Fragmento de la Batalla de Carabobo. Oleo sobre tela – Palacio Federal Legislativo

La historiografía casi no quiso acordarse de ellos. Tal vez estaba demasiado entretenida con las mentiras de la leyenda negra como para prestar atención al éxodo que protagonizaron miles de españoles expulsados de América conforme se emancipaban territorios españoles en el continente. Fueron los perdedores de una guerra iniciada por los criollos (entre el 10 y el 15% de la población), los acomodados descendientes de españoles –como Simón Bolívar o José de San Martín– que se revolvieron contra la madre patria y se cobraron lo que ellos pensaban la revancha. Los últimos españoles de América sufrieron toda clase de abusos y desprecios.

Lejos de ser una revolución popular y espontánea, los procesos de independencia de principios del siglo XIX corrieron a cargo de criollos dueños de grandes plantaciones e intelectuales enriquecidos, que recibieron el apoyo indirecto de EE.UU e Inglaterra, empezando con el comercio de armas y barcos de guerra a los insurgentes. En tanto, la población mestiza e indígena, la mayoritaria, luchó en ambos bandos. Siendo que al final el dominio económico ejercido por España fue, simplemente, sustituido por el de otras potencias mundiales como Gran Bretaña. Cambio de patrones, pero no de estructura.

Los españoles fuera de la vida civil

Los Estados surgidos tras las Guerras de independencia hispanoamericanas del siglo XIX asumieron entre sus primeras decisiones la depuración de la administración y de aquellos individuos peninsulares que habían ocupado cargos de responsabilidad. Si bien fueron miles los españoles que huyeron debido al propio conflicto, el verdadero acoso comenzó con leyes dirigidas a expulsarlos o evitar que pudieran entorpecer la creación de los nuevos estados.

Retrato de Simón Bolívar

Como suele ser habitual en estos casos de expulsiones masivas –véase la de los judíos en 1492 o la de los moriscos en el siglo XVI– los que se llevaron la peor parte fueron los ciudadanos con pocos recursos que lo perdieron todo.

Los miembros de la aristocracia lograron congraciarse con el nuevo régimen o, simplemente, huyeron sobre puentes de plata. Los españoles que cambiaron su nacionalidad lo hicieron por conservar sus vastas propiedades y a cambio de renunciar a sus títulos nobiliarios. El verdadero drama afectó a miles de familias humildes, que abandonaron a contrarreloj los países donde vivían y sus propiedades. En muchos casos la expulsión se realizó a través de precarias embarcaciones, hacinados y obligados por la fuerza. Una vez en puertos de la Península Ibérica tampoco les esperaban vítores precisamente. España vivía uno de sus peores momentos.

En México, el antihispanismo que acompañó a los acontecimiento revolucionarios afectó gravemente a los 15.000 españoles que allí residían. En previsión de un conflicto de puertas para dentro, se le retiraron las armas a todo individuo español y se les expulsó del estado militar. Asimismo, en febrero de 1824, se relegó a los españoles de cualquier cargo público que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, y se les obligaba a abandonar sus lugares de residencia. En este sentido, los líderes más radicales culparon a los españoles de los males del continente y justificaron por ello que ahora se les quitara todo y se les expulsara, por muy ilegal e injusto que fuera esta medida.

Al declararse la independencia, los españoles que quisieran marcharse libremente, incluso con sus caudales, lo pudieron hacer en virtud del artículo 15 de los Tratados de Córdoba. Aquella fue la mejor opción, a tenor de la radicalización que se vivió más adelante y las insistentes vulneraciones del tratado. México promulgó el 10 de mayo de 1827 una ley de empleo por la que ningún español de nacimiento podría ocupar cargo alguno en la administración pública, civil o militar. Los españoles quedaron marginados a nivel social, hasta el punto de que tenían prohibido reunirse o asociarse. Una serie de leyes a nivel local y nacional orquestaron en varias oleadas la salida de los españoles de México, con un plazo de 30 días, y la condición de poder sacar del país únicamente la tercera parte de sus bienes.

Calcula el investigador Harold Sims (autor de «La Descolonización de México») que, entre los años 1827 y 1829, fueron expulsados de México en razón de su origen español 7.148 personas. En 1830 quedaban ya menos de 2.000 españoles en esa región. Los principales receptores de este éxodo fueron Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Europa. No así las islas británicas. Los peninsulares, a pesar de la supuesta amistad con Inglaterra, eran recibidos por las autoridades británicas en el Caribe con desconfianza y controles exhaustivos.

La situación vivida en la Gran Colombia de Simón Bolívar fue todavía más violenta que en México. Sin tiempo que perder, la guerra de Bolívar desembocó en una ley de expulsión de los españoles el 18 de septiembre de 1821. Todos los españoles de origen peninsular que no demostrasen haber formado parte del movimiento independiente serían sacados a la fuerza del país.

El principal lugar al que partieron estos expulsados fueron las islas del Caribe españolas, sobre todo Puerto Rico, donde arribaron 3.555 refugiados.

Los últimos de Callao

Retrato de Simón Bolívar

En Argentina y Perú también se aplicaron leyes para apartar inmediatamente a los españoles de la administración. Durante el conflicto fueron habituales las penas de confinamiento, «contribuciones especiales» y expropiaciones contra los españoles peninsulares con el fin de recaudar fondos militares. Los abusos fueron frecuentes. En torno a 1.000 personas de la población de españoles peninsulares sufrieron penas de prisión en Argentina debido a la actividad militar en curso.

En Perú la población española se concentraba principalmente en Lima y, dada la antiguedad de este virreinato, se sentía más protegida que en otros rincones. Su seguridad jurídica, sin embargo, se vino abajo con la llegada de la expedición militar al mando de José de San Martín, quien amparó 4.000 actos de confinamiento en prisiones contra civiles españoles. El acoso contra los españoles se tradujo en un exilio de unos 12.000 españoles en este virreinato.

El epílogo de la guerra tuvo tintes de masacre. Tras la batalla de Ayacucho en 1824, en Lima, cerca de 6.000 civiles españoles se refugiaron en la fortaleza del Callao cuya guarnición resistió hasta el año 1826 al más puro estilo de los Últimos de Filipinas. Aquel lugar fue el último refugio de un territorio que había sido hispánico desde tiempos de Pizarro. La capitulación de la fortaleza terminó con solo 400 soldados supervivientes, de un total de 700 personas vivas.