicamente alta de la sociedad argentina”.

En correspondencia privada con el autor, el licenciado en economía Leopoldo Markus nos indica: “El sistema impositivo argentino, es profundamente regresivo, porque paga más (en términos relativos) quién tiene ingresos más bajos, tanto en términos absolutos como proporcionales y beneficia más a los sectores de altos ingresos, ya que para estos, el consumo tiene menor relevancia y por ello, su capacidad de ahorro es positiva y concentran los ingresos. Así el 1% más rico de la Argentina, concentra casi el 40% de la Renta Nacional, mientras que el 10% más pobre, no llega al 1% de la Renta”.

Asimismo, con certeza académica y conforme a la realidad de los hechos, agrega: “Con Machinea y la Alianza (2000) (o sea por los agentes del imperialismo), se introdujo una modificación por demás perversa, que consistió en transformar un impuesto progresivo en uno regresivo al achatar la base de la pirámide contributiva, no actualizando las escalas, ni ajustando el sistema por inflación. Se transformó administrativamente hablando, un ingreso a las ganancias en un impuesto al salario. Este esquema impositivo es el que usaron los Kirchner y ahora utiliza Macri”.

Uno de los actores socioeconómicos que padece impunemente la vesanía expoliadora que se da en suelo nacional argentino es el contribuyente categoría autónomo.

Los contribuyentes autónomos –son diferentes a los monotributistas- son carne de cañón fiscal tratados como ciudadanos clase C, a quienes el estado/gerente confisca sideralmente impidiendo la prosperidad y la inversión productiva de los mismos.

La administración Macri/Cambiemos en campaña electoral prometió a tiempo y destiempo la eliminación de impuestos a las ganancias y menor asfixia tributaria (confiscación) pero estando ya en la gestión hizo todo lo contrario, mintiendo hipócrita y aviesamente.

El piso no imponible mensual para un confiscado fiscal autónomo con familia tipo a cargo en el año 2016 fue de 10.156 pesos argentinos y en el presente año 2017, el mismo piso es de 12.439 pesos argentinos (803 dólares), pagando este año los saldos de ganancias del 2016.

Como se ve, el piso no imponible para el 2017 fue subido sólo en un 22.5% contra una inflación del 42% anual 2016 a lo cual hay que sumarle la cadena de desfasajes similares padecidas año tras año.

Los autónomos debido al miserable piso no imponible que el fisco les impone llegan fácilmente a la alícuota máxima, obligados así apagar un 35% en Impuestos a las Ganancias, un 3% de ingresos brutos y sumando el 21% del IVA son ya 59%. A eso hay que agregarles las tasas municipales, gastos de alquiler de vivienda; el pago de servicios públicos (gas, electricidad, agua corriente) los cuales tienen un altísimo componente impositivo, aportes jubilatorios, llegando a una confiscación impositiva que ronda el 65% de lo que el autónomo produce.

El sistema tributario argentino tiene ribetes asombrosos, por ejemplo un propietario de un vehículo, debe pagar la patente del mismo, supuestamente para construcción y manteniento de calles y caminos, luego el combustible tiene un alto componente impositivo supuestamente para el mismo fin, pero cuando el ciudadano automovilista necesita trasladarse por el país se ve obligado a pagar peajes, así es que sufre triple imposición tributaria para un mismo servicio que el estado debería darle. Recordemos que nuestra constitución impide aplicar más de una imposición para un mismo servicio.

De este modo el confiscado argentino debe pagar dos y hasta tres veces por el mismo servicio ya que el Estado no cumple con sus obligaciones constitucionales a pesar de que confiscó el 65% de lo que produjo el autónomo, y así el contribuyente confiscado se ve obligado a pagar dichos servicios con el 35% que el estado se digno a dejarle.

Como la prestación de salud del estado/gerencia en algunas dimensiones está colapsada o es deficitaria los autónomos deben acudir al servicio de medicina prepaga.

Y, como el estado/gerencia generalmente tampoco brinda seguridad, los autónomos que pueden deben pagar seguro y alarmas en sus viviendas, vehículos, etc. y si no se consigue vacantes (plazas) en un buen establecimiento educativo estatal, los autónomos deben acudir a la enseñanza privada, cubriendo ello con el 35% restante que queda descontado el paupérrimo piso no imponible antes mencionado.

Cabe recordar que, por la confiscación inflacionaria, ese 35 % de ingresos que el actual sistema generalmente les deja a los autónomos se ve mermado en su poder de compra.

LA CONFISCACIÓN QUE SUFREN LOS CONTRIBUYENTES impacta en los sectores postergados de la sociedad debido a que el empobrecimiento que padecen los primeros por causa de la confiscación impide inyectar dinero en la sociedad.

EL CONFISCADO AUTÓNOMO está completamente desprotegido ya que no tiene sindicato alguno que lo represente. La justicia no defiende de oficio los derechos de ellos quedando librados a la voracidad confiscatoria estatal, de hecho es utilizado como carne de cañón fiscal y negociación por los mismo sindicatos tal como ocurrió durante el 2016 en ocasión del debate legislativo por la ley promulgada en los últimos días de ese año, cuando la oposición parlamentaria unificada voto en la Cámara de Diputados de la Nación una ley donde igualaba el piso no imponible de contribuyentes autónomos con los trabajadores de la cuarta categoría o asalariados. Pero el Poder Ejecutivo bajo la figura de Mauricio Macri comenzó a presionar a gobernadores y senadores nacionales para modificar lo acordado en Cámara de Diputados a fin de dejar el nivel de confiscación fiscal que tenía originalmente el proyecto oficialista.

De modo que al reunirse el ejecutivo nacional con sindicalistas acordaron excluir a los autónomos de la suba del mínimo no imponible a cambio de de bajar en menor medida el piso no imponible de la cuarta categoría. Así fue entonces que sobre los autónomos, indefensos, recayó notoriamente la presión impositiva necesaria para alimentar la voracidad fiscal del estado.

Con ello, se evidenció superlativamente que el sindicalismo lejos de ayudarlos, los utiliza como herramienta de negociación en favor de sus intereses; la justicia tribunalicia ni siquiera visualiza esta injusticia, el Poder Legislativo Nacional los abandona a su suerte…mejor dicho, los entrega al Poder Ejecutivo Nacional que alegre e impunemente los confisca.

Ante ese panorama macro socioeconómico y situacional particular, emergen algunos interrogantes:

¿Qué debería hacer, entonces, el contribuyente autónomo argentino para dejar de ser un confiscado ciudadano clase C utilizado como carne de cañón fiscal?

¿Quién podrá defender y representar sus derechos?

¿Lo que padece el autónomo es anticonstitucional?

Pero no hay que cansarse en afirma que la confiscación a los autónomos no es principalmente para ayudar a los más postergados por este sistema falaz sino que termina mayormente en pago de la estafa de la pretendida deuda externa, en la corrupción administrativa, en el clientelismo político y ayuda, tapando agujeros monetarios, a la evasión fiscal y fuga de capitales de las grandes empresas y miembros de la clase alta de la Argentina.(La familia Macri es un claro ejemplo de ello).

Estos hechos producen en los confiscados impositivos genuinamente argentinos, sentimientos de injusticia y desazón.

Esto desalienta no sólo al ciudadano Argentino a invertir en su país sino que también a extranjeros que piensan en la posibilidad de invertir en la economía real de la Argentina, erigiendo el estado/gerencia argentino en promotor y custodio de la especulación financiera de locales y foráneos.

Por ello, reafirmamos que si Macri y los políticos con poder de gestión y los integrantes de la clase alta argentina no dan el ejemplo, difícilmente la famosa “lluvia de inversiones” que se promete desde diciembre de 2015 llegue a suelo argentino, desatándose quizás una verdadera tempestad pero contraria a los intereses internacionalistas y al cipayismo doméstico.

Los contribuyentes autónomos no deben olvidar que elloa, al igual que sus compatriotas de otros sectores, son también víctimas del sistema plutocrático imperante y deben coordinar esfuerzos con ellos.

Luchar con sentido nacionalista y voluntad constructiva de Poder Propio Comunitario posibilitará que, de una vez por todas, se haga una reforma impositiva equitativa y justa para proteger y beneficiar al capital y al fruto del trabajo genuinamente argentinos.

Nota:

1-http://www.ncn.com.ar/argentinos-despojados-de-sus-riquezas-por-pablo-peker/