Turistas en el centro de Valencia.

El aluvión de denuncias falsas de turistas británicos por supuestas indisposiciones sufridas durante su estancia en hoteles de toda España puede acabar costando más de seis millones a los establecimientos de la Valencia, según el presidente de la patronal hotelera de Benidorm y Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, que eleva por encima de los 60 millones de euros la factura para la planta hotelera española por estas reclamaciones, «la mayoría sin ninguna prueba», informa Las Provincias.

Este fenómeno, que ha repuntado un 700%, es especialmente grave en Benidorm, donde «cada vez llegan más abogados buitres», especializados en denuncias ficticias y que «se pasean por el hotel, sin camiseta y maletín en mano, animando a reclamar por una diarrea, por ejemplo, para que les salga gratis».

Si lo hacen, el cliente recupera el dinero abonado por la estancia en la que se han hallado supuestos defectos o incumplimientos, unos 600 euros que el turoperador resta al hotelero en concepto de indemnización, a los que se suman hasta 6.000 euros por la minuta del abogado.

«Es una estafa premeditada, un desprestigio absoluto de la justicia británica que permite reclamar sin ningún tipo de prueba», subraya Mayor, quien advierte a los turoperadores de que «si se encogen de hombros, en vez de combatir juntos esta injusticia, se pueden quedar sin camas y que todo se gestione a través de portales como Booking».

De hecho, una delegación de Hosbec viajó hace unos días a Londres para reunirse con los principales turoperadores que comercializan los paquetes vacacionales para ingleses en la Costa Blanca y, además, su presidente mantendrá un encuentro la semana que viene con la cónsul británica, que se suma a los contactos mantenidos con la embajada para denunciar una situación, de la que también se ha quejado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A diferencia del sistema español, donde el reclamante debe probar la veracidad de lo que denuncia, el británico «permite tramitar como ciertas reclamaciones en las que no hay ninguna evidencia de veracidad y da cobertura a las llamadas ‘claim farms’, empresas especializadas con un marketing muy agresivo para fomentar la interposición de miles de denuncias» en este ámbito o también sobre seguros de automóvil, productos bancarios e incluso en el propio sistema público de salud británico, donde las reclamaciones han superado los 460 millones de libras.

Los hoteleros quieren blindarse ante «esta especie de trile jurídico, en el que siempre ganan», mediante registros continuos relacionados con los consumos de bebidas y accesos a comedores y restaurantes, que permitan comprobar si los comportamientos de consumo son compatibles con las causas que alegan en la reclamación, la mayoría por patologías gastrointestinales. También reforzarán sus sistemas de control y la información sobre la tipificación de las reclamaciones falsas como delito penal de estafa en el ordenamiento español que, en reclamaciones de más de 400 euros, podría ser castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años.