Activistas egipcios se enfurecen por el continuo doble rasero del poder judicial. Mientras se siguen enviando a los tribunales militares a huelguistas y manifestantes, no se hace lo mismo con el exministro que ordenó asesinar a los manifestantes.

El expresidente Hosni Mubarak y el ministro del Interior Habib El-Adly, acusados de ordenar el asesinato de al menos 360 manifestantes durante la revuelta, van a ser llevados a juicio en un tribunal civil, como informó ayer afrol News. Muchas voces dieron la bienvenida a la noticia de que el exministro, finalmente, iba a ser juzgado por sus órdenes mortales.

Según la Fiscalía General, se cree que el exministro El-Adly era responsable de “la matanza premeditada y deliberada de algunos manifestantes” durante el levantamiento del pasado mes de febrero.

A principios de este mes, cuatro dirigentes de distintas fuerzas de seguridad egipcias fueron detenidos y acusados de haber ordenado el asesinato de manifestantes civiles. El exministro está acusado de retirar a las fuerzas de policía de las calles, permitiendo que otras fuerzas de seguridad pudieran iniciar la masacre.

Pero no todo el mundo celebra el próximo juicio contra el ex ministro El-Adly. O, al menos, no los privilegios que tendrá su juicio. Y es que el caso contra El-Adly se llevará a cabo en un tribunal civil, permitiendo que el exministro cuente con un adecuado equipo de abogados en su defensa.

Y este no es el caso de los egipcios de a pie que participan todavía en las protestas y huelgas contra la junta militar que actualmente gobierna el país. Muchos activistas siguen presionando para conseguir verdaderas reformas democráticas, al considerar que la junta de gobierno sólo está realizando cambios cosméticos para proseguir con un sistema represivo en Egipto.

Desde el derrocamiento del presidente Mubarak, la junta militar ha tratado de prohibir las protestas y más huelgas, llamando a la unidad nacional y el restablecimiento del orden, mientras se prepara la transición democrática. Pero los activistas se quejan de la falta de participación popular en este proceso de transición y quieren mantener el impulso de la acción de masas.

En este proceso, muchos activistas que protestaban y trabajadores en huelga han sido detenidos por las fuerzas armadas de Egipto. El ejército afirma que la mayoría de los detenidos estaban haciendo daño a la propiedad pública, pero estas acusaciones son negadas, en la mayoría de los casos, por los manifestantes.

Los manifestantes detenidos no se van a encontrar con un proceso transparente en su contra en los tribunales militares, que les dará un acceso limitado a abogados de la defensa y un limitado respeto de los derechos humanos.

“Estamos en contra de que los civiles se enfrenten a juicios militares, ya sean criminales o revolucionarios, ya que consideramos que es una excepción a los derechos civiles que la revolución consiguió recuperar”, dijo el movimiento de protesta egipcia en un comunicado remitido a afrol News. Especialmente, en el proceso de transición democrática, es importante que “todos los ciudadanos deberían tener el derecho a la libertad de expresión por la demostración”, añade.

Sin embargo, la junta gobernante en Egipto parece verse poco impresionada por la indignación contra el trato diferente en el poder judicial. De hecho, el gabinete presentó esta semana una ley que, de ser aprobada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, penalizaría toda forma de protestas y huelgas. Todos los participantes en las protestas, incluso, podrían ser arrestados.

El nuevo proyecto de ley, presentado como un decreto, ha causado furor entre los activistas a favor de la democracia, los derechos humanos y activistas sindicales. Según el independiente Centro de Servicios para Sindicatos y Trabajadores, el proyecto de decreto es un “hecho grave y preocupante” hacia una nueva violación de los derechos humanos básicos de los egipcios.

Entre muchos de los manifestantes que ocuparon la Plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, durante la revolución de febrero, actualmente hay convocatorias de protestas multitudinarias contra el nuevo el nuevo gabinete, al que califican como “aún más represivo” que el régimen de Mubarak.