El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (izquierda), aireadamente dijo en fechas recientes que no obedecería la orden de la Corte Suprema de liberar a dos periodistas que llevaban 92 dias detenidos. Nigel Farage (derecha), líder de un partido de la oposición en el Reino Unido, acusó a Turquía de “chantajear” a la UE a cuenta de la crisis de los refugiados sirios y de su proposición para ser miembro de la Unión.

Burak Bekdil.- Turquía se ha ido sumiendo en un inquietante despotismo islámico, pero sus relaciones con la Unión Europea, a la que aspira a unirse, pocas veces han sido mejores. Algunos llaman a esto una mejora transaccional mutua: pragmatismo. Otros, con un lenguaje menos diplomático, lo llaman chantaje turco a expensas de la crisis de los refugiados. Incluso el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, admitió que su última ronda de negociaciones con los dirigentes europeos había sido un regateo excelente “estilo Kayseri”, una ciudad turca famosa por las dotes negociadoras de sus mercaderes.

En realidad, la Turquía moderna nunca había estado a una distancia tan sideral de los valores fundamentales consagrados por la civilización y las instituciones europeas, Unión Europea inclusive.

Cuando el Tribunal Constitucional turco dictaminó que la detención durante 92 días de dos periodistas, Can Dundar y Erdem Gul, constituía una violación de sus derechos fundamentales, el presidente Recep Tayyip Erdogan no ocultó su indignación. Dijo que ni respetaría ni obedecería el dictamen del Tribunal.

Los periodistas fueron acusados de espionaje y terrorismo después de que su periódico laico, Cumhuriyet, publicara una noticia y fotografías sobre los servicios de inteligencia turcos, que habrían enviado camiones cargados de armas a los yihadistas que combaten en Siria. La fiscalía pidió cadena perpetua para ambos destacados periodistas.

A Erdogan no le importa hacer de líder supremo saltándose el control que ejerce el poder judicial. En un discurso pronunciado el 11 de marzo, Erdogan dijo:

El Tribunal Constitucional debería ser una de las instituciones más sensibles hacia a los intereses y derechos del Estado y del pueblo. Pero esta institución y su presidente no han vacilado en dictaminar en contra del país y de su población en uno de los ejemplos más concretos de ataque masivo contra Turquía de los últimos tiempos.

Turquía es ahora un país en el que el presidente electo asegura públicamente que no acatará una sentencia del Tribunal Supremo.

En una de sus decisiones más audaces contra la libertad de expresión, los tribunales turcos, controlados por el Gobierno de Erdogan, pusieron al periódico Zaman, uno de los últimos medios críticos con el presidente, bajo control estatal. Un tribunal llegó a designar administradores para gestionar el diario. La redactora jefe, Sevgi Akarcesme, dijo que todo ello suponía, en la práctica, el fin de la libertad de prensa en Turquía. Así, afirmó: “Los medios siempre han estado bajo presión, pero nunca de forma tan patente”. El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, dijo en una carta dirigida al primer ministro turco Davutoglu que la libertad de prensa está “bajo asedio” en su país.

No es nada sorprendente que Turquía ocupe el puesto 149 (de 180) en el índice de libertad de prensa de 2015 elaborado por Reporteros Sin Fronteras.

Y no es sólo la prensa. La fiscalía hizo arrestar a cuatro destacados empresarios que dirigen un conglomerado milmillonario a causa de su supuesta vinculación con Fetulá Gülen, un clérigo musulmán que antaño fuera incondicional aliado político de Erdogan. Los seguidores de Gülen rompieron con el presidente turco después de que ambos grupos se enzarzaran en una lucha de poder a finales de 2013.

El periódico Zaman también era un medio gülenista crítico con las prácticas antidemocráticas de Erdogan. Tras ser intervenido por la autoridad judicial, el periódico presenta ahora un claro sesgo progubernamental. Una de sus portadas posteriores a la intervención exhibía la fotografía de un sonriente Erdogan.

Con ese sombrío panorama de fondo, los lazos entre la UE y Turquía, lejos de congelarse, están floreciendo. Dos ministros del Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel han manifestado su apoyo a la entrada de Turquía en la Unión, alabando su potencial “utilidad” para los esfuerzos europeos frente a la urgente crisis de los refugiados. El ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD) declaró a la revista Spiegel en un artículo publicado el 11 de marzo: “Estoy a favor de que se abra al fin el capítulo de la justicia y los derechos humanos”. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyden, afirmó: “Ahora hay que agilizar las negociaciones para la entrada de Turquía en la UE”.

Semejantes alabanzas llegan en un momento en el que Turquía y la Unión Europea están negociando un acuerdo de readmisión conforme al cual los turcos admitirán a algunos de los inmigrantes ilegales sirios que llegan a las costas griegas (y de allí viajan a Europa Central) a cambio de la no exigencia de visados de viaje para 79 millones de turcos y de que se acelere el proceso de admisión de Turquía, que ya dura varias décadas. Tras la última ronda de conversaciones con la UE, Davutoglu se jactó ante los reporteros del “regateo al estilo de Kayseri”, sin ocultar su satisfacción por haber engañado a los europeos merced a la famosa astucia y sagacidad comercial de los habitantes de esa ciudad turca.

De manera muy realista, Nigel Farage, destacado miembro de la oposición británica, acusó a Turquía de “chantajear” a la Unión Europea a costa de la crisis de los refugiados turcos y de su pretendida entrada en la Unión. El líder del Ukip dijo al Parlamento Europeo que era “indignante” que a Turquía se le ofrecieran concesiones para unirse a la UE a cambio de un trato para que acepte a más refugiados e inmigrantes.

Nada de lo que ha sucedido en Turquía resulta sorprendente. Por votación popular, el país se ha sumido en una tiranía islamista. Pero sólo en una grotesca ironía los líderes europeos podrían rendirse.