Una madre besa a su bebé.

La Junta de Andalucía mantiene prácticamente en suspenso las ayudas económicas a las familias por nacimiento de un tercer hijo y por partos múltiples. Esta prestación que ofrece la Administración andaluza desde 2002 ha caído en un desamparo absoluto, con solicitudes que ni siquiera se revisan e impagos desde 2013. La respuesta de la Junta es la misma que ante otras prestaciones sociales en retroceso: las limitaciones presupuestarias y la prioridad del cumplimiento del objetivo de déficit. Mientras tanto, las familias reivindican el derecho ante los dirigentes de la Junta y confían en una solución.

A mediados de enero, la federación de familias numerosas de Andalucía se reunió con Ana Conde, directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales desde el pasado julio. Conde les informó de que para este año la Administración andaluza cuenta con 1,5 millones para hacer frente al pago de las ayudas, reguladas por el decreto de apoyo a las familias andaluzas y a órdenes posteriores. La Junta admite los retrasos no sólo en el pago, sino en la contestación a las familias, que tienen hasta un año desde el nacimiento del tercer hijo o del parto múltiple para solicitar la ayuda. No obstante, la Junta afirma que las familias conservan el derecho a las prestaciones y las obtendrán cuando haya presupuesto.

Está en debate si debe haber un orden de prelación, es decir, que se atienda en primer lugar a las solicitudes más antiguas.

La respuesta de la Consejería de Igualdad a esta redacción es que el compromiso pasa por otorgar los beneficios a las familias con menores ingresos y en riesgo de exclusión social, no sólo las relacionadas con nacimientos de hijos, sino todas las de infancia. No aporta datos sobre el número de ayudas concedidas.

La federación considera que la mayoría de las familias que recurren a esta ayuda se encuentran en especiales dificultades. En la propia web de familias numerosas informan de que “son ayudas a la exclusión social, por lo que hay límites de renta”, y apostillan que “no se pagan desde 2013”. La conclusión evidente a la que llegan las familias es que, hoy por hoy, quien solicite esta ayuda, no la obtendrá. El número de títulos de familias numerosas expedidos por la Junta son unos 6.000 al año.

La ayuda que otorga la Junta es muy modesta. Las familias andaluzas tienen derecho a una cuantía base de 600 euros al año por cada uno de los hijos menores de tres años en el momento de un tercer nacimiento. Pero esta cantidad es modulable, de 720 a 300 euros, según los ingresos de la unidad familiar. Por ejemplo, los 600 euros se elevan a 720 euros por niño en el caso de que la renta del hogar sea igual o inferior al Iprem vigente (6.390,13 euros al año o 532,51 euros al mes en doce pagas). Y se reduce a la mitad, 300 euros, de cuatro a seis veces al Iprem. No tienen derecho las familias con ingresos superiores a 3.195 euros mensuales.

Asimismo, por parto múltiple son 1.200 euros al año en el caso de dos hijos; 2.400 en el parto de tres hijos; 3.600 en el caso de cuatro y 4.800 en el caso de cinco o más.

Estas ayudas se mantienen durante los tres años posteriores al nacimiento o a la constitución de una adopción o acogimiento familiar o preadoptivo siempre que se mantengan las condiciones que permitieron su concesión, con revisiones en el segundo y tercer pago.

Las quejas sobre las demoras se han trasladado en los últimos meses al Defensor del Pueblo andaluz, institución dirigida por Jesús Maeztu. Son seis quejas y sólo afectan a la provincia de Sevilla, aunque la parálisis se extiende al resto de provincias. La institución requirió una explicación a la delegación territorial de Igualdad ante las quejas de padres que presentaron su solicitud de ayuda económica en forma y tiempo sin que hayan obtenido respuesta y están por tanto sin percibir la ayuda comprometida por la Administración. La Junta informó al Defensor de que la demora se debía a la “insuficiencia del crédito para atender todas las solicitudes existentes”.

Pero el problema radica en que la Junta ni siquiera emite una resolución favorable a la solicitud. Los expedientes se guardan en un cajón. La propia delegación territorial manifiesta que “se puede entender una tardanza en el cobro, pero no en la emisión de la resolución favorable”. No obstante, explica que la emisión del certificado de acto administrativo expedido por la entidad pública es una garantía legal para el administrado a fin de que pueda hacer efectivos sus derechos. El Defensor del Pueblo entiende que las familias tienen el derecho subjetivo a recibir las ayudas y que la convocatoria está permanentemente abierta, por lo que no hay motivo para paralizar la tramitación de los expedientes en espera de que en futuros ejercicios presupuestarios pueda haber créditos.

El Defensor cuestiona el procedimiento de la Administración, impelida por los objetivos de estabilidad, de seguir admitiendo solicitudes de ayudas y paralizando después su tramitación a expensas de la existencia futura de crédito. Y reprocha al Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, que no conceda estas ayudas cuando, consciente de su relevancia social, establece que el pago de las mismas gozarán de prelación en el conjunto de las obligaciones de tesorería.

Por ello el Defensor del Pueblo reclama dotación presupuestaria suficiente y que se adopten las medidas necesarias para evitar que en las futuras anualidades se repita esta situación.