Un sanitario abre la puerta de una ambulancia.

La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña ha alertado este martes de que un total de 873.000 personas han perdido en España el derecho a la asistencia sanitaria en los últimos dos años, después de que en 2012 entrara en vigor el decreto 16/2012, ha informado la entidad en un manifiesto, que recoge cifras del Gobierno. El decreto, llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, vinculó la asistencia sanitaria a la condición administrativa del asegurado, restringió ciertas prestaciones y aumentó la carga directa para las personas.

En el manifiesto ‘Contra la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, el Tercer Sector, que agrupa a 4.000 entidades sociales catalanas, exige la derogación de esta norma y pide la elaboración de una nueva ley de Sanidad que tenga un “amplio consenso” y garantice el acceso de todas las personas a la sanidad. Advierte de que la población afectada es especialmente vulnerable y debería gozar de medidas de protección sociosanitarias, además de que es un colectivo que ha contribuido a su financiación mediante los impuestos.

También avisa de que la diferente aplicación del decreto en las comunidades autónomas y la disparidad de criterios por parte de los centros sanitarios “ha deteriorado aún más la cohesión territorial del Sistema Nacional de Salud”, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. Ha detectado que en los supuestos en los que el decreto reconoce el derecho a la atención -embarazadas, menores y atención de urgencias- se han originado numerosos casos de desatención sin tomarse ninguna iniciativa para resolver los incumplimientos.

Además, han apuntado que al desplazar la atención a las urgencias se genera un retraso diagnóstico y el agravamiento de las patologías, lo que “supone un aumento del gasto sanitario para su atención”, y han recordado que medidas de exclusión similares en otros países han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que cuesta una atención inclusiva.

Compromisos de pago

El manifiesto también recoge reclamos como la exigencia de compromisos de pago; mantener los programas de prevención vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles en sectores de población para evitar brotes epidémicos, y alerta de las desigualdades económicas y de género que genera.

Han recordado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos de organismos como la ONU y el Consejo de Europa, que han instado al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, y le han pedido que evalúe el impacto del decreto en términos de derechos humanos.

También recoge dos autos del Tribunal Constitucional (TC) que apela a la importancia singular en el marco constitucional del derecho a la salud, a la integridad física y a la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, lo que “no puede ser desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.