Será por aquello que ya decía Ruíz Mateos (“Jueces de España sois mariconcillos, estáis bastardillos y no tenéis huevecillos), o por la atosigante presión política o porque lo del poder arbitral de la Justicia al inicio de la Transición era un puro cuento, pero el caso es que empiezo a estar bien harto de la doble vara de medir de los jueces. Y es que la historia de la Justicia española durante estos años de puercocracia es un puro y continuo disparate.

Me produce indignación ver a los jueces ordenar las detenciones de políticos de segunda, por cantidades por las que la familia Pujol no se hubiese molestado en viajar hasta Andorra, mientras otros permanecen bien parapetados, a salvo de humillantes detenciones ni de aparatosos registros. Me produce grima que se incinere a determinados personajes de la vida española, en medio de un festival de flashes y de conexiones en directo, mientras en los parques públicos de Sevilla se incineran documentos comprometedores de los ERE sin que se detecte a ningún responsable. Estoy harto de que se prohíba repartir alimentos a familias españolas autóctonas, mientras en la mezquita madrileña de la M-30 se reparten consignas yihadistas y se recaudan fondos para reclutar terroristas, sin que ninguna autoridad judicial ordene su cierre cautelar.

Entre los 14 millones supuestamente repatriados por Mario Conde y los 1.800 millones de euros que se calculan a la familia Pujol, según el propio Ministerio del Interior, la Justicia española ha decidido actuar a calzón quitado con el primero. Entre los supuestos casos de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada y la más que supuesta financiación de Podemos por parte de Irán y Venezuela, no consta que se haya ordenado la investigación de las cuentas del partido morado. Entre la corrupción del PP en Valencia y el latrocinio institucional del PSOE en Andalucía, tampoco consta que los procedimientos judiciales, en uno y otro caso, se estén llevando a cabo con la misma diligencia ni con el mismo celo.

Los ecos de la vida judicial en España están henchidos de líos, intromisiones ideológicas, obstáculos políticos y todo género de intereses.

A tenor de todo lo anterior se entiende que Podemos, que en sus propuestas para un Gobierno de progreso hable de reformarlo todo, desde la Constitución a las Fuerzas Armadas, no haya hablado de tocar una sola coma en materia judicial, acaso porque tiene sus razones rediticias, las de su particular voto de obediencia al que decide archivar todas las denuncias en su contra. Hasta aquí todo se explica. Lo que ya comienza a ser inexplicable es la facilidad con la que el pueblo español soporta este aluvión de mentiras sobre los que se sustenta el propio Sistema. Vista la impermeabilidad de los Pujol, sustentada en el chantaje al Estado; de los de Podemos, sustentada en la progresía y la correción política de muchos jueces; de los representantes de los más altos estamentos estatales, sustentada en razones de interés nacional, y la vulnerabilidad que sufrimos el resto, me van a permitir que mande al carajo, o a la mierda según se prefiera, a esta infame democracia y a los que la representan.

“Todos los españoles son iguales ante la ley”, es el artículo 1 de la Constitución. Desde luego, hay una versión infinitamente más liberal y progresista de este controvertido artículo primero, que es el que sigue: “Todos los españoles son iguales ante la ley, menos yo, y los amigos que yo señale”.

Como se observará, éste ya es un concepto más amplio, tolerante, democrático y progresista.