Hay un documento que prueba que fue la propia Consejería de Empleo la que pidió en 2007 a la aseguradora que transfiriese 300.000 euros del ERE de Hitemasa a tres particulares, uno de ellos socialista «intruso» en otro expediente. El dinero estaba destinado a trabajadores prejubilados de la empresa textil malagueña Hitemasa, 400 de los cuales llevan tres meses sin cobrar la paga que les corresponde. En un documento firmado el 27 de marzo de 2007 por el director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, da instrucciones a la aseguradora que manejaba los fondos de las pólizas para que desviase un millón de euros de una partida destinada al ERE de Hitemasa a otros menesteres, entre ellos darle cobertura económica a tres particulares que recibirían 300.000 euros de la cantidad total.

De estas tres personas, una de ellas es militante socialista: se trata de Alejandro Millán, de la localidad sevillana de El Pedroso y que, como ya se publicó, aparece como «intruso» en el ERE de Graficromo, empresa donde nunca trabajó. Se da la circunstancia de que Guerrero fue alcalde de El Pedroso, municipio del que otro ex alcalde socialista, Rafael Rosendo, fue colocado en otro ERE (Cydeplast) de manera fraudulenta.

La aseguradora era Personal Life —después Fortia Vida—, aseguradora del grupo Vitalia ahora investigada por la Justicia para que del millón de euros transferido del famoso «fondo de reptiles» «destinen 300.000 euros para suscribir las pólizas» de Alejandro Millán y de dos personas más.

Si ninguno de los tres beneficiarios de las supuestas pólizas ha formado parte de la plantilla de la Junta, ¿por qué la Junta se convierte en tomadora de sus pólizas?

Se sabe ya que uno de ellos es militante del PSOE y que fue prejubilado de manera fraudulenta en el ERE de una compañía donde nunca estuvo. Normalmente, el tomador de los seguros en estos casos de ERE financiados por la Junta ha sido una asociación de ex trabajadores creada al efecto o los propios sindicatos pero no la Administración.

Además, el documento refleja un uso del dinero para jubilación verdaderamente irregular e incluso arabitrario. Guerrero pide a la aseguradora que destine 400.000 euros a la entidad Apra Leven como parte del pago de la póliza de Graficromo. O sea, casi la mitad del dinero del ERE de Hitemasa, se trasvasa al pago de las pólizas de otro, precisamente el de la empresa donde se «coló» al militante socialista de El Pedroso Alejandro Millán. Apra Leven ha dejado sin poder cobrar su pólizas a numerosos trabajadores que se han jubilado y esinvestigada ahora.

Otros 155.808 euros fueron destinados al Grupo Cortefiel. O sea, otra vez dinero de un ERE, que en teoría debía ir a los prejubilados de Hitemasa, iba a cumplir un convenio suscrito por Empleo. Del millón de euros de la Junta que iba a servir para financiar prejubilaciones de Hitemasa, solamente quedaron 145.000 euros

¿Le puede extrañar a alguien que los jubilados de Hitemasa tengan problemas para el cobro de lo que se les debe?

Recuérdese que en ese expediente de Hitemasa se colocó, entre otros «intrusos», al intermediario y sindicalista de la UGT Juan Lanzas y a su mujer. Se prejubilaron allí sin haber tenido jamás relación con esa compañía con pólizas de unos 175.000 euros.

El PP ve ya financiación ilegal del PSOE

El Partido Popular cree que estamos ante ayer que José Antonio García Prieto, uno de los “intrusos” en los ERE, cobró 90.000 euros de prejubilación y donó al PSOE de Camas una sede que compró por 57.000 euros. Hoy ya el clamor será imparable.

Por ello, tanto desde Andalucía como desde Madrid, se han redoblado la petición de explicaciones, pero apuntando a un caso aún más grave: la financiación ilegal de los socialistas. “Se trata de un nuevo peldaño que se sube en el despropósito y la desfachatez que supone este escándalo en Andalucía”, aseguró el número dos del PP-A, Pedro Sanz, en declaraciones a los periodistas. Y es que, según dijo, “el caso se sitúa “en una magnitud más grave”, ya que se trata de “presunta financiación ilegal”.

En este sentido se pronunciaba también Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, asumiendo las acusaciones de Sanz y recalcando que “está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones”.

Punto éste en el que unió el nombre de Gaspar Zarrías, secretario de Estado al que pidió que comparezca, al saco de dimisiones que el PP lleva pidiendo desde hace semanas, y que tiene como máximos exponentes a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Fuentes populares aseguraron que el caso del fondo de reptiles se va a convertir en uno de los asuntos “de batalla” de aquí a las elecciones y que, según les consta, van a seguir saliendo irregularidades hasta que la situación se convierta en “insostenible” para los socialistas. Y aún más, Sáenz de Santamaría advirtió que el Gobierno central también está “contaminado”.