La juez Alaya afirma con toda claridad en su auto de once de marzo de 2011 que la Junta de Andalucía conocía la trama de los ERE. Textualmente afirma: “QUINTO.- Por último, habiéndose incoado Diligencias Previas 182/l1 en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo relativos a Mercasevilla, de las diligencias practicadas hasta la fecha se deduce la identidad de los hechos investigados en ambas causas, es decir la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo con Planes de Prejubilación Anticipada mediante Pólizas de Rentas Colectiva y la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las empresas, con la intervención de éstas y con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral…”

Respecto a los datos falsos la juez se pronuncia de este modo: “…procede solicitar de la Junta de Andalucía que explique por qué en relación a la empresa Saldauto se señalan a 3 intrusos, cuando en realidad de la documentación recibida y según consta en el anexo de la póliza n° 3.603 de Apra Leven, salvo que exista otra documentación que demuestre lo contrario, el número de intrusos indiciariamente se elevaría a 8”.

Y continúa probando la falsedad de los datos de la Junta: “Asimismo explique por qué en Surcolor se señala a 2 falsos trabajadores, cuando en realidad una vez comprobada la lista de trabajadores afectados por el expediente, aparece que son 11, salvo como en el caso anterior, se complete la documentación. Y respecto a la empresa Hitemasa, explique por qué únicamente señala a Doña Estrella Blanco García, la cual es beneficiaria de una póliza particular suscrita para ella presuntamente sin relación con el ERE de dicha empresa, cuando en virtud del atestado policial aportado a las actuaciones se relata la inclusión en el ERE de Hitemasa, a pesar de no haber trabajado en la misma, de Don César Jesús Braña Pino, ya fallecido, cuyas prestaciones han venido siendo percibidas por sus herederos legales, de Don Juan Lanzas Fernández, de su esposa Patrocinio Sierra García, de Doña María de las Nieves Ruiz Pérez y de Doña Josefa Martínez Elvira”.

Por último, dice la juez, “explique por qué incluye como “intruso” en Germans a Don Luis Vera Calzado, cuando el mismo consta como trabajador de dicha empresa desde el 1 de junio de 1.979, teniendo en cuenta que para la misma se realizó una póliza colectiva junto con Bonpunt, Auxiliares de Bonpunt, Cydeplast y Ros Fotocolor”.

En el punto segundo de sus razonamientos jurídicos, la juez no se explica cómo la Junta, vía Consejería de Empleo, destina mucho más dinero a unos colectivos de trabajadores que a otros. Y dice no explicarse “como en Bonpunt el Director General de Trabajo Don Francisco Javier Guerrero Benítez, en Abril de 2.008 (después de la póliza conjunta para varias empresas en las que se comprometía al pago de casi diez millones de euros), se compromete al pago de 1.981.000 Euros y en febrero de 2.009 la misma cantidad para una póliza de 18 trabajadores (incluidos en la lista del ERE), mientras que en Cydeplast en abril de 2.008 se compromete al pago de 292.548 Euros para un colectivo de 34 asegurados, o por ejemplo en Springer Arteferro para un colectivo de 12 trabajadores compromete la suma de 2.015.247 Euros más 796.978 Euros posteriormente”.

Y concluye señalando que “procede por tanto requerir a la Policía para que informe sobre las razones que puedan motivar la diferencia económica en tales prestaciones en relación al número de trabajadores beneficiarios”.

La juez finalmente unifica la causa de los ERE de la Junta con la de las irregularidades en los ERE de Mercasevilla, porque ambas apuntan a «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral». Pero, dada la complejidad de la causa, acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos: Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Calderinox, Cydeplast, Hitemasa, Springer Arteferro 2006, Sur Color, Sos Cuetara, Germans y Cash Lepe.

¿Cuántos intrusos hay?

Los datos ofrecidos por el Ejecutivo –y de los que ahora duda la Justicia– concluyen que hay 183 personas –el último dato conocido era 146– que perciben una póliza de seguros financiada por la Junta de Andalucía de manera fraudulenta. Un total de 72 no ha tenido ninguna relación con las empresas. Son los denominados «intrusos» y a los que el Gobierno andaluz les abrirá un procedimiento administrativo para la devolución de las cantidades percibidas hasta la fecha. El importe global asciende a nueve millones de euros.

Los otros 111 casos corresponden a «discordancias administrativas», una forma eufemística de denominar a aquellos trabajadores que pertenecían a subcontratas de la matriz o no cumplían los requisitos para acogerse al ERE. La cifra sólo incluye los expedientes que aún paga la Junta; los que ya ha abonado íntegramente no se han revisado.

En total, el grupo de 20 funcionarios ha repasado 5.982 pólizas de trabajadores beneficiarios de ayudas del Gobierno andaluz, de los que 5.799 –el 96,94 por ciento– «no presenta ningún tipo de irregularidad». Esta cifra se corresponde con 68 empresas investigadas; todos las situaciones fraudulentas se concentran en 24 sociedades, mientras que las «discordancias» afectan a 18.

Con estas cifras, Recio insistió en restarle importancia al desfalco, que sólo alcanza «el 1,39 por ciento del total». El consejero de Empleo calcula el porcentaje tomando como referencia los 647 millones de euros atribuidos al «fondo de reptiles», cuando ahí se incluyen los expedientes muertos y las 130 ayudas directas a empresas sin libre concurrencia y por valor de 87 millones de euros.