En las elecciones generales del 26-J rige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General aprobada en 1985. Establece el número de diputados en 350. La Constitución de 1978 dictamina que el Congreso estará integrado por un mínimo de 300 y un máximo de 400 parlamentarios.

Esta ley electoral establece la provincia como circunscripción electoral en las elecciones generales al Congreso. Cada una de las 50 provincias cuenta con un mínimo de dos diputados, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con uno cada una. El resto de los 248 diputados se distribuyen entre las cincuenta provincias de forma directamente proporcional a la población.

Esta ley establece un mínimo de votos en cada circunscripción para poder optar al reparto de los parlamentarios asignados. Para poder optar al reparto de escaños se precisa un 3% de los votos válidos en cada circunscripción, esto es la suma de los votos válidos a candidatura más los votos en blanco. Cualquier partido que no alcance en esa provincia el 3% queda automáticamente excluido de optar a representación. Todas las candidaturas que superen ese porcentaje obtendrán escaños en función de la aplicación de la Ley d´Hondt.

El sistema está diseñado para un modelo bipartidista, en el que se sobrerrepresenta a las provincias con menor representación: por ejemplo Teruel cuenta con un censo electoral de 109.378 electores y le corresponden 3 escaños; sin embargo, Madrid con 4.925.835 electores, es decir 45 veces más censados, se le asignan 36 escaños. En las elecciones del 20-D en Teruel se asignó cada escaño por 25.606 votos, que es el cociente de dividir 76.819 votos válidos a candidatura por 3 escaños, mientras que en Madrid el coste por escaño se elevó a 100.005 votos, que es el resultado de dividir los 3.600.167 votos a candidatura por los 36 escaños de la provincia.

Continuando con el ejemplo de Teruel, las expectativas de voto para el 26-J son de 30.510 votos para el PP, de 19.740 para el PSOE y de 15.137 para Unidos Podemos. Al dividir sucesivamente por el número de escaños de la provincia, obtendrán representación los tres cocientes más altos, en este caso dos del PP y uno del PSOE, pero el cociente de UP está muy próximo al segundo del PP, por lo que se establece la siguiente horquilla; PP 1\2, PSOE 1 y UP 0\1.

En un sistema representativo y legal cuyo principal objetivo es primar a los dos grandes partidos con el objetivo de garantizar la gobernabilidad de la nación. Pero la aparición de candidaturas y partidos que pueden sumar entre el 15% y el 20% en buena parte de las provincias pone en jaque al sistema y lo hace ingobernable, alejando la mayoría absoluta de alguno de los dos grandes partidos y abriendo el juego a cuatro partidos. Ante lo cual sólo caben dos alternativas, una gran coalición de partidos constitucionalistas o cambiar la ley para adaptarla a las nuevas circunstancias con cuatro actores políticos a nivel nacional, en cuyo caso habría que adoptar modelos como el británico, mayoritario, en el que los escaños se adjudican al partido que más votos ha obtenido o el francés, de segunda vuelta a la que pasan los más votados en la primera convocatoria.