Dos exmilitantes ferrolanos de Izquierda Unida que fueron expulsados del partido en 2009 aseguran que la suspensión de militancia estuvo motivada por el hecho de haber denunciado ante la Policía la posible existencia de pornografía infantil en un ordenador de la sede de la formación política en Ferrol. José Loureiro y Mercedes Salvatierra apoyan su aseveración en el documento que recoge los acuerdos del Consello Político Nacional de fecha 16 de marzo del 2009 «en relación coa denuncia cursada na Comisaría de Ferrol», informa La voz de Galicia.

En el acta en cuestión se señala que, «una vez informado sobre las causas que originaron la apertura de una causa judicial en Ferrol y una vez valorada la actuación de los militantes José Loureiro e Mercedes Salvatierra», se acuerda constituir una comisión de investigación interna y la suspensión cautelar de militancia de los dos.

Según estos dos exmilitantes, la detención realizada por la policía el pasado martes en el Parlamento gallego puede tener relación con su denuncia del 2009, ya que el asesor de AGE investigado ahora, Ramiro Santalices, que ayer salió en libertad con cargos, también ejercía como asesor en IU de Ferrol. «Es uno de los que tenían todos los números, porque tenía llaves de la sede, al igual que otras 20 personas, y accedía al ordenador», manifestó ayer José Loureiro, añadiendo que, además, se daba la circunstancia de que era la única persona de la organización que vivía sola «y las búsquedas se hacían a altas horas de la noche».

A su modo de ver, a consecuencia de no haber actuado correctamente en ese momento, «se perdieron siete años, en los que hubo mucho sufrimiento y hay responsables». En este sentido, hizo referencia al sufrimiento de las víctimas de la pornografía infantil y de los militantes expulsados, como es su caso y el de Mercedes Salvatierra: «Él podría estar rehabilitado ahora y la organización también sufrió las consecuencias».

Denuncia

Respecto a la situación vivida en el 2009, Loureiro, que en esa época era el responsable de organización del Consello Local de EU-IU, y Salvatierra insisten en que fueron ellos los primeros en alertar a los máximos responsables del partido sobre la posible existencia de pornografía infantil en un ordenador y que, al ver que no se adoptaba la decisión que ellos consideraban correcta, presentaron la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía. En el atestado policial de esa denuncia consta que el día 2 de febrero del 2009 un miembro de la organización hizo una consulta en Google y entonces se desplegó una ventana con textos de anteriores búsquedas en la que vio textos de posibles búsquedas de pornografía infantil. Mercedes Salvatierra fue una de las personas que pudieron verlas y recuerda los textos.

Según consta en la denuncia, se informó de lo ocurrido a los superiores y al día siguiente a la responsable nacional, Yolanda Díaz. El responsable comarcal, Javier Galán, y Pilar Díaz, del Consello Comarcal, mantuvieron una reunión con los que habían detectado dichas búsquedas, «tras lo que tomaron la decisión de quedarse en su poder el ordenador con la intención de llevarlo a un perito al objeto de sacar datos del mismo». Loureiro y Salvatierra aseguran que se vieron en la obligación de denunciarlo y lo hicieron el 4 de febrero.
Yolanda Díaz sigue sin pronunciarse y se remite a la denuncia que realizó por «falsas y graves acusaciones»

Yolanda Díaz sigue sin pronunciarse sobre el caso del asesor de AGE investigado por consumo de pornografía infantil. A pesar de intentarlo a lo largo de todo el día de ayer, este periódico no pudo hablar con la dirigente política sobre este asunto. Con respecto a lo ocurrido hace siete años en la sede ferrolana del partido, Díaz se remite a la denuncia que presentó en el Decanato de Ferrol el día 6 de febrero en la que hacía constar «que se ha tenido conocimiento de que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la organización política Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede política existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil». Añadía que, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, aportaba la CPU del citado ordenador, así como las copias del rastreo realizado en el mismo. Todo esto ocurrió dos días después de la denuncia formulada por Loureiro y Salvaterra en la Comisaría. Los dos exmilitantes interpretan esa decisión como un ataque hacia ellos y, según su versión, eso se corroboró con el hecho de que días después fueron expulsados del partido.

Pero Loureiro manifiesta que también informaron a otros responsables de la formación en Galicia y del partido a nivel estatal, entre ellos Francisco Frutos, Cayo Lara y Santiago Frutos.
Los antecedentes del caso generan tensiones entre los dos principales socios de AGE

El caso de la detención del trabajador de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) por la presunta tenencia y distribución de pornografía infantil abrió una brecha entre las dos principales fuerzas que integran dicho grupo parlamentario, debido al conocimiento previo que algún diputado tenía sobre este asunto, pero que no llegó a compartir con el portavoz, Xosé Manuel Beiras, ni con el resto de la coalición.

De hecho, el propio Beiras, al igual que la mayoría de los diputados de AGE y del personal adscrito al grupo, se enteró de la detención del técnico de la formación, producida en la tarde del lunes, cuando varios policías de paisano irrumpieron al día siguiente en la sede del grupo para realizar el registro e inspeccionar el ordenador personal del arrestado. Es más, la discreción de la operación policial provocó que algunos trabajadores de AGE dudaran incluso de la veracidad de la detención y de que se hubiera producido tal registro. Sin embargo, al menos un parlamentario perteneciente a Esquerda Unida, formación en la que militaba el detenido, estaba al corriente de la detención desde el lunes, así como de los problemas que le generó al partido el precedente que tuvo lugar en Ferrol en el año 2009.

En Anova, el partido al que pertenece Xosé Manuel Beiras, portavoz de AGE, y Antón Sánchez, su viceportavoz, no ocultaron su incomodidad por tener que salir a dar la cara por un caso sobre el que no fueron advertidos previamente. De hecho, Anova dejó claro, en una información difundida por Europa Press, que en realidad era Yolanda Díaz, coordinadora general de EU, quien debería dar «explicacións públicas» para dejar este caso zanjado, habida cuenta de que conocía el precedente de la denuncia sobre pornografía infantil del 2009. EU suspendió ayer de militancia a Ramiro Santalices.