Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal

Jueces para la Democracia/Remitido.- En las últimas semanas se han producido determinados sucesos que han vuelto a poner de manifiesto la falta de respeto a la presunción de inocencia en nuestro país. Desde Jueces para la Democracia recordamos algo tan básico como que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, que implica que nadie puede ser considerado culpable de una infracción penal hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. Se trata de un principio esencial en un Estado de Derecho y debe ser respetado en el ámbito judicial y también en cualquier ámbito institucional y en el conjunto de la sociedad.

Ante una denuncia por una supuesta agresión sexual en Málaga, se difundieron con gran amplitud todo tipo de informaciones y opiniones que señalaban como culpables a los imputados, sin que existiera ninguna condena, en términos manifiestamente contrarios al principio de presunción de inocencia. Posteriormente se produjo una acusación por denuncia falsa contra la denunciante inicial. Y ello generó todo tipo de descalificaciones, antes de la sentencia, algunas de ellas procedentes de cargos públicos de cierta relevancia, entre las que se incluía la afirmación de que todas las denuncias de las mujeres son  falsas en estos casos, a pesar de que los datos oficiales desmienten con claridad dicha afirmación tendenciosa. Debemos recordar que, ante generalizaciones contrarias al sentido común, siempre resulta procedente analizar el caso concreto y las pruebas existentes, desde el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y a las garantías que asisten a toda persona.

Recientemente se ha producido la detención de un supuesto pederasta por hechos que se habrían cometido en Ciudad Lineal, lo cual ha generado un verdadero linchamiento institucional y social que vulnera la presunción de inocencia. Cierto es que se trata de unos hechos especialmente graves, que han generado una enorme preocupación en la sociedad y motivado grandes esfuerzos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer los hechos. Sin embargo ello no justifica que desde el Ministerio del Interior se hayan difundido datos e imágenes que contribuyen a crear una idea de culpabilidad de la persona imputada. La exposición de la persona detenida, a través de reportajes policiales, se ha producido en términos que parecen presumir la autoría de los hechos imputados. Y las ansias de este departamento ministerial de rentabilizar dicha detención lo han llevado a una sobreactuación en la que se han traspasado los límites recomendables desde la perspectiva de las garantías procesales. Asimismo, desde numerosos medios de comunicación se ha decretado la responsabilidad criminal del imputado, sin respetar las reglas fundamentales del proceso, desde una perspectiva de configuración de nuestro sistema judicial concebido como espectáculo morboso. Todo ello incluso puede afectar a determinadas diligencias instructoras, como las ruedas de reconocimiento, y no cabe justificarlo amparándose en el derecho legítimo de la ciudadanía a ser informada de todas aquellas actuaciones que puedan afectar a su seguridad y la de sus familias

Desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra preocupación ante estos ataques crecientes al derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones, de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad para que se respeten las garantías y los principios básicos de nuestro Estado de Derecho.