A partir de ahora, las mujeres portuguesas que quieran interrumpir su embarazado, tendrán que pagar una tasa para hacerlo, algo que hasta ahora no existía porque se consideraba un acto médico materno-infantil, que están exentos de pago. Otra de las alteraciones más criticadas ha sido el hecho de que las mujeres que quieran someterse a un aborto, previamente tendrán que acudir a una consulta de acompañamiento psicológico durante los días de reflexión.

Además, los médicos objetores de conciencia que se oponen a la práctica de un aborto y que hasta ahora no participaban en las consultas previas, ahora sí podrán hacerlo. Para los movimientos de defensa de los derechos de la mujer, estas alteraciones tienen como objetivo “intentar convencer a las embarazadas que desean interrumpir la gestación de no hacerlo”. Además, temen que el proceso previo a poder abortar ahora será más largo, por lo que algunas podrían correr el riesgo de pasar el plazo permitido por ley.

A pesar de las protestas, los dos partidos que forman el gobierno conservador aprobaron las alteraciones tras la votación del documento presentado con el título Por el derecho a nacer. Los partidos de la izquierda votaron en contra después de un intenso debate que fue interrumpido por un grupo de manifestantes.