Maribel Rodrigo.- Es la sanción más grande impuesta nunca en Europa y supondría una inyección descomunal de fondos, pero el ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, ha asegurado que su país tiene intención de recurrir el dictamen de la Comisión Europea (CE), quien ayer ordenaba a Irlanda cobrar 13.000 millones de euros a Apple por “ventajas fiscales ilegales”.

Aún más, el ministro irlandés de Finanzas explica que recurrirá la sanción para “defender la integridad de nuestro sistema fiscal, aportar certeza fiscal a los negocios y desafiar la usurpación de las reglas de ayuda comunitarias en la competencia fiscal de un Estado miembro soberano”.

Con apenas cinco millones de habitantes, Irlanda es hoy sede de más de un millar de empresas tecnológicas internacionales de primer nivel, como Google, Apple o Twitter que han situado al país en el mapamundi, generan decenas de miles de empleos y aportan una parte muy significativa de sus 215.000 millones de euros de PIB, la quinta parte del español. También este país da alojamiento a un buen número de farmacéuticas como la catalana Grífols y la estadounidense Pfizer han asentado allí sus sedes europeas y hasta la mismísima Zara hizo lo propio en 2011 para su negocio online.

Irlanda se ha convertido casi en un paraíso para las empresas que quieren instalarse en Europa porque pueden dirigir desde allí sus negocios con un sistema de tributación muy beneficioso. Al gobierno irlandés le vendría muy bien una inyección de 13.000 millones, pero perdería mucho más porque se produciría una verdadera estampida de empresas que precisamente eligieron Irlanda por su fiscalidad. Eso es “hambre para mañana”, como dice el refrán.

La tasa media oficial del impuesto de Sociedades en Irlanda es del 12,5%, ya de por sí muy reducida si se compara con el 25% español, el 33% de Francia, el 20% de Reino Unido o el 27,5% de Italia, donde además las empresas están gravadas con impuestos regionales de entre el 4% y 6% según su actividad.

Pero es que además en Irlanda pocas empresas tributan a ese tipo oficial del 12,5%. Con situaciones excepcionales y estrategias varias, al final la mayoría de empresas pagan allí por Sociedades en torno al 2%. Eso sí, todo dentro de la más absoluta legalidad y aderezado con exenciones y facilidades laborales, de ubicación, comunicaciones, etc.

La situación no es nueva. Irlanda lleva más de 20 años trabajando para convertirse en un imán para empresas de todo tipo, pero sobre todo tecnológicas, farmacéuticas y compañías con un alto componente de investigación y desarrollo, a las que atrae con incentivos adicionales. El plan no es otro que convertir este país gris y triste desde el punto de vista meteorológico en el hub de la innovación de Europa.

Y aunque no resulte populista decirlo, lo están haciendo muy bien. En particular porque hace apenas cinco años Irlanda estaba en bancarrota y obligada a pedir un rescate de 85.000 millones de euros a la UE y el FMI.

Conservadores y laboristas se aliaron en el Gobierno y en apenas dos años pudieron abandonar el programa de ayuda europeo y la economía empezó a crecer más que la de la mayoría de sus socios comunitarios. Sea utilizando este sistema conocido como “doble irlandés” o el más agresivo del “sandwich holandés” (que permite una empresa constituida en Holanda cobrar derechos de uso de propiedad intelectual a su subsidiaria irlandesa y transferirlos a otra de Bermudas donde pagará un máximo del 3,2% de Sociedades), estos mecanismos son legales.

Lo que no parece tan aceptable, al menos moralmente, es que esos beneficios sólo estén al alcance de grandes empresas multinacionales y que sea Irlanda quien se beneficie en detrimento de otros países europeos.